CNBV deberá abrir información de deuda pública adquirida con Grupo Financiero Interacciones

April 8, 2015

 

Ciudad de México, 08 de abril de 2015.

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Folio de la solicitud: 0610000050814

Número de expediente: RDA 5415/14

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

 

El caso

 

El particular solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) copia de documentos sobre créditos, financiamientos, asesorías o fideicomisos contraídos por los gobiernos federal, estatales y municipales con un Grupo Financiero denominado Interacciones.

La CNBV respondió que la información con la que cuenta es una muestra representativa de la información solicitada y es confidencial porque bajo esa calidad se la confió el Banco Interacciones. Esta institución bancaria consideró que se podrían revelar detalles sobre el manejo de su negocio favoreciendo a sus competidores y que se incluyen datos sobre el patrimonio de fideicomisos otorgados por esta institución bancaria y de concesionarios que participan en ellos.

Antecedentes del tema 

  • En México, bajo el marco del sistema federal, los ingresos de estados y municipios se constituyen mediante recaudación propia y transferencias federales. Estos ingresos pueden ser utilizados como garantía para la adquisición de deuda pública que sirva para invertir y financiar la provisión de bienes y servicios públicos.

  • La adquisición de deuda subnacional cobró fuerza a partir de 1993 cuando se efectuaron procesos de descentralización. El financiamiento bursátil a estados y municipios inició a partir de 2001, con reformas a la Ley del Mercado de Valores.[1]

  •  La deuda subnacional en México alcanzó un máximo histórico al cierre de 2014. Pasó de 18 mil 278 millones de pesos en 1993, a 509 mil 690 millones de pesos en 2014. Las entidades más endeudadas respecto a su PIB estatal son Chihuahua (9.18%), Quintana Roo (8.56%), Chiapas (6.58%), Coahuila (6.53%) y Nayarit (5.9%). Los estados que han contratado deuda a mayor plazo son Nayarit (20.3 años en promedio), Colima (14.4 años), Chihuahua (18.5), Michoacán (18.3) y Chiapas (18.22).[2]

Relevancia del caso

 

El recurso RDA 5415/14 es relevante para ser discutido públicamente de acuerdo con la cuarta perspectiva establecida por el pleno del IFAI: 

iv) Expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y la transparencia

 

Posicionamiento

 

El particular impugnó la clasificación y su agravio resulta parcialmente fundado porque: 

a) De la revisión a una muestra de los contratos solicitados, no fue posible apreciar que las cláusulas de los mismos per se contengan información relativa a las estrategias del banco; es decir, no ofrecen detalles sobre cómo opera esta institución para ser competitiva en el sector y con su publicación no se daría ventaja a los competidores.

b) La información se refiere a deuda pública; es decir, a créditos otorgados que se pagan y garantizan con recursos públicos que provienen en su mayoría de fondos federales. Por lo tanto, deben ser de carácter público y constituye una obligación de transparencia a cargo de la Federación y de las entidades federativas para rendir cuentas a la sociedad.

c) Sin embargo, la información contiene datos confidenciales como Registros Federal de Causantes, direcciones de personas físicas, números de cuenta y estructuras accionarias de personas morales, los cuales, deben ser protegidos.

 

Esta ponencia considera que la relevancia del caso en materia de transparencia radica en lo siguiente:

 

Existe el riesgo de que la deuda de algunas entidades sea insostenible financieramente. Si ello sucede en uno o varios estados, la deuda se debe reestructurar de alguna forma, lo que implica costos para acreedores y ciudadanos, porque sus contribuciones constituyen los ingresos gubernamentales. ¿Cómo puede estar segura la sociedad mexicana que en las decisiones de deuda subnacional no hay arbitrariedad o posible corrupción? En los asuntos públicos, la vía más efectiva para responder a estos cuestionamientos es la transparencia.

 

En un estudio de 2013, expertos de la Fundación De Estudios Financieros - FUNDEF, A. C., señalaron que, cito, “las experiencias de algunos estados se han destacado por el fuerte endeudamiento en el que han incurrido, en muy poco tiempo y, en ocasiones, en circunstancias poco transparentes”.[3] El estudio resalta que por medio de la transparencia es posible rendir cuentas sobre: ¿cómo sucede la adquisición de deuda en los estados? ¿Quién la autoriza? ¿Para qué se utilizan esos recursos? Los expertos de FUNDEF aclaran que, cito nuevamente: “los riesgos de un mercado de endeudamiento subnacional sin reglas claras, poca transparencia e incumplimientos, pueden ser muy perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero”.

 

Además, es necesario considerar que las cifras que comenté previamente se basan en las que reportan los gobiernos estatales y municipales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, la contraída con instituciones bancarias y emisiones bursátiles. Esta información está publicada en formato de datos abiertos desde 1993 a la fecha en el portal de la SHCP. Sin embargo, también hay deuda de corto plazo para la que se cuenta con información parcial y no homogénea proveniente de algunas Cuentas Públicas estatales disponibles.[4] Tal información es difícil de localizar y de comprender para la ciudadanía no especializada.

 

En febrero de 2015, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Con ello, se busca establecer las bases generales para incurrir en un endeudamiento responsable y transparente. Por ejemplo, se creó un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública, se ampliaron las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar este rubro y se crean elementos de responsabilidad financiera, como prohibir la contratación de deuda para cubrir el gasto corriente[5] y, en su lugar, destinarse a inversiones públicas productivas.[6]

Pese a estas medidas, algunas entidades federativas continúan recurriendo al endeudamiento para financiar su gasto corriente. No existe información pública confiable respecto a las características de dichos financiamientos que permitan conocer datos como la tasa de interés a la que se está adquiriendo dicha deuda. El recurso que hoy discutimos se refiere a un banco en particular (Interacciones), evidentemente, se adquiere deuda pública con diferentes tipos de Instituciones Financieras ¿Cómo pueden los sujetos obligados demostrar a la ciudadanía que adquirieron un crédito realmente competitivo? Si esta información fuera pública, podrían presentarse oposiciones a deuda pública que se adquiera en condiciones inadecuadas.

Reglas claras, transparencia y rendición de cuentas, son la clave para que la sociedad mexicana conozca sobre lo anterior. Tal como lo dispone el artículo 134 de nuestra Carta Magna, la informaciónrelativa a recursos públicos es de naturaleza pública y, por tanto, constituye una obligación de transparencia para la Federación, los estados y los municipios.[7]

Esto se refuerza con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia. Dar publicidad al uso de los recursos públicos se traduce en rendición de cuentas a los ciudadanos. Al ser transparentes, los estados y los municipios ganan credibilidad en la percepción pública sobre el manejo que dan a sus finanzas y deuda; demuestran su capacidad de pago para cumplir en forma oportuna y total con sus obligaciones financieras y; consecuentemente, tienen la posibilidad de acceder a financiamiento en mejores términos y condiciones.[8]

 

Propuesta 

 

Se propone MODIFICAR la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, e instruirle a efecto de que elabore una versión pública de los instrumentos jurídicos que obren en sus archivos respecto de contrataciones de entes públicos con el Banco Interacciones, S. A., en la cual se deberá testar únicamente la información concerniente al número de cuenta y clabe bancaria, RFC y domicilio de personas físicas en términos del artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el número de cuenta y clabe bancaria y estructuras accionarias de personas morales de derecho privado, en términos del artículo 18, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 

Referencias:

 

[1]http://www.indetec.gob.mx/publicaciones/Productos/Trimestre95.pdf

[2]http://www.hacienda.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2014/Paginas/4to-Trimestre.aspx

[3]http://fundef.org.mx/sites/default/files/fundeforgmx/paginas/archivos/Crear%20P%C3%A1gina%20b%C3%A1sica/deuda_subnacional.pdf

[4] Para pensiones y jubilaciones, pasivos que son adquiridos para hacer frente a obligaciones de corto plazo o por proyectos multianuales, entre otros rubros.

[5] El gasto corriente es el que realiza un gobierno para operar cotidianamente, es decir, el que se destina a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas.

[6]http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Febrero/05/5044-Aprueba-Pleno-dictamen-para-controlar-deuda-publica-de-estados-y-municipios-la-situacion-es-alarmante-Moreno-Rivera

[7] Respecto a transparencia de deuda de estados y municipios, ésta es obligatoria según el artículo 9, párrafo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 61, fracción I, incisco b) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

[8]http://www.cefp.gob.mx/portal_archivos/convocatoria/pnfp2014/segundolugarpnfp2014.pdf

 

 

Aquí puedes consultar la versión estenográfica completa de la sesión (mi intervención comienza en la página 26).

Comparto audio completo de la sesión.

Comparto comunicado emitido por el inai. 

Comparto fragmento de video con mi participación en el pleno. 

 

 

 

 

 

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