Proceso deliberativo Los sujetos obligados clasifican la información solicitada.

En las últimas semanas, el Pleno del IFAI resolvió tres recursos de revisión (RDA 2557/14, RDA 2656/14, RDA 4309/14) en los que el sujeto obligado invocó la clasificación de la información solicitada por estar ésta involucrada en un proceso deliberativo de los servidores públicos. En este sentido es necesario profundizar la discusión sobre la definición y los alcances de este proceso, así como la naturaleza de las partes e información involucradas en los mismos.

Los elementos de discusión centran en tres temas: 1) ¿puede existir continuidad en el tiempo en un proceso de deliberación?, 2) ¿los insumos para tomar decisiones forma parte del proceso deliberativo?, y 3) ¿cómo afecta al proceso deliberativo la competencia legal de quienes participan en él?

Respecto al primero, desde esta ponencia consideramos que no es posible entender un proceso deliberativo como continuo ni constante. Ciertamente, algunos procesos de decisión se componen por diversos procesos deliberativos que pueden estar articulados entre sí, sin embargo, es claro que éstos concluyen con la toma de decisión que a cada uno de ellos corresponde.

Sobre el segundo, la información que sirve como insumo de un proceso deliberativo no es susceptible de ser clasificada porque no guarda una relación directa con este proceso, como sí lo hacen los documentos que contienen las opiniones, recomendaciones y puntos de vista inherentes a dicho proceso deliberativo y que son expresadas por servidores públicos en el marco sus atribuciones.

Esto nos lleva al último aspecto, considerar que los documentos realizados por terceros son parte inherente del proceso deliberativo y que, por ende, deben ser clasificados (total o parcialmente), es tanto como considerar que ellos cuentan con la capacidad legal para deliberar y tomar decisiones en la materia que da origen al proceso; por lo tanto sólo quienes tienen competencia legal sobre una deliberación pueden argüir que forman parte de dicho proceso.

Estos tres aspectos son una provocación para profundizar el dialogo sobre este tema y comprender de una manera más completa la naturaleza y alcances de los procesos de toma de decisiones de los servidores públicos y su ámbito de publicidad. Sólo estudiando a fondo las causas de reserva y sus mecanismos de operación en el proceso administrativo podremos comprender como deben interactuar los principios de máxima publicidad y de responsabilidades con la discrecionalidad necesaria en la gestión cotidiana de las instituciones.

  • Descarga aquí el proyecto de resolución RDA 2656/14 elaborado por la ponencia de la comisionada @XimenaPuente

  • Descarga aquí el proyecto de resolución RDA 4903/14 elaborado por esta ponencia.

Argumentos que sustentan el voto disidente del recurso de revisión (RDA 2656/14) vs @PresidenciaMX presentado por la comisionada @XimenaPuente

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2014.

  1. Este recurso es relevante por la tercera perspectiva establecida por este Pleno para la discusión de los asuntos en público: mejorar los criterios para la resolución y por tanto la satisfacción clara y expedita de dichos derechos. Considero que el proyecto va en contra de la misma

  2. Existe un precedente en el recurso RDA 2557/14 resuelto por este Pleno en la sesión del 08 de octubre de este año. En aquella ocasión se solicitaron los resultados del contrato y/o prestación de servicio por una asesoría contratada por la Presidencia de la República para “evaluación del impacto de la comunicación en la opinión pública en las redes sociales”. El sujeto obligado reservó la información solicitada, pero se revocó su respuesta.

  3. Ahora tenemos en nuestras manos un caso que nos plantea una problemática similar y para el cual se propone una salida distinta, que contradice la resolución anterior y el espíritu de la fracción VI del artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como lo señalado en el Criterio 16/13 de 2013, emitido por el Pleno del IFAI.

  4. Contrario a como se desarrolla el proyecto, en esta ponencia consideramos que este recurso nos da la oportunidad de profundizar nuestra concepción sobre lo que implica y quienes forman parte del proceso deliberativo.

  5. Debemos recordar que la labor de este pleno es garantizar a la población el pleno ejercicio de los derechos que tutelamos y fomentar una efectiva rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas.

  6. En el caso específico, el sujeto obligado indicó que el proceso deliberativo es de carácter permanente durante los 6 años de esta administración. Sin embargo, las facultades con las que cuenta Presidencia de la República para determinar la política de comunicación, que implementa la Coordinación de Comunicación Social, no implican que un solo proceso deliberativo se realice en todo momento y de manera ininterrumpida durante los 6 años. De las facultades otorgadas por la ley se puede inferir que se llevan a cabo diversos procesos deliberativos que terminan en distintos momentos.

  7. Por otra parte, los documentos solicitados pueden constituir elementos a tomar en cuenta por el sujeto obligado para la toma de decisiones en materia de comunicación social, dicha información no contiene las opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos de la Presidencia de la República encargados de tomar la decisión. Además, la difusión de dicha información no revela en forma alguna el sentido que la Presidencia de la República otorgará a su política de comunicación social. Por tratarse de recomendaciones, el sujeto obligado puede o no tomarlas para la definición de su política de comunicación. Esto es, la información resulta únicamente un insumo para orientar las estrategias y políticas de comunicación que se definieron durante el proceso de deliberación y concluyeron en la toma de una decisión que motivo una acción particular: un tuit, un mensaje, un comunicado de prensa u otros.

  8. Pretender que los resultados del trabajo de una empresa privada son parte inherente a un proceso deliberativo de una autoridad implicaría, primero, que la autoridad competente no realizara un trabajo de valoración de éstos y que solo los agregara directamente a la deliberación y, segundo, que en consecuencia se le trasfiriera competencia legal a dicha entidad privada. Por ello, es mi convicción que si bien es cierto, dichos documentos son insumos que se toman en cuenta, o no, durante el proceso deliberativo de la autoridad competente, éstos tienen una relación indirecta con el mismo. Lo anterior porque aún están sujetos a un proceso de valoración. Por ello, al no estar relacionados directamente con el proceso deliberativo, no son clasificables.

  9. En el recurso que discutimos se hace una interpretación contraria a lo determinado en el precedente RDA 2557/14, en donde, en términos generales, se trataba, en esencia, de la misma la información y se determinó que no se acreditaba la existencia de un proceso deliberativo. Si bien la información requerida podía constituir parte de los elementos de apoyo permanentes de los procesos deliberativos que lleva a cabo la Oficina de la Presidencia de la República para definir políticas y estrategias, los resultados de las asesorías son sólo insumos y no registran en sí mismos las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que constituyen el proceso deliberativo.No se justifica de manera alguna la razón para cambiar el criterio tomado en el precedente RDA 2557/14.

  10. De mantener como reservada la información solicitada, cambiará el criterio sobre lo que interpretamos como proceso deliberativo y se convertirá en un argumento o justificación a la opacidad de los sujetos obligados.

  11. Léase correctamente: de mantenerse el criterio que se propone en la resolución bajo análisis, ahora los sujetos obligados podrán eximirse de la obligación de rendir cuentas, apelando a que la información resultado de una contratación con recursos públicos, está sujeta a un proceso deliberativo continuo y permanente, dadas las características de sus atribuciones legales.

  12. En síntesis, aprobar la presente resolución permitiría extrapolar la hipótesis de reserva prevista en el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG, a casos en los que, aún y sin que se acredite la existencia de un proceso deliberativo, ni que la información requerida forme parte directa de un proceso deliberativo que en su caso se lleve a cabo, los sujetos obligados invoquen dicha causal a efecto de mantener como reservados documentos de los que estén haciendo uso para ejercer cualquiera de sus atribuciones, aún y cuando en ellos no se documente la manera en que tomarán una decisión.

  13. Por último, mantener como reservada la información solicitada generaría una falta de rendición de cuentas respecto de la forma en que los sujetos obligados ejercen recursos públicos: no es posible pasar desapercibido que la información solicitada se trata de documentos que fueron generados como resultado de una contratación llevada a cabo por el sujeto obligado, para lo cual se hizo uso de recursos públicos.

  14. Para cerrar, si no se toman los argumentos para revocar la respuesta del sujeto obligado, sugiero que se retire del proyecto preparado la frase en la que se señala que “la reserva de esa información coadyuva al mantenimiento de las relaciones que la Presidencia de la República mantiene con los medios de comunicación masiva” (p. 58) porque se presta a diversas confusiones y dicha acción no encuentra cabida en ninguna de las causales de clasificación previstas por el legislador en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por no estar de acuerdo, ni con el sentido, ni con los argumentos que forman parte de la resolución apenas aprobada por la mayoría de este Pleno, solicito a la Coordinación de Acceso tenga la gentileza de integrar el VOTO DISIDENTE que, en términos de las reglas segunda, numeral 9; quinta, numeral 4, y; decimatercera, numerales 6 y 7; de las Reglas de las Sesiones del Pleno que, en materia de acceso a la información pública gubernamental, ha tenido a bien aprobar este Instituto, le haré llegar en los plazos y términos establecidos. Lo anterior a efecto de que queden asentados en la resolución, los argumentos que ya he expuesto verbalmente.

ANEXOS. ARTÍCULOS MENCIONADOS

Artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG. También se considerará como información reservada:

VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.

Reglas de las Sesiones del Pleno del IFAI en materia de la LFTAIPG

Regla Segunda, numeral 9.

Definiciones

Además de las definiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y el Reglamento Interior para efectos de las presentes reglas se entenderá como: (…)

9. Voto disidente:Se refiere al desacuerdo de un Comisionado con la totalidad de la resolución adoptada por la mayoría del Pleno, o bien, con la forma en que se resuelve uno de los contenidos de información.

Regla Quinta, numeral 4.

Atribuciones de los Comisionados en el Pleno

Además de las atribuciones previstas en el Reglamento Interior, los Comisionados tendrán las siguientes atribuciones: (…)

4. Emitir votos disidentes o particulares de resoluciones y acuerdos;

Regla Décima Tercera, numerales 6 y 7.

Votos particulares y disidentes

6. En los casos en los que un Comisionado manifieste que emitirá un voto disidente o particular, respecto de algún proyecto sometido a consideración del Pleno, deberá explicar las razones que lo llevaron a emitir dicho voto.

Tratándose de votos disidentes, el Comisionado Ponente deberá exponer, durante la sesión del Pleno, el proyecto de resolución, respecto del cual se formula dicho voto y el Comisionado que lo emite deberá explicar las razones del mismo. El Pleno podrá determinar que no es necesaria la exposición de ese asunto, en caso de que el Comisionado que disiente ya hubiere explicado en otra sesión su posición.

No será necesario exponer, durante la sesión del Pleno, ni el proyecto de resolución ni el voto particular en aquellos casos en los que el Comisionado que lo emite ya hubiere explicado en otra sesión su posición.

En los casos en que no se exponga durante la sesión del Pleno la resolución y los votos disidentes o particulares, el Secretario de Acceso a la Información o el de Protección de Datos Personales únicamente harán la mención del voto particular o disidente, en la sesión del Pleno de que se trate, señalando el motivo del mismo.

Los votos particulares y disidentes deberán entregarse en un máximo de diez días a partir de que la resolución esté firmada por todos los Comisionados.

Los votos disidentes o particulares también procederán en relación con la determinación de algún acuerdo del Pleno.

Comisionado Ponente disidente

7. En el supuesto en que una vez sometido a votación un proyecto, el Comisionado Ponente emita un voto disidente respecto de la resolución que presenta, el nuevo proyecto será elaborado por el Comisionado que propuso discutir el asunto.

Comparto algunos Tuits al respecto.

#Transparencia #RendicióndeCuentas #AccesoalaInformación #PresidenciadelaRepública #INAI #Encuestascensosysondeos #EnriquePeñaNieto

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