PROFEPA deberá informar sobre número de quejas recibidas contra Grupo México


Ciudad de México, 14 de enero de 2015.

Dependencia o Entidad: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (@PROFEPA_Mx)

Folio de la solicitud: 1613100104414

Expediente: RDA 5240/14

Ponente: Joel Salas Suárez

El caso

El particular solicitó a la PROFEPA, para el periodo 2000 a la fecha, datos sobre procedimientos de inspección y denuncias interpuestas contra la empresa Grupo México, así como sobre su seguimiento en todo el país y en todas las materias ambientales aplicables. El sujeto obligado atendió la solicitud, pero el particular advirtió inconsistencias respecto a información reportada a la prensa, por lo que interpuso el recurso que hoy nos ocupa.

Antecedentes

La minería es una actividad que genera altas ganancias, pocos empleos y contribuye poco a los ingresos nacionales. Fundar ha calculado que el 0.22% de la población económicamente activa se dedica al sector[1] y que en 2013, la recaudación por pagos de industrias extractivas no petroleras apenas representó el 0.22% de los ingresos fiscales totales de ese año. Además, se ha advertido que con la reforma energética de 2013, en la que se aprobó el cobro de derechos a los ingresos reportados tras deducciones, se podrían generar incentivos en el sector para evadir responsabilidades fiscales.

También es necesario considerar los posibles daños ambientales ocasionados por esta actividad. En particular, el 06 de agosto de 2014, ocurrió el derrame tóxico en los ríos Bacanuchi y Sonora ocasionado por la mina Buenavista del Cobre concesionada a la empresa Grupo México. El evento fue calificado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) como el peor desastre ambiental en la historia moderna del país. Conforme a estimaciones del mismo órgano, los daños causados en el estado de Sonora tras el derrame tóxico ascienden a por lo menos mil 800 millones de pesos.[2]

Los efectos de esta contingencia ambiental afectan a más de 24 mil personas que habitan en zonas cercanas.[3] Estimaciones de la SEMARNAT consideran que las aguas de los ríos en cuestión, su flora y fauna podrían recuperarse parcialmente en un periodo de 6 a 10 años. Por su parte, los dictámenes realizados por las instituciones responsables indicaron que los daños a la salud y ambientales quedarán subsanados luego de un programa de remediación. Mientras tanto, la mina permanecerá clausurada y Grupo México debió constituir un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para subsanar los daños.

Relevancia del caso

El recurso que propongo a revisión es relevante según la cuarta perspectiva establecida por el Pleno para la discusión de asuntos en público:

Expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y la transparencia.

Posicionamiento

Según el análisis de esta ponencia, se deriva que el sujeto obligado sí proporcionó información para el periodo solicitado y que las referencias a notas periodísticas proporcionadas por el particular carecen de valor probatorio, por lo que a este respecto, el agravio del particular resulta infundado.

Sin embargo, aun cuando la PROFEPA proporcionó información adicional, únicamente turnó la solicitud a 2 de las 6 unidades administrativas que podrían ser competentes para atenderla. Tampoco consideró a sus 32 delegaciones estatales. En lo tocante a ello, el agravio sí se considera fundado.

Este caso expone un tema prioritario en el país: la transparencia de las industrias extractivas. Ya se han mencionado reiteradamente en este Pleno dos compromisos de México en la Alianza para el Gobierno Abierto: Compromiso 23 “Minería para todos” y Compromiso 26 “Adhesión de México a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas”. Sin embargo, el cumplimiento de tales compromisos muestra retraso. La primera fase debió resolverse en octubre de 2014 y, según el Tablero de Control de la AGA, sólo se tienen 40% y 60% de avance respectivamente. A esto surge la duda si será posible concluirlos en tiempo y forma, sobre todo dado que sólo restan 6 meses para la fecha límite de cumplimiento (22 de julio de 2015).

Además de los impactos ambientales ejemplificados con este caso, la baja contribución al erario nacional y el aparente retraso en los avances de los compromisos ante la AGA, la gobernanza del sector minero contempla pocos o nulos espacios para la participación ciudadana. Se debe fortalecer la transparencia en el sector para que la sociedad conozca si las decisiones tomadas efectivamente responden a las necesidades de desarrollo económico regional y nacional, así como si tales decisiones garantizan y defienden la reparación de daños ambientales y los derechos fundamentales de las comunidades aledañas a las zonas de explotación.

Propuesta

Dado lo anterior, esta ponencia propone modificar la respuesta de la PROFEPA e instruirle realizar búsqueda exhaustiva:

a) En la Subprocuraduría de Inspección Industrial y en la Dirección de Atención a la Denuncia Popular en materia de Recursos Naturales con la finalidad de que indique si se presentaron pruebas de la queja o inconformidad, el seguimiento que se le dio a la queja, si hubo sanciones, en qué consistieron y si estas fueron cumplidas.

b) En las Direcciones Generales de Inspección de Fuentes de Contaminación; de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre; de Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras; de Inspección y Vigilancia Forestal y de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, la Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social, y las delegaciones estatales, respecto de la información requerida por la particular en su solicitud, consistente en lo siguiente:

  • Número de denuncias populares y procedimientos de inspección que se han interpuesto o realizado en la Procuraduría en contra de Grupo México, y que estén concluidos. Lo anterior, desde el 2000 a la fecha.

  • Quién interpuso la denuncia, si presentaron alguna prueba de su queja o inconformidad.

  • Fecha de cada una de las denuncias especificando si fue en la división minera, división transporte o división infraestructura (en las cuales se divide la compañía).

  • Qué seguimiento se le dio a la denuncia interpuesta en contra de Grupo México. En caso de que haya habido sanciones por parte de la dependencia federal, detallar en qué consistieron estas y si las acató o cumplió Grupo México.

c) Clasifique aquella información relativa a denuncias o procedimientos de inspección en contra de Grupo México, que se encuentren en trámite, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en razón de que su divulgación podría causar un perjuicio a las actividades de verificación y cumplimiento de las leyes que realiza dicho sujeto obligado.

  • Comparto versión estenográfica completa de la sesión del pleno, mi participación comienza en la página 58.

  • Aquí audio completo de la sesión.

  • Aquí fragmento de video con mi participación en el pleno.

#PROFEPA #MedioAmbiente #GrupoMéxico #Contaminación #INAI #AccesoalaInformación #Transparencia #Anticorrupción

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