PGR deberá abrir información sobre averiguación previa de detenidos por genocidio en 1968 y 1971

January 27, 2015

 

Ciudad de México, 27 de enero de 2015.

Dependencia o Entidad: Procuraduría General de la República (PGR)

Folio de la solicitud: 0001400079114

Expediente: RDA 5149/14

Ponente: Joel Salas Suárez

 

El caso

 

El particular requirió versión pública de dos expedientes de averiguación previa por delitos de genocidio en 1968 y 1971, integrados por la hoy desaparecida FEMOSPP contra varias personas, incluido el ex presidente Echeverría.

La PGR declaró inexistente la información solicitada porque ambas averiguaciones previas han sido consignadas a juzgados federales. El recurso se interpuso derivado de esta respuesta, misma que el sujeto obligado reiteró en alegatos. Además, solicitó sobreseer el caso argumentando que en recursos previos ya había sido resuelta la materia del presente.[1]

 

Antecedentes

 

Este Instituto ha contribuido en diversas ocasiones a que los sujetos obligados publiquen o desclasifiquen información de casos de violaciones graves a derechos humanos o crímenes de la humanidad en los que está implicado el Estado mexicano, de tal manera que el derecho de acceso a la información pública ha permitido conocer y evaluar dichos casos.

Para ello, y como herramienta fundamental para el ejercicio del derecho de acceso a la información, es crucial que haya mecanismos efectivos para verificar la disponibilidad de la misma en los archivos de los sujetos obligados, así como para ponerlos a disposición oportunamente para justificar las decisiones tomadas y demostrar los resultados de las acciones derivadas.

El recurso que hoy presento es una oportunidad más para ello, ya que se refiere a expedientes relacionados con los movimientos sociales de 1968 y 1971.

Comparto los siguientes datos:

  • En noviembre de 2001, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) como respuesta al Informe Especial en Materia de Desaparición Forzada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que daba cuenta de 530 casos de desaparición forzada ocurridos durante los sesenta, setenta y la Guerra Sucia. El Estado mexicano estaba implicado en prácticamente la mitad (230).[2]

  • El 22 de julio de 2004, la FEMOSPP solicitó órdenes de aprehensión por genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez y el ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, además de otras 10 órdenes por homicidio calificado y lesiones contra responsables de la matanza del 10 de junio de 1971.

  • Ante la extinción de la FEMOSPP en 2007, la información referente a estos (y otros) casos pasó a custodia de la PGR. Se ejerció acción penal sólo en cuatro casos, dejando pendientes y sin ninguna resolución ministerial más de 550.[3]

Relevancia del caso

 

El recurso es relevante en razón de la cuarta perspectiva establecida por el Pleno para la discusión pública de asuntos, que es:

iv) Expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y de la transparencia. 

 

Posicionamiento

 

Según el análisis de la ponencia, el agravio resulta fundado porque:

a)     Existen recursos de revisión anteriores en los que se solicitaron expedientes de averiguaciones previas (1005/04 y 1311/10); la PGR declaró inexistencia y el IFAI revocó la respuesta instruyendo entrega de versiones públicas. Hay evidencia de que la PGR en el cumplimiento de estas resoluciones, puso a disposición del particular dichas versiones públicas, de lo cual se deriva que sí podría contar con la información solicitada.[4]

b)     El Ministerio Público (representado por la PGR) debe conservar copia por duplicado de las actuaciones en sus archivos. Por tanto, la PGR debería contar con copia de los expedientes solicitados.[5]

c)      Los recursos previos a que hace referencia la PGR son el RDA 1723/14 y 1724/14. En su cumplimiento argumenta haber dado ya respuesta a la solicitud del particular. Sin embargo, la modalidad de entrega y la información solicitadaenellos no son las mismas que las del recurso que nos ocupa, por lo que no procede el sobreseimiento.

Saltan a la vista las siguientes observaciones:

PRIMERA. Elsujeto obligado se contradice en su respuesta. Atendiendo a resoluciones de este Instituto, puso a disposición versiones públicas de las averiguaciones previas que interesan al particular ¿Por qué entonces vuelve a declarar inexistente la información? ¿Por qué el acta de inexistencia que debe emitir su Comité de Información, según lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia, no explica si las copias de los documentos que envió al Poder Judicial fueron remitidas al Archivo General de la Nación, destruidas o extraviadas?

SEGUNDA. El RDA 1723/14 también estuvo a cargo de esta ponencia. Al igual que en este caso, la PGR respondió declarando inexistencia sin dar certeza jurídica de haber realizado búsqueda exhaustiva de la información solicitada y de la ausencia de ésta en sus archivos. Si bien notificó al particular que existen 19 mil fojas con documentos de la antigua Fiscalía, la reproducción en copia simple de éstas tendría un costo mayor a los 9 mil pesos que pocos ciudadanos estarían en capacidad de pagar. Tratándose de un tema de relevancia histórica de interés nacional, ¿no convendría hacer un esfuerzo por sistematizarla y tenerla disponible para atender cualquier solicitud de información? Por ejemplo, el 14 diciembre de 2014, el Senado de la República emitió un dictamen para requerir a la PGR informe sobre el estado que guardan las indagatorias, procesos penales y demás asuntos que dejó pendiente la extinta FEMOSPP.[6]

Declarar inexistencia de información es una práctica recurrente del sujeto obligado que en 2014 alegó inexistencia en el 11% de las solicitudes de información recibidas, Además:[7]

  • El sujeto obligado está en la lista de los primeros 5 ante los que se interponen recursos de revisión. Más del 3.5% de los recursos recibidos en 2014 fueron contra la PGR; estamos hablando de 212 recursos.

  • El IFAI ya revocó u ordenó la modificación de la respuesta dada por la PGR en la mitad de dichos recursos (en 107 de los 212, lo que equivale al 50.4%).

TERCERA. Resulta imprescindible recalcar que los hechos de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas y de 1971 en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás forman parte de uno de los episodios más penosos de la historia de nuestro país. También constituyen un hito del proceso de transición política hacia la democracia en México, cuyo eje central fue la participación efectiva de la sociedad en los asuntos públicos. El desarrollo de ambos movimientos impulsó el reconocimiento del derecho fundamental a saber e implicó un cambio en las formas autoritarias y represivas de los gobiernos mexicanos.

En temas de crímenes contra la humanidad, genocidio y violación de derechos humanos, se debe privilegiar el principio de máxima publicidad. Consecuentemente, los sujetos obligados que cuenten con información relacionada deben gestionarla adecuadamente y conservarla para garantizar respuesta oportuna y confiable ante cualquier cuestionamiento. En caso contrario, están rechazando la oportunidad de justificar y demostrar los resultados de las acciones realizadas para esclarecer estos hechos y negando a los ciudadanos el derecho de conocer y formarse opinión sobre ellas. Consecuentemente, minan la confianza ciudadana en el Estado mexicano, efecto que está de más decir, urge revertir ante el contexto actual.

 

Propuesta

 

Por lo anterior, esta Ponencia propone REVOCAR la respuesta de la Procuraduría General de la República e instruirle realizar búsqueda exhaustiva de la información requerida en todas las unidades administrativas competentes, de las cuales no podrá omitir a la Coordinación General de Investigación, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la Oficialía Mayor, a efecto de entregar al particular la versión pública de los expedientes de averiguación previa números PGR/FEMOSPP/011/2002 y PGR/FEMOSPP/002/2002, en donde refirió se consignaron por el delito de genocidio a varias personas, incluido el ex presidente Luis Echeverría.

 

ANEXO. ARTICULOS MENCIONADOS EN EL POSICIONAMIENTO

Artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Penales. Las actuaciones del Ministerio Público y de los tribunales deberán levantarse por duplicado, ser autorizadas y conservarse en sus respectivos archivos. En todo caso, los tribunales sacaran y entregaran al Ministerio Público, para conservarse en el archivo mencionado de éste, una copia certificada de las siguientes constancias: de los autos de formal prisión, sujeción a proceso o de libertad por falta de elementos para procesar; de los autos que den entrada y resuelvan algún incidente; de las sentencias definitivas, así como de las que dicte el tribunal de apelación resolviendo definitivamente algún recurso. 

 

 

Referencias:

 

[1] RDA 1723/14 y RDA 1724/14

[2] Informe Especial sobre las Quejas en materia de Desapariciones Forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80, CNDH

[3] Luis Arriaga Valenzuela, Crímenes de Estado y Derechos Humanos en México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 2008

[4] Recursos para los cuales el sujeto obligado acreditó cumplimiento el 26 de enero de 2005 y el 23 de agosto de 2010, respectivamente

[5] Según el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Penales

[6] http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/17905-pide-senado-a-pgr-informe-de-investigaciones-pendientes-de-la-femospp.html

[7] Según cifras de la DG de Análisis Normativo y Evaluación de la Información

 

  • Aquí puedes consultar la versión estenográfica completa de la sesión (mi intervención comienza en la página 48).

  • Comparto audio completo de la sesión del pleno. 

  • Comparto fragmento de video con mi participación en el pleno. 

 

 

 

 

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