SEGOB deberá hacer pública información sobre propuesta de resolución al conflicto con el SME

September 3, 2014

 

CIudad de México 03 de septiembre 2014

Dependencia: Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Folio de la solicitud: 0000400076814

Número de expediente: 2097/14

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

 

El caso

El particular solicitó los anexos al Memorándum de Entendimiento mencionado, así como cualquier otro documento existente relacionado con las negociaciones entre la SEGOB y el SME.

En respuesta, el sujeto obligado informó que existen dos documentos que satisfacen la petición del recurrente, a saber:

  • El “Acuerdo Marco que establece las bases del mecanismo financiero de pensión vitalicia, para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas”.

  • El “Anexo” del mencionado Acuerdo Marco, que contiene listado de los ciudadanos ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro elegibles para recibir el mecanismo financiero de pensión vitalicia.

Sin embargo, la SEGOB señaló que estos documentos debían ser clasificados por seis años, por tres motivos:

Primero. Que su publicación pondría en riesgo la seguridad interna del país dadas acciones beligerantes de algunos grupos del SME, por ejemplo, movilizaciones y plantones (previstas en los artículos 130, 131 y 132 del Código Penal Federal) que dañarían infraestructura, obstruirían la movilidad de personas y equipos de emergencia y causarían pérdidas de horas-hombre y monetarias a empresarios y comercios, en términos del artículo 13, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Segundo. Que obstruiría un proceso deliberativo entre servidores públicos, es decir, las negociaciones entre SEGOB y el SME, según el artículo 14, fracción VI de la mencionada Ley.

Tercero. Que el Anexo que contiene el listado de trabajadores podría contener datos personales, de acuerdo con los artículos 3, fracción II y 18, fracción II de la misma Ley.

Dichos argumentos fueron impugnados por el particular mediante el recurso de revisión expuesto, ante lo cual el sujeto obligado solicitó una audiencia con este Instituto para exhibir los documentos y valorar su clasificación.

 

Antecedentes 

Como antecedente, me gustaría señalar que en el año 2013 un ciudadano solicitó a la Secretaría de Gobernación información relativa a la propuesta de resolución al conflicto con el Sindicado Mexicano de Electricistas (SME) derivado de la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro. El sujeto obligado contestó que dicha información era inexistente, por lo que el ciudadano se inconformó e interpuso un recurso de revisión (RDA 4042/13) ante el IFAI, quien  revocó esta respuesta y le instruyó al sujeto obligado hacer pública la información solicitada.

La SEGOB hizo público el Memorándum de Entendimiento entre la SEGOB y el SME, en el que ambas partes se comprometieron a realizar las acciones necesarias para la aprobación e instrumentación de un esquema de pago de pensiones vitalicias a los trabajadores que resultaran elegibles para el efecto.

 

Relevancia del caso

Hoy ponemos a consideración del Pleno este caso que destacamos como relevante en función de la tercera perspectiva que nos fijamos para discutir en público los asuntos jurisdiccionales:

iii) Expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y fortalecer la transparencia.

Posicionamiento

Tras revisar la información, en esta ponencia consideramos que los argumentos de clasificación utilizados por el sujeto obligado son improcedentes por las siguientes razones:

PRIMERA. Los argumentos presentados no fueron claros y contundentes sobre cómo el contenido de los anexos una vez publicados, podría desatar escenarios de violencia y/o protesta social. 

SEGUNDA. El contenido de los anexos no obstruye ningún proceso deliberativo. Se refiere a acuerdos, dictados y decisiones definitivas con consecuencias específicas ya tomados. Además, se trata de un proceso de tracto sucesivo (que se mantiene vigente) y esta naturaleza jurídica, no está prevista por la Ley Federal de Transparencia.

TERCERA. Es improcedente la confidencialidad de los nombres y montos del anexo del Acuerdo marco. Los trabajadores nombrados en el Acuerdo Marco se adhirieron y consintieron voluntariamente los términos del mecanismo financiero; por tanto, en cumplimiento al artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia, la SEGOB deberá “hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos”.

Por otro lado, además de la inadecuada clasificación quisiera recordar que la Secretaría de Gobernación tiene el siguiente mandato establecido en su Reglamento Interior:

  • El artículo 13, fracción III señala que una de las actividades fundamentales de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales es la de: “Intervenir en el ámbito de competencia de la Secretaría, en la solución de problemáticas planteadas por ciudadanos y organizaciones e instituciones políticas, sociales y civiles, así como propiciar que las actividades de dichas organizaciones e instituciones se desarrollen en el marco de las disposiciones legales y de gobernabilidad democrática”.

La negociación con el Sindicato Mexicano de Electricistas, fue un acto de autoridad realizado por la SEGOB en el uso de sus atribuciones y facultades, los documentos erróneamente clasificados dan cuenta de parte de la estrategia utilizada por la autoridad para resolver los conflictos laborales generados por la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro.

Clasificar como reservada o confidencial dicha información, supone que nuestras instituciones públicas aún no han asimilado el hecho de que un verdadero sistema de rendición de cuentas se construye a partir de la información pública que generan con el objetivo de que los ciudadanos puedan evaluar la actuación de sus autoridades y los efectos y consecuencias de las decisiones que toman.

En su lógica más elemental, la rendición de cuentas supone que existen dos componentes básicos que son: la responsabilidad de las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y la posible sanción correspondiente en caso de incumplimiento.

Finalizo mi intervención reiterando la importancia que tiene la rendición de cuentas en un Estado democrático. Por un lado, si bien permite mejorar el desempeño de las instituciones públicas al estar más expuestas al escrutinio público; por otro, el marco de actuación de dichas instituciones se orienta cada vez más al respeto del estado de derecho, lo que propicia certidumbre sobre los actos de autoridad y paulatinamente genera confianza del ciudadano hacia sus autoridades.

 

Propuesta

Por lo anterior, se propone REVOCAR la respuesta proporcionada por la Secretaría de Gobernación e instruirle que entregue versión íntegra del Acuerdo Marco y de su Anexo, una vez que se ha analizado la improcedencia de la clasificación de dicha información de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 

ANEXO. ARTÍCULOS MENCIONADOS EN EL RECURSO

(según el orden en que se mencionan)

Artículo 130 del Código Penal Federal. Se aplicará la pena de seis meses a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos, a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132.

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les aplicará la pena de cinco a quince años de prisión y multa hasta de veinte mil pesos.

Artículo 131 del Código Penal Federal. Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación.

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de dos a diez años de prisión y multa hasta de quince mil pesos

Artículo 132 del Código Penal Federal. Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas traten de:

I. Abolir o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación, o su libre ejercicio; y

III. Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la Federación mencionados en el artículo 2o. de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados.

Artículo 13, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:

I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;

Artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. También se considerará como información reservada:

I.La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial;

Artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

II. Datos personales:Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable;

Artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como información confidencial se considerará:

II.Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley.

Artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

Artículo 13, fracción III del Reglamento Interior de la SEGOB. La Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales tendrá las siguientes atribuciones:

III. Intervenir en el ámbito de competencia de la Secretaría, en la solución de problemáticas que se le planteen por parte de los ciudadanos y de las organizaciones e instituciones políticas, sociales y civiles, así como propiciar que las actividades de dichas organizaciones e instituciones se desarrollen en el marco de las disposiciones legales y de gobernabilidad democrática.

 

Aquí el posicionamiento completo de esta ponencia en vídeo: 

 -Escucha aquí el audio completo de la sesión sobre el caso RDA 2097/14

-Aquí puedes consultar la versión estenográfica completa de la sesión (mi intervención comienza en la página 14).

-Aquí acta

 

 

Notas relacionadas con el tema:

 

-Ahora sí: Segob deberá informar sobre acuerdos con el SME

http://www.animalpolitico.com/2014/09/ahora-si-pgr-debera-informar-acuerdos-con-el-sme/#axzz3CE45dScS

-Instruye IFAI a Segob para publicar negociaciones con SME 

http://wradio.com.mx/radio/2014/09/03/nacional/1409794260_398083.html

 

 

 

 

 

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