CFE deberá abrir expediente de las obras del “Gasoducto Morelos”

October 22, 2014

Ciudad de México 22 de octubre 2014. 

 

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Comisión Federal de Electricidad

Folio de la solicitud: 1816400061514

Número de expediente: RDA 2853/14

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

 

El caso

El particular requirió a la CFE copia del proyecto que incluya: coordenadas geográficas, comunidades afectadas, detalles técnicos y de trayectoria del gasoducto, avalúo de bienes afectados y pagos realizados para su indemnización, contrato público o similar para la construcción de servidumbres de paso, última versión de la MIA del proyecto y sus anexos, así como mapa de peligro de la región cercana al Popocatépetl por donde pasará el gasoducto.

El sujeto obligado manifestó que el expediente del proyecto es clasificado dado que su publicación pondría en riesgo: la infraestructura estratégica, la estabilidad de la situación social y política en la zona, las negociaciones con la población y grupos antagónicos cuyas protestas se han tornado cada vez más violentas, así como el cumplimiento de obligaciones con el contratista.

El particular impugnó la respuesta considerando que publicar la información facilitaría el ejercicio de los derechos de las comunidades afectadas y favorecería la participación política y social, sin embargo la CFE ratificó su respuesta argumentando lo siguiente:

  1. Existe información clasificada

  2. Aquélla sobre derechos de vía contratos y pagos es inexistente

  3. La Manifestación de Impacto Ambiental no contiene la trayectoria actualizada

  4. El mapa de peligro de riesgos publicado por el CENAPRED no describe la trayectoria.

Antecedentes

Los siguientes datos contextualizan el caso:

  • El denominado “Proyecto Integral Morelos” consiste en la construcción de dos centrales de generación eléctrica y un gasoducto que atravesará 24 municipios de los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Aunque fue autorizado en 2011 para ejecutarse en 24 meses, este plazo concluyó sin que se haya concretado la obra debido a que aún no se consiguen los derechos de vía necesarios en algunas zonas.

  • La construcción del proyecto ha sido polémica. Los habitantes de algunos municipios se rehúsan a ceder los derechos de vía mencionados, registrándose actos de violencia en contra de trabajadores de CFE. Incluso, los pobladores del municipio de Nealtican, Puebla interpusieron un juicio de amparo cuya resolución ordena la suspensión de la construcción del gasoducto “debido a la cercanía que se tiene con el volcán Popocatépetl, en razón de la constante actividad volcánica”.

  • De acuerdo con el análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto y que obra en los expedientes de esta ponencia, aun cuando atravesaría una zona habitada por más de 750 mil personas, el gasoducto no afectaría áreas naturales protegidas, humedales o corredores biológicos y los impactos ambientales serían mínimos.

  • No obstante lo anterior, un estudio de riesgos realizado en 2011 por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) a petición de la Comisión Reguladora de Energía como requisito para aprobar el transporte de gas en la zona[1], sugirió revisar la trayectoria del gasoducto en las zonas de riesgo cercanas al volcán Popocatépetl para evitar posibles daños o lesiones a la población a consecuencia de posibles fugas de gas. Este estudio también obra en los expedientes de esta ponencia.

Relevancia del caso

El recurso RDA 2853/14 contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es relevante por la segunda perspectiva establecida por el Pleno para su discusión en público que es:

Exponer públicamente casos en función de su importancia y su utilidad con respecto a los derechos de las personas.

 

Posicionamiento

En el análisis de esta ponencia, se advierte que no se aportaron elementos objetivos para acreditar la clasificación por las siguientes razones:

PRIMERA. La información solicitada se refiere a una obra pública. Por lo tanto, su localización, detalles técnicos, trayectoria e impactos ambientales debieron darse a conocer al público.

SEGUNDA. Existe información técnica relacionada con la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-1999 y la Manifestación de Impacto Ambiental, que puede ser entregada al particular para mejorar su entendimiento sobre la obra.

TERCERA. La información solicitada que no obra en los archivos del sujeto obligado, debió ser notificada al particular mediante la debida Acta de inexistencia.

Además, quisiera comentarles que este recurso fue seleccionado por esta ponencia porque se refiere a dos temas sensibles en la vida de las personas de las comunidades que serían afectadas por esta obra: primero, la posible afectación ambiental que traería consigo el proyecto y segundo, el impacto al desarrollo, salud y bienestar de los habitantes de dichas comunidades.

En este sentido vale la pena recordar que el artículo cuarto constitucional establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y el Estado garantizará el respeto a este derecho”.

Por tal motivo, consideramos que contar con información oportuna, pero sobre todo veraz sobre los proyectos de obra pública, en especial sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que generan, es un elemento imprescindible para que la sociedad no sólo evalúe la toma de las decisiones gubernamentales, sino que también sirva para prevenir riesgos potenciales que pongan en peligro a los mexicanos.

Bajo esta lógica, la participación social es una herramienta fundamental para salvaguardar el derecho de los mexicanos a tener un ambiente sano, así como para exigir al Estado mexicano que privilegie, promueva y aplique el principio de máxima publicidad de la información cuando las acciones de gobierno puedan poner en riesgo tanto al medio ambiente, como la seguridad e integridad de los mexicanos.

La falta de apertura en este caso, entendiendo por apertura al espacio de diálogo y colaboración entre autoridades y ciudadanos mediante el cual se logran consensos y se encuentran soluciones compartidas frente a los problemas públicos, ha generado desconfianza y desesperación entre los habitantes de las comunidades, lo que los ha orillado a recurrir a la violencia poniendo en riesgo la integridad de los servidores públicos de la CFE que sólo acatan órdenes.

Finalmente, quisiera compartir con ustedes una práctica de apertura que bien podría aplicarse a este caso y que demuestra que para lograr un espacio de diálogo y colaboración entre autoridades y ciudadanos, en ocasiones sólo hace falta voluntad.

En la India, desde el año de 1994 se desarrollan auditorías sociales que tienen como objetivo lograr un proceso continuo de vigilancia pública para evaluar, implementar y monitorear las políticas de gobierno, así como mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Estas auditorías promueven la organización de foros en los que las comunidades más pobres y marginadas de la India testifican y opinan sobre la implementación de los programas de gobierno. Los habitantes de dichas comunidades tienen una interlocución directa con los servidores públicos encargados de los programas gubernamentales. Ejercicios similares se hacen en nuestro país desde el mismo año llamados contraloría social, pero no se pudo identificar la existencia de estos mecanismos para el “Proyecto Integral Morelos”.

Me parece que este caso demuestra que en México aún hay camino por recorrer en lo que se refiere a sensibilidad para el diálogo por parte de nuestras autoridades. Para el desarrollo de un proyecto de obra tan ambicioso, no sólo debemos tomar en cuenta las manifestaciones de impacto ambiental, las normas oficiales vigentes o la rentabilidad de la obra en un futuro, la composición pluricultural y étnica de nuestro país exige entender la realidad de nuestras comunidades y tomar decisiones de política pública que evalúe todos los beneficios pero también los costos sociales, culturales y medioambientales, es decir, un desarrollo sustentable.

 

Propuesta

En razón de lo expuesto, resulta FUNDADO el agravio hecho valer por el recurrente. Derivado de las manifestaciones vertidas, con fundamento en el artículo 56, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este Instituto determina conducente REVOCAR la respuesta de la CFE  y se le instruye a efecto de que entregue a la particular respecto a cada punto de su solicitud, los cuales se desglosan en el respectivo resumen:

  • La documental que atiende al contenido 1, incisos a), y b), con la información actualizada de las modificaciones realizadas.

  • La documental del inciso d) por cuanto hace a los avalúos, mismo que obra en el expediente del sujeto obligado del Proyecto referido.

  • El Acta de Inexistencia debidamente fundada y motivada, relativo al contenido 1, inciso d) por cuanto hace a todo lo relativo a las servidumbres de paso, inciso e), e inciso f), suscrita por los integrantes del Comité de Información, en la que se anexe el oficio que dé certeza de que la información no obra en sus archivos, a saber, el Acta de Transferencia de Derechos Inmobiliarios.

  • La documental normativa de la cual se desprende el contenido 1, inciso c, a saber, la profundidad en la que debería estar la tubería del gasoducto, en cada uno de los tramos del mismo, de la Manifestación de Impacto Ambiental y de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

  • El Resolutivo Ambiental, siendo el último oficio de modificación el que contiene el resolutivo ambiental número SGPA/DGIRA/DG/1973, de fecha 28 de febrero de 2014, la modificación de la manifestación de impacto ambiental y todos sus anexos, que atiende al contenido 2.

  • La Manifestación de Impacto Ambiental de la Central de ciclo combinado Centro, que es la 264 CCC Centro, que atiende al contenido 3.

  • La documental que atienda al contenido 4, siendo esta en la que se advierta el mapa de peligros por donde pasara el gasoducto, como podría ser la modificación de impacto ambiental, con la trayectoria actualizada.

  • El resolutivo de permiso de transporte de gas natural emitido por la Comisión Reguladora de Energía, se específica que se cumplieron las observaciones emitidas por el CENAPRED, con el número G/292/TRA/2012, emitido por la Comisión Reguladora de Energía, del 27 de julio de 2012, en el que se advierte que el contenido 4, por cuanto hace a ¿cómo se minimizarían los riesgos de la región?

 

ANEXOS. ARTÍCULOS MENCIONADOS

Artículo 4° constitucional. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

 

 

Aquí el posicionamiento completo de esta ponencia en vídeo:

 

-Escucha aquí el audio completo de la sesión sobre el caso RDA 2853/14

-Aquí puedes consultar la versión estenográfica completa de la sesión (mi intervención comienza en la página 52).

-Aquí acta

-Comparto comunicado emitido por el INAI. 

 

Notas relacionadas con el tema:

-IFAI ordena a CFE transparentar proyecto del gasoducto Morelos http://www.proceso.com.mx/385715

-Ordena IFAI a CFE transparentar el gasoducto Morelos

http://www.e-consulta.com/medios-externos/2014-10-25/ordena-ifai-cfe-transparentar-el-gasoducto-morelos

 

 

 

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