PEMEX deberá abrir información sobre empleados vinculados con el robo de hidrocarburos


Ciudad de México, 25 de marzo de 2015.

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Petróleos Mexicanos (PEMEX)

Folio de la solicitud: 1857200025015

Número de expediente: RDA 0805/15

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

El caso

El particular solicitó a PEMEX conocer el número de empleados despedidos y sancionados por relacionarse con el robo de hidrocarburos.

PEMEXrespondió que no localizó información relacionada y el particular se inconformó con dicha declaración de inexistenciaaludiendo a comunicados de prensa relacionados, mismos que carecen de valor probatorio.

Antecedentes del tema

La información que ofrezco a continuación para contextualizar el caso, fue obtenida de respuestas a diversas solicitudes de información:

  • En 2011, se identificaron mil 361 tomas clandestinas en la red nacional de ductos de hidrocarburos que es gestionada por PEMEX. En 2014, se confirmó la existencia de 3 mil 198 tomas, lo cual equivale a un incremento del 245% en tres años, siendo Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa los estados en los que se identificó el mayor número de tales tomas.[1]

  • Las pérdidas generadas por estas tomas clandestinas ascienden a 33 millones 188 mil 591 barriles de hidrocarburos, prácticamente a los barriles que México exporta en un mes.[2]

  • Otros sujetos obligados, la PGR y la SEDENA, también intervienen en la vigilancia de ductos:

  1. La PGR abre las averiguaciones previas correspondientes y hace las detenciones que se requieran. De julio de 2011 a julio de 2014, se iniciaron 9 mil 456 averiguaciones previas y se llevaron a cabo a 2 mil 810 detenciones por los delitos mencionados.[3]

  2. La SEDENA colabora con Pemex acordonando el área donde se detectó la toma clandestina hasta que el personal técnico realiza las reparaciones correspondientes.[4]

  • El robo de hidrocarburos vulnera las finanzas de PEMEX y del país, pone en riesgo a poblaciones enteras y daña los ecosistemas.[5] En consecuencia, Pemex anunció cambios en su estrategia de distribución de combustibles para reducir los incentivos de robo. Dejará de distribuir petrolíferos terminados por sus ductos, para sustituirlos por aquellos que todavía no son aptos para su uso en vehículos o plantas industriales.[6]

  • El pasado 12 de marzo, la Cámara de Senadores aprobó una ley que endurece las sanciones por robo y distribución ilegal de hidrocarburos. En lo que respecta al saqueo de ductos, el castigo aumentó de 12 años de prisión en la legislación actual, a 35. Se acusará de cómplices a los dueños de los terrenos donde se ubiquen las tomas clandestinas y a quienes compren el producto robado.

Relevancia del caso

El recurso RDA 0805/15 es relevante de acuerdo a la cuarta perspectiva establecida por el Pleno del IFAI:

iv) Expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y de la transparencia.

Posicionamiento

Según el análisis de esta ponencia, el agravio es fundado porque:

a) Se realizó una búsqueda de información pública que permitió localizar boletines de prensa de la PGR, del 27 de mayo y del 06 de junio de 2014, sobre la detención y posterior dictamen de auto de formal prisión a tres trabajadores de PEMEX por robo de hidrocarburos. En ello, colaboraron tanto PEMEX como la PGR.

b) Existe un recurso de revisión previo, el RDA 1603/11, que se relaciona con el tema que interesa al hoy recurrente. En cumplimiento a éste, PEMEX notificó la disponibilidad de información sobre trabajadores despedidos por participar o facilitar el robo de hidrocarburos.

c) El sujeto obligado no turnó la solicitud de información a todas las unidades competentes.

La relevancia del caso en materia de transparencia radica en lo siguiente:

PRIMERO. Esta ponencia también encontró una solicitud de información previa en la que PEMEX ofreció la misma respuesta que la del caso que nos ocupa. Sin embargo, añadió que su Dirección Jurídica reportó que de 2006 a abril de 2014, tuvo conocimiento de que 24 trabajadores de PEMEX han participado en el robo de hidrocarburos.[7] Esta cifra abarca un periodo de 9 años y es menor a la de un comunicado de PEMEX en octubre de 2013, en el que se reporta la detención de 30 empleados por participación en este tipo de robos. En este evento, fue PEMEX quien dio vista a la PGR para que llevara a cabo las detenciones correspondientes.

¿Qué medidas de prevención deberían ser tomadas para evitar lo anterior, más allá del endurecimiento de la legislación correspondiente? ¿Qué perfil deberían cubrir los servidores públicos de PEMEX para no caer en este tipo de conductas, voluntaria o forzadamente? Llama la atención que PEMEX no dé cuenta de las acciones que realiza al respecto.

SEGUNDO. Permítanme volver sobre lo que expuse en la sesión del pleno anterior. El principal beneficio de la extracción de petróleo y demás hidrocarburos son los ingresos que obtiene el Estado Mexicano y que se utilizan para garantizar derechos sociales fundamentales. Los asuntos relacionados con las industrias extractivas y energética del país no sólo tienen que ver con ingresos públicos, sino con derechos humanos.

Esto fue confirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al aceptar discutir en audiencia pública del pasado viernes 20 de marzo, el tema: Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales. En ella, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Energía reconoció que, cito, “la visión de derechos humanos es central en esta reforma energética, pues la intención es que se traduzca en ganancias para todos los mexicanos”. Esto equivale a decir que ninguna acción de la industria extractiva en México debe poner en riesgo ningún derecho fundamental de la sociedad.[8]

Temas como la participación y la consulta previa a las comunidades de zonas en las que se construyen o atraviesan instalaciones de explotación, la autonomía de pueblos indígenas, la definición de prioridades de desarrollo, los impactos al medio ambiente y a la salud humana, entre otros, atañen a la sociedad mexicana en general y, por tanto, debe disponer de información para conocer y participar en las decisiones públicas. El derecho de acceso a la información es crucial para garantizar la salvaguarda de otros derechos fundamentales. No se trata de obtener recursos económicos a cualquier costo.

Proveer información no es una elección. La legislación correspondiente establece las obligaciones de transparencia que cada sujeto obligado debe cumplir. Además, México se ha comprometido a nivel internacional a fortalecer la transparencia en el sector.[9]

Propuesta

Se propone REVOCAR la respuesta de PEMEX e instruirle realizar una nueva búsqueda de la información, en la que no podrá omitir a la Gerencia Jurídica de lo Contencioso y a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, por constituirse también como unidades administrativas competentes para conocer de lo requerido, con la finalidad de poner a disposición del recurrente el número de empleados de la entidad despedidos y sancionados por estar relacionados de alguna manera con el robo de hidrocarburos, desglosado por año dentro del periodo comprendido del dos mil cinco al dos mil catorce.

Si de la nueva búsqueda realizada no es posible entregar el número de empleados despedidos, la entidad deberá dar acceso al recurrente a los documentos fuente en donde pueda localizarse la información solicitada, incluyendo aquellos que pudieran encontrarse dentro de los expedientes personales de los trabajadores de PEMEX, siempre salvaguardando los datos personales correspondientes.

Cabe señalar que, en virtud de que es información pública el hecho de que al menos a tres trabajadores de Petróleos Mexicanos se les ha dictado auto de formal prisión por el delito de robo de hidrocarburos, el resultado de la nueva búsqueda no podrá ser inexistencia de la información.

Referencias:

[1] Folio 1857200239914

[2] Comparación realizada con exportaciones de enero de 2015. http://sener.gob.mx/res/380/Prontuario.pdf

[3] Folio 0001700228514.

[4] Folio 0000700219014.

[5]http://www.jornada.unam.mx/2015/02/18/economia/027n1eco

[6]http://www.pemex.com/prensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-012-nacional.aspx#.VQIr_Y6G9qU

[7] Folio 1857200048414.

[8] http://fundar.org.mx/participa-fundar-en-audiencias-cidh-16-al-20-de-marzo/#.VRC6DfmG9qV

[9] Por un lado en la Alianza para el Gobierno Abierto, los compromisos 21 “Petróleo para todos” y 26 “Adhesión de México a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas”. Por otro lado, el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo sobre el derecho de las personas a acceder a información sobre el medio ambiente para participar en la adopción de decisiones para la protección del medio ambiente. Este principio está relacionado con el caso por el daño que las tomas clandestinas ocasionan al medio ambiente.

Aquí puedes consultar la versión estenográfica completa de la sesión (mi intervención comienza en la página 72)

Comparto audio completo de la sesión del pleno.

Comparto comunicado emitido por el inai.

Comparto fragmento de video con participación en el pleno.

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