México preside la Alianza para el #GobiernoAbierto @opengovpart

September 25, 2014

La plena autonomía del IFAI debe dar certidumbre a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre el cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos en la Alianza para el Gobierno Abierto y en la promesa de la Alianza para el Parlamento Abierto.

 

Desde la nueva integración del Pleno del IFAI, los comisionados han discutido en sesión pública de Pleno más de 60 recursos de revisión relacionados directa o indirectamente con al menos uno de los compromisos de México ante la AGA. El pasado 22 de septiembre se presentaron y discutieron dos nuevos recursos durante la Sesión Ordinaria del Pleno del #NuevoIFAI (ver acta).

 

El primero de ellos (RDA 2874/14) contra la Secretaría de Economía y el segundo de ellos (RDA 3350/14) fue interpuesto contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

 

Como parte de los compromisos asumidos por México en el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 en el año 2011, se estableció la necesidad de incorporar al país a las iniciativas COST y EITI que tienen que ver con mejorar la transparencia en los sectores de la construcción y de las industrias extractivas, respectivamente, y estos compromisos hasta la fecha no han sido cumplidos.

 

“Un gobierno abierto, entendido como un modelo de gestión que propicia la apertura institucional en beneficio de la sociedad, debe ser capaz de mejorar y transformar la relación entre gobernantes y gobernados, de propiciar un diálogo permanente entre sociedad y gobierno para mejorar la toma de las decisiones públicas que nos afectan a todos y, por tanto, de generar sinergias y lógicas colaborativas que nos permitan atender con oportunidad los principales asuntos públicos”

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamiento sobre recursos de revisión relacionados con compromisos de México en la Alianza para el #GobiernoAbierto

 

Dependencias: Secretaría de Economía y Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Folios de las solicitudes: 0001000077614 y 0000900150814

Número de expedientes: 2874/14 y 3350/14

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

 

Los casos:

Esta semana en la que México asume la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto se presentan los siguientes casos: 

1. El particular solicitó a la Secretaría de Economía datos sobre extracción ilegal o irregular de minerales en territorio mexicano, a saber: las minas en que se ha detectado este delito, sus empresas concesionarias, tipo, cantidad y valor del mineral asegurado, organización criminal y número de detenidos y tipo de sanciones tomadas, incluyendo posibles clausuras. 

La Secretaría de Economía negó la existencia de esta información arguyendo que no tiene atribuciones para llevar a cabo clausuras de concesiones mineras, ni para conocer de denuncias de hechos, y orientó al particular para consultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (competente para conocer de clausuras por cuestiones de índole laboral) y a la Procuraduría General de la República (responsable de conocer denuncias en torno al delito de extracción ilegal de minerales), respectivamente.

2. El particular requirió una relación de contratos suscritos por esta dependencia entre enero de 2005 y mayo de 2014, con valor de 100 millones de pesos o más, destinados a construcción de infraestructura, ya sea en modalidad de obra pública, concesión o asociación público-privada.

La SCT entregó un oficio, sin identificación ni firma del servidor público que lo emitió, dirigido a la Unidad de Enlace, en el que se informa que la información requerida se encuentra publicada en el portal de COMPRANET.

El ciudadano se inconformó por considerar que esta respuesta es informal, así como por no hallar correspondencia en la información publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la dependencia y en COMPRANET.

 

Antecedentes

Antes de comentar el recurso RDA 2874/14 en contra de la Secretaría de Economía y al estar relacionado con compromisos asumidos por nuestro país en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, quiero recordar que pasado mañana nuestro país asumirá la presidencia de esta iniciativa multilateral de la cual es miembro fundador desde el año 2011.

La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional que busca generar compromisos entre los países miembros para impulsar a nivel nacional la apertura gubernamental haciendo uso efectivo de las tecnologías de la información disponibles.

Para llevar a cabo lo anterior, cada país elabora un Plan de Acciónbienal en el que establece compromisos orientados a lograr mayores niveles de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que permitan mejorar la efectividad de sus instituciones.

Cabe señalar que en México, el Plan de Acción se diseña y las principales decisiones de la Alianza se toman en el seno de un Secretariado Técnico Tripartita conformado por representantes del ejecutivo federal, de las organizaciones de la sociedad civil y del IFAI.

La comunidad internacional tiene los ojos puestos en nuestro país, ya que México asume la presidencia de esta iniciativa en un contexto de cambio. La reforma constitucional en materia de transparencia y la legislación secundaria que habrá de emitirse para crear el Sistema Nacional de Transparencia, aumentan las expectativas sobre el papel que desempeñara nuestro país con este cargo.

México ha aportado a la comunidad internacional prácticas innovadoras de apertura y diálogo constructivo entre gobierno y sociedad, como el Secretariado Técnico Tripartita, el diseño participativo de sus planes de acción, la convocatoria a conferencias internacionales de toma de decisión sobre la Alianza y el Gobierno abierto y, desde el mes de abril de este año, la plena autonomía del organismo garante del derecho de acceso a la información, un caso único en el mundo.

Por tanto, el papel de nuestro país como presidente de la Alianza no es menor. Debemos ejercer un liderazgo efectivo a nivel internacional en materia de gobierno abierto que permita aportar nuevas prácticas, políticas y acciones susceptibles de ser replicados en otros países y emprender la reingeniería institucional que permita disminuir la brecha existente entre gobernantes y gobernados al momento de la toma de decisiones.

Asegurar el cabal cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos asumidos por nuestro país en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, es una responsabilidad ineludible de este órgano garante. Hago eco de los versos del poeta Machado[1]: en términos de autonomía, no hay camino, se construye, se ejerce y se crea al andar.

Es la plena autonomía de este órgano garante la que debe dar certeza y certidumbre a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre el cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos en la AGA y en la promesa de la Alianza para el Parlamento Abierto, la cual formalizamos hoy mediante una declaratoria.

Desde la conformación del Nuevo IFAI, los Comisionados hemos discutido en pleno cerca de 100 recursos de revisión. En esta ponencia hemos identificado al menos 60 que se relacionan directa o indirectamente con uno de los 26 compromisos de nuestro país ante la AGA. De estos 60 recursos, en 32 ocasiones hemos revocado las respuestas de los sujetos obligados.

Dichos recursos se relacionan con los siguientes compromisos: 7.- Compras abiertas; 8.- Compras inteligentes; 9.- Gasto abierto y 14.- Política nacional de datos abiertos. De igual manera identificamos recurrencia de recursos de revisión relacionados con el compromiso 18.- Datos para un México en Paz.

Para situarnos en el contexto, recuerdo algunos de estos casos. A la Secretaría de Economía (RDA 1095/14) se le instruyó liberar la información sobre las coordenadas geográficas de concesiones mineras y asignaciones mineras del país en formatos digitales libres; a Pemex Exploración y Producción (RDA, 1354/14, RDA 1391/14, RDA 2207/14 y RDA 2345/14) se le instruyó liberar información sobre contratos concedidos a las empresas Oceanografía, Seadrill y sus subsidiarias y también está el caso de la falta de información sobre la hidroeléctrica Tres Cruces cuyos recursos de revisión fueron interpuestos en contra de SEMARNAT (RDA 1609/14) y de la CDI (RDA 2156/14).

 

Relevancia de los casos

En esta ponencia consideramos estos recursos relevante porque se relacionan con la tercera perspectiva definida por este pleno para discutir asuntos en público:

Expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y la transparencia

Además, el primero de ellos se relaciona con el compromiso 23 del Plan de Acción de México de la Alianza para el gobierno Abierto que busca transparentar y mejorar la rendición de cuentas en la industria minera. 

El segundo se relaciona, con el compromiso 12 de México en la AGA relacionado con la difusión de información de proyectos de infraestructura, así como con los compromisos 7 y 8 sobre compras públicas e inteligentes.

 

Posicionamiento

En el análisis realizado por esta ponencia, se identificó que en el caso de la SE realizó una búsqueda limitada de la información solicitada. No tomó en cuenta que su Dirección de Asuntos Jurídicos sí tiene atribuciones para reclamar acción judicial en casos de extracción ilegal de minerales realizados en terrenos libres, zonas de reservas mineras, áreas donde la concesión haya sido cancelada o su licitación esté desierta.

Es decir, omitió que dadas sus atribuciones, sí podría contar con datos como los solicitados por el particular. Y si bien es cierto que no realiza clausuras de minas, pudo entregar al particular aquella información referente a la cancelación de concesiones mineras atendiendo al principio de máxima publicidad, y en razón que de los conceptos clausura y cancelación podrían parecer similares a los ciudadanos.

  • Quisiera hace notar la importancia económica de la industria minera en nuestro país: según la información del PIB y Cuentas Nacionales del INEGI, el sector minero representó el 8% del PIB nacional en 2013 y 7% al primer semestre de 2014.

  • Es de vital importancia que podamos contar con información sobre extracción ilegal de mineral en territorio mexicano que permita conocer la localización de las minas, concesionarios, cantidad de mineral asegurado y las organizaciones criminales que cometieron los delitos. Esto contribuiría a que la sociedad pudiera exigir que nuestras autoridades instrumenten políticas que permitan preservar y asegurar que los recursos naturales de nuestro país sean utilizados en beneficio social, para lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, tal como lo señala el artículo 27 de nuestra Constitución.

  • Finalmente, es importante señalar que como parte de los compromisos asumidos por México en el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 en el año 2011, se estableció la necesidad de incorporar a nuestro país a las iniciativas COST y EITI que tienen que ver con mejorar la transparencia en los sectores de la construcción y de las industrias extractivas, respectivamente. Estos compromisos hasta la fecha no han sido cumplidos.

Respecto al caso de la SCT, el agravio, según el análisis de esta ponencia, resulta fundado porque: 

  • Al no existir identificación ni firma del servidor público que emitió el oficio que orienta a consultar Compranet, no existen los elementos jurídicos necesarios para considerarlo válido.

  • Además, se identificó que la SCT no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas que podrían tener la información solicitada. Se identificaron 7 unidades que podrían ser competentes.

  • No sólo las cifras del IFAI reflejan la importancia que le da la sociedad a conocer información sobre contrataciones públicas, según el Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, del total de consultas de información realizadas en los Portales de Obligaciones de Transparencia, entre septiembre de 2013 y julio de 2014, las contrataciones fueron el segundo tema más consultado por los ciudadanos (22%), seguido por concesiones, permisos o autorizaciones (13%).

En cuanto a contrataciones públicas para infraestructura y obra, sirvan los siguientes datos para dimensionar la importancia de transparentar el uso de los recursos asignados a este rubro:

  • En 2014, la inversión destinada a infraestructura alcanza 849 mil millones de pesos, 14% más que lo asignado en 2013, según el portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto representa el 5% del PIB nacional. Se trata una de las actividades gubernamentales con mayor impacto en la economía nacional.

  • De acuerdo con la encuesta sobre contrataciones públicas 2010 de la OCDE si se superaran las ineficiencias en los procesos de compra en México, el Gobierno Federal podría ahorrar un punto porcentual del PRODUCTO Interno Bruto Nacional (lo que equivale a 120 mil millones de pesos).

Por este motivo, contar con información oportuna, precisa y comparable en un tema sensible para la sociedad y fundamental para el desarrollo de la economía nacional, es necesario para poder incrementar los niveles de rendición de cuentas en dicho sector y propiciar la mejora en la toma de las decisiones de nuestras autoridades.

Propuesta

Por estos motivos en el primero de los casos se propone MODIFICAR la respuesta de la Secretaría de Economía e instruye al sujeto obligado, a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la información en todas la unidades administrativas que por sus atribuciones podrían contar con la información solicitada, como es la Dirección General de Regulación Minera y la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de que localice la información correspondiente a:

  1. Las minas del país en que se ha detectado la extracción ilegal o irregular de minerales en los supuestos de su competencia, referidos en el segundo párrafo del artículo 57 Bis.

  2. La cancelación de concesiones mineras y, entregar dicha información señalando: la concesión cancelada, entidad y municipio donde se encuentra, mineral que extrae, motivo de la cancelación, y otras sanciones que acompañaran a la cancelación; lo anterior, dentro del periodo 2007 al 02 de junio de 2014.

Asimismo, la Secretaría de Economía deberá informar al particular, el resultado de la búsqueda realizada, atendiendo lo dispuesto por los artículos 42, 43, 44 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento; remitiendo a este Instituto, constancia de la notificación respectiva al recurrente

En el segundo caso, la propuesta es REVOCAR la respuesta del sujeto obligado y se le instruye a llevar a cabo una nueva búsqueda de la información en todas las unidades administrativas competentes e informar sobre el resultado de dicha búsqueda, de conformidad con el procedimiento descrito en los artículos 42, 43, 44 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y 70 de su reglamento.

En la respuesta que se expida deberá obrar la identificación, nombre y firma del servidor público que emite dicho acto administrativo. Asimismo, se exhorta al sujeto obligado para que en futuras ocasiones las actuaciones que remita a los particulares y a este Instituto, estén debidamente firmadas por el servidor público que en el ámbito de sus atribuciones las emite.

 

Conclusión 

Quisiera finalizar señalando que un gobierno abierto, entendido como un modelo de gestión que propicia la apertura institucional en beneficio de la sociedad, debe ser capaz de mejorar y transformar la relación entre gobernantes y gobernados, de propiciar un diálogo permanente entre sociedad y gobierno para mejorar la toma de las decisiones públicas que nos afectan a todos y, por tanto, de generar sinergias y lógicas colaborativas que nos permitan atender con oportunidad los principales asuntos públicos.

México enfrenta hoy dos retos trascendentales en materia de transparencia y apertura gubernamental que son ineludibles y marcarán la pauta de los avances que determinarán la relación de las autoridades con sus ciudadanos en los próximos años:  por un lado, la presidencia mexicana de la Alianza para el Gobierno Abierto y, por otro, la consolidación de un Sistema Nacional de Transparencia que permita hacer realidad el concepto de gobierno abierto en México y que cada vez más instituciones públicas adopten este modelo para transformar las condiciones de vida de las y los mexicanos.

El IFAI jugará un papel fundamental de cara a los compromisos nacionales e internacionales que enfrenta México. Al interior del país debemos garantizar la construcción de una relación inédita entre el conjunto de instituciones que conforman el Estado mexicano y la sociedad, donde el diálogo, la participación y la colaboración, serán determinantes para lograr los objetivos que nos hemos planteado.

 

ANEXO. ARTÍCULOS MENCIONADOS EN LOS POSICIONAMIENTOS

Plan de Accón 2013-2015 de México en la Alianza para el Gobierno Abierto.

Artículo 27 de la Constitución.

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad (…)

Artículo 57 Bis de la Ley Minera

Corresponde al titular de la concesión minera, al causahabiente de éste o al titular de la asignación minera, reclamar ante la autoridad judicial competente la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias concesibles comprendidas dentro del lote minero amparado por la concesión o asignación minera.

Corresponde a la Secretaría reclamar ante las autoridades judiciales competentes la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias concesibles, únicamente cuando se realice en terrenos libres, zonas de reservas mineras, áreas correspondientes a concesiones otorgadas mediante concurso y que posteriormente hayan sido canceladas, y lotes respecto de las cuales se hayan declarado desiertos los concursos respectivos.

Artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 42. Las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas o cualquier otro medio.

El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que se trate, pero se entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante.

En el caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.

Artículo 43. La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso.

Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas.

Artículo 44. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días hábiles, contados desde la presentación de aquélla. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante.

La información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que la unidad de enlace le haya notificado la disponibilidad de aquélla, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.

El Reglamento establecerá la manera y términos para el trámite interno de las solicitudes de acceso a la información.

Artículo 46. Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al Comité de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar, en la dependencia o entidad, el documento solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento solicitado y notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo establecido en el Artículo 44.

 

[1] El poema aparece en el libro Campos de Castilla (1912), en la tercera sección del libro “Proverbios y cantares, con el número XXIX. El poema es:

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

 

 

      

   

 

 

        

              
  

 

 

 

Aquí notas relacionadas con el tem

 

  • https://www.animalpolitico.com/blogueros-vision-legislativa/2014/09/24/alianza-para-el-parlamento-abierto-el-abc-y-los-retos/

  • http://archivo.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2014/bajo-la-lupa-compromisos-del-gobierno-abierto-94921.html

  • http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=442488&idFC=2014

  • https://www.animalpolitico.com/2014/09/gobiernos-abiertos-la-nueva-frontera-de-la-democracia-pena-nieto/

  • http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/vigilara-ifai-cumplimiento-de-compromisos-en-la-alianza-por-el-gobierno-abierto-411.html

  • http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/congreso-firma-acuerdo-de-parlamento-abierto-218812.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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