DIF NACIONAL deberá hacer pública información sobre adopciones nacionales e internacionales

August 27, 2014

 

 

Ciudad de México 27 de agosto 2014.

 

Dependencia: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) @DIFNACIONAL_DIF

Folios de las solicitudes: 1236000014214

Número de expediente: RDA 2328/14

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

 

El caso

El particular solicitó, entre otros datos, el número de adopciones nacionales e internacionales tramitadas y concedidas, desglosando por estado de origen y destino, país de origen y destino (si es el caso), sexo y edad para el periodo 2013-2014.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF nacional) a través de la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional contestó que esa información no existe y que está en proceso de sistematización, por lo que el particular interpuso un recurso de revisión. En alegatos, el sujeto obligado puso a su disposición vía correo electrónico información sobre su solicitud, pero ésta era incompleta (sólo de algunos estados) por lo que le ofreció la posibilidad de realizar una consulta in situ de la información no entregada.

Además, en el expediente que obra en esta ponencia, hay evidencia de que en otra solicitud hecha por el mismo particular a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre adopciones internacionales (folio 0000500072714), se le proporcionó la información solicitada para el período y con el desglose requerido, por lo que se deduce que el DIF nacional, al ser responsable de aprobar cualquier adopción internacional debería contar con dicha información.

 

Antecedentes

  • Según el CENSO 2010 de INEGI, poco más de 28 mil niños y adolescentes mexicanos viven en albergues, casas hogar u orfanatos públicos o privados.[1] La mayor parte de ellos son susceptibles de ser adoptados, según los términos de los artículos 25, 26 y 27 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero no se conoce con exactitud su número, situación geográfica y legal.

  • En México, no existe un sistema de información estadística sobre la atención de la infancia y la adolescencia, situación que en 2006 fue señalada por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU[2] y en 2013 por la Red por los Derechos de la Infancia en México.[3]

  • La situación anteriormente descrita puede ocasionar que las autoridades no tengan control sobre el número de infantes en condición de ser adoptados y, por lo tanto, pone en riesgo su integridad física; ustedes recordarán el caso de tráfico de menores de Casitas del Sur de donde fueron sustraídos menores de edad y localizados (algunos) años después y, más recientemente, el de la Gran Familia.

  • En consecuencia, la Comisión de Derechos de la Niñez del Congreso de la Unión acordó en julio de 2014, solicitar a las autoridades competentes un diagnóstico sobre la situación de los albergues en el país, para conocer el número de albergues existentes, identidad de los menores y situación legal de los niños que atienden.[4]

Relevancia del caso

El recurso que expongo en esta sesión es relevante en función de una de las cuatro perspectivas fijadas por este Pleno para la discusión en público de los asuntos:

iii) Expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y fortalecer la transparencia.

Posicionamiento

Dos aspectos se derivan del análisis realizado en esta ponencia:

PRIMERO. Se determinó que el procedimiento de búsqueda realizado por el sujeto obligado no fue exhaustivo, ya que no consultó a todas las unidades competentes de conformidad con el artículo 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el artículo 70, fracciones I y II de su Reglamento.

SEGUNDO. Nuestro país suscribió y ratificó las Convenciones sobre los Derechos del Niño en 1990 y sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional en 1993, por lo que la generación de información sobre la gestión y los resultados de las políticas y programas en la materia, es fundamental para dar cumplimiento a los compromisos ahí establecidos.[5]

Asimismo, los ciudadanos tienen derecho a conocer la información que las autoridades competentes están obligadas a generar sobre la situación de protección a la niñez y la adolescencia, así como a  interpretarla, utilizarla, hacer propuestas de mejora y exigir una rendición de cuentas pública.

 

Propuesta

Por lo anteriormente expuesto, se propone MODIFICAR la respuesta emitida por el DIF nacional e instruirle para:

1. Realizar una nueva búsqueda en todas las unidades administrativas competentes sobre:

a) El número de adopciones internacionales y nacionales tramitadas de enero de 2013 a abril de 2014. Desglosado por estado de la República Mexicana y país, sexo y edad de los menores.

b) Número de adopciones internacionales y nacionales concedidas de enero 2013 a abril 2014. Desglosado por sexo del menor adoptado, país o estado de origen, país o estado receptor, por estado de la República Mexicana y país donde se hizo y se concedió el trámite

2. Entregar a la peticionaria la información correspondiente e informe a este instituto cuando entregue la información al ciudadano.

 

ANEXO. DESGLOSE DE ARTÍCULOS MENCIONADOS

Artículo 43 de la LFTAIP

La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso.

Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas.

Artículo 70 del Reglamento de la LFTAIP

Los Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los plazos y procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso, el cual deberá desahogarse en el plazo máximo de veinte días hábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 44 de la Ley, incluida la notificación al particular a través de la Unidad de Enlace. En caso de no hacerlo, dicho procedimiento se ajustará a lo siguiente:

I) Recibida la solicitud, la Unidad de Enlace deberá turnarla a la o las unidades administrativas que puedan tener la información dentro de los dos días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud;

II) En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidad administrativa deberá notificarlo a la Unidad de Enlace dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud por parte de dicha Unidad, precisando, en su caso, los costos de reproducción y envío de acuerdo con las diversas modalidades que contemplan los artículos 51 y 54 de este Reglamento, o bien la fuente, lugar y forma en que se puede consultar, reproducir o adquirir, así como sus costos, si se tratara del supuesto a que se refieren los artículos 42, tercer párrafo de la Ley, 50 y 52 del Reglamento;

Artículo 25 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Cuando una niña, un niño, un o una adolescente se vean privados de su familia, tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentre bajo la tutela de éste, se les brinden los cuidados especiales que requieran por su situación de desamparo familiar.

Las normas establecerán las disposiciones necesarias para que se logre que quienes lo requieran, ejerzan plenamente el derecho a que se refiere este capítulo, mediante: A. La adopción, preferentemente la adopción plena. B. La participación de familias sustitutas y C. A falta de las anteriores, se recurrirá a las Instituciones de asistencia pública o privada o se crearán centros asistenciales para este fin.

Artículo 26 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, velarán porque en las adopciones se respeten las normas que las rijan, las cuales serán diseñadas a fin de que niñas, niños, y adolescentes sean adoptados en pleno respeto de sus derechos y contendrán disposiciones tendientes a que: A. Se escuche y tome en cuenta en los términos de la ley aplicable su opinión. B. Se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan en la adopción, como a quienes la acepten, a fin de que conozcan las consecuencias del hecho. C. La adopción no dé lugar a beneficios económicos indebidos para quienes participen en ella.

Artículo 27 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Tratándose de adopción internacional, las normas internas deben disponer lo necesario para asegurar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados por nacionales de países en donde existan reglas jurídicas de adopción y de tutela de sus derechos cuando menos equivalentes a las mexicanas.

Observación General Número 5 del Comité de los Derechos de los Niños

Artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño

1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:

Observación General Número 5 del Comité de Derechos del Niño

“48. La reunión de datos suficientes y fiables sobre los niños, desglosados para poder determinar si hay discriminaciones o disparidades en la realización de sus derechos, es parte esencial de la aplicación. El Comité recuerda a los Estados Partes que es necesario que la reunión de datos abarque toda la infancia, hasta los 18 años. También es necesario que la recopilación de datos se coordine en todo el territorio a fin de que los indicadores sean aplicables a nivel nacional. Los Estados deben colaborar con los institutos de investigación pertinentes y fijarse como objetivo el establecimiento de un panorama completo de los progresos alcanzados en la aplicación, con estudios cualitativos y cuantitativos. Las directrices en materia de presentación de informes aplicables a los informes periódicos exigen que se recojan datos estadísticos desglosados detallados y otra información que abarque todas las esferas de la Convención. Es fundamental no sólo establecer sistemas eficaces de reunión de datos, sino también hacer que los datos recopilados se evalúen y utilicen para valorar los progresos realizados en la aplicación, para determinar los problemas existentes y para informar sobre toda la evolución de las políticas relativas a la infancia. La evaluación requiere la elaboración de indicadores sobre todos los derechos garantizados por la Convención.”

Artículo 9 de la Convención para la Protección de Menores

Las Autoridades centrales tomarán, ya sea directamente o con la cooperación de Autoridades pública o de otros organismos debidamente acreditados en su Estado, todas las medidas apropiadas, en especial para:

a) Reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del niño y de los futuros padres adoptivos en la medida necesaria para realizar la adopción;

b) Facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopción;

c) Promover, en sus respectivos Estados, el desarrollo de servicios de asesoramiento en materia de adopción y para el seguimiento de las adopciones;

d) Intercambiar informes generales de evaluación sobre las experiencias en materia de adopción internacional;

e) Responder, en la medida en que lo permita la ley de su Estado, a las solicitudes de información motivadas respecto a una situación particular de adopción formuladas por otras Autoridades centrales o por Autoridades públicas.

 

[1] http://www.derechosinfancia.org.mx/ICM_2013.pdf

[2] Se citan fragmento de este Informe: “[la información disponible] no permite analizar de una forma amplia y sistemática la situación de los derechos de los niños en el Estado parte”; “no se desglosa sistemáticamente por estado y municipio, por lo que es difícil concebir y abordar las disparidades regionales”; “[faltan datos] sobre el número y la situación geográfica de los niños que no asisten a la escuela, los niños de 6 a 14 años que trabajan, los casos de violencia y abuso de niños, los niños víctimas de explotación comercial y sexual, los niños víctimas de trata, los niños privados de libertad, los niños migrantes e indígenas y los niños que no fueron inscritos después de nacer.” Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del niño respecto al III Informe del Estado Mexicano. 42º período de sesiones. 8 de junio de 2006. CRC/C/MEX/CO/3

[3] http://www.derechosinfancia.org.mx/ICM_2013.pdf

[4]http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Julio/28/3898-Acuerda-Comision-de-la-Ninez-solicitar-informe-sobre-albergues-de-menores-en-el-pais

[5] En el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 44 y la Observación General Número 5 del Comité de los Derechos del Niño prevén la generación de esta información. En el caso de la Convención para la Protección de Menores es el artículo 9.

 

 

-Aquí el posicionamiento completo de esta ponencia en vídeo:

 

-Escucha aquí el audio completo de la sesión sobre el caso RDA 2328/14

-Aquí puedes consultar la versión estenográfica completa de la sesión (mi intervención comienza en la página 19).

-Aquí acta

 

-Notas relacionadas con el tema:

 

Instruyen al DIF otorgar información detallada sobre adopciones

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=436827&idFC=2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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