INECC deberá entregar estudios de valoración a derrame tóxico en río Sonora

April 22, 2015

 

Ciudad de México, 22 de abril de 2015.

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)

Folio de la solicitud: 1612100001815

Número de expediente: RDA 0532/15

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

 

El caso

 

El particular solicitó al INECC los estudios de valoración económica, ambiental y/o de riesgo ambiental realizados sobre el derrame tóxico provocado por la minera de Grupo México en ríos de Sonora.

En respuesta, el sujeto obligado contestó que el gobierno federal conformó una Comisión Especial para dar seguimiento al tema y, dado que fue coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), le orientó a dirigir su solicitud a ella.

El particular se inconformó ante este Instituto arguyendo que, a pesar de dicha Comisión, el INECC es el órgano facultado para realizar los estudios de su interés. En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta y agregó que consultó a la unidad administrativa que podría ser competente, la cual, aclaró que en sus archivos no cuenta con la información solicitada.

 

Antecedentes del tema 

  • El recurso se relaciona con un tema ya discutido públicamente por este pleno. En enero, esta ponencia presentó el recurso RDA 5240/14 relacionado con el peor desastre ambiental en la historia moderna del país, según lo calificó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

  • El 06 de agosto de 2014, ocurrió un derrame tóxico en los ríos Bacanuchi y Sonora ocasionado por la mina Buenavista del Cobre concesionada a la empresa Grupo México. Los daños causados ascienden a por lo menos mil 800 millones de pesos y afectaron a 24 mil personas, según análisis del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).[1]

  • Para subsanar estos daños, Grupo México propuso un programa de remediación del cual se ha avanzado en la atención de una de 5 zonas en riesgo. La empresa también debió constituir un fideicomiso de 2 mil millones de pesos que incluye entrega de apoyos económicos, los cuales debieron ser entregados en su totalidad el 15 de febrero de este año.[2]Otras acciones son limpieza de los ríos, monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas de los pozos utilizados por la minera, atención médica a población, etcétera.

  • El mes pasado (marzo) surgió el movimiento “Todos unidos contra Grupo México”, conformado por pobladores de la zona y mineros de la Sección 65 del Sindicato Minero Nacional, el cual tiene apoyo de representantes de otros grupos nacionales e internacionales como Yaquis, Padres ABC y United Steelworkers (USW). El movimiento organiza foros de información para los afectados, aunque sus demandas van más allá de ello. Exige atención a los afectados cuyos pagos fueron suspendidos dada la temporada electoral, así como la revisión de las condiciones laborales de los mineros. Han desarrollado acciones de protesta como bloqueo de carreteras y pozos utilizados por la minera, por lo que han sido denunciados por Grupo México ante probable robo, despojo y daños a los pozos de agua.[3]

Relevancia del caso 

 

Este caso es relevante de acuerdo con la segunda perspectiva establecida por el Pleno del IFAI para la discusión de los recursos en público: 

ii) Exponer públicamente casos en función de su importancia y utilidad con respecto a los derechos de las personas.

 

Posicionamiento 

 

De acuerdo al análisis, el agravio del particular resulta fundado porque:

a) La Ley General de Cambio Climático dispone que el sujeto obligado es competente para atender la solicitud del particular. Está facultado para realizar estudios de investigación científica o tecnológica en materia de protección al ambiente y colabora con la SEMARNAT en la cuantificación de costos por contaminación al ambiente.

b) El Ejecutivo federal, así como la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, conformaron comisiones especiales para atender la problemática ambiental a que se refiere este caso. En este marco, el INECC participó en el análisis de dictámenes para cuantificar el daño causado. Esta ponencia localizó un boletín de prensa de la Cámara de Diputados que lo corrobora.[4]

En materia de transparencia, el caso es fundamental para visibilizar que las consecuencias de un daño ambiental van más allá de las pérdidas económicas y que la sociedad exige y requiere información sobre cómo y cuándo los gobiernos actuarán para reducir las consecuencias de estos daños en sus vidas cotidianas.

Los recursos mineros pertenecen a la sociedad mexicana. El uso y destino de los mismos deben ser decididos por la sociedad en general. Sin embargo, dado que su explotación implica afectar las zonas cercanas, sus habitantes deben poder conocer los efectos y su magnitud, así como los riesgos latentes. Cito un estudio de Fundar, “la actividad extractiva ha agudizado los problemas de marginación y exclusión social, debido principalmente a la afectación de las actividades productivas tradicionales, los daños al medio ambiente, la contaminación y el incremento de los precios que [esta actividad] ha traído consigo.”[5] ¿Cómo pueden enterarse las comunidades de estos riesgos? La respuesta es: con información.

 

El gobierno mexicano ha reconocido lo anterior con compromisos internacionales que prevén acciones para facilitar el acceso a información que promueva la participación ciudadana en la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de las comunidades cercanas a lugares de explotación de recursos naturales:

 

a) En primer lugar, México es firmante de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 en América Latina y el Caribe, celebrada en junio del 2012.

b) En segundo lugar, están los compromisos 23 “Minería para todos”, 24 “Cuidado al medio ambiente basado en evidencia” y 26 “Adhesión de México a la iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas” de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Vale la pena mencionar que, precisamente, la semana pasada (el martes 15 de abril) se llevó a cabo en las instalaciones de este Instituto la “Segunda reunión de presentación de avances de los compromisos del Plan de Acción de la AGA 2013-2015”. Entre otras actividades, se realizaron mesas de trabajo en las que gobierno y sociedad civil organizada evaluaron conjuntamente el nivel de cumplimiento de los compromisos. En cuanto al cumplimiento de los compromisos listados previamente, se admitió que se tenía un nivel parcial de cumplimiento.

 

Dicho “nivel parcial de cumplimiento” es evidente en el caso en cuestión. ¿Cuánto dinero se destina para atenuar los daños? ¿Cuál es el grado de contaminación que aún se presenta? ¿El agua de los pozos es apta para consumo humano y de animales? ¿Qué pasa con la fauna y flora de la zona? ¿Los suelos siguen siendo aptos para sembrar? ¿Cambiarán las actividades económicas tradicionales de la zona? Si los sujetos obligados involucrados responden a las preguntas realizadas por los afectados y las personas en general, atenderán su derecho a mantenerse informados y participar a lo largo del proceso de toma de decisiones, es decir, desde la identificación de posibles soluciones, pasando por su implementación y hasta su evaluación posterior.

Organizar ruedas de prensa o instalar mesas de atención temporales no es suficiente para asegurar la transparencia de las acciones gubernamentales llevadas a cabo para subsanar los daños ecológicos. Frente a contingencias ambientales, es necesario proporcionar información de forma constante, organizada y de acuerdo a las necesidades de la población. Las autoridades federales, estatales y municipales deben estar coordinadas de modo que, favoreciendo el principio de máxima publicidad, estén en capacidad de contestar lo que esté bajo sus atribuciones, algo que el INECC no realizó en este caso.

 

Propuesta 

 

Esta ponencia proponga REVOCAR la respuesta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático e instruirle a realizar una búsqueda exhaustiva de los estudios de valoración económica, ambiental y/o de riesgo ambiental realizados respecto del accidente ocurrido en agosto de 2014, donde se derramaron sustancias contaminantes en ríos y arroyos del Estado de Sonora, en todas sus unidades administrativas competentes entre las que no podrá omitir a la Coordinación General de Crecimiento Verde y la  Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental, y los entregue al particular.

 

Referencias:

 

[1] Greenpeace, “Toxic spill in Sonora, the tip of the iceberg”, Dirección URL: http://greenpeaceblogs.org/2014/09/15/toxic-spill-sonora-tip-iceberg/

[2]http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/rio_sonora_28_enero.pdf

[3]http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/yaquis-y-padres-abc-se-unen-a-movimiento-contra-grupo-mexico-1086547.html;http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/gm-buenavista-cobre-denuncia-1085366.html;http://quidnoticias.com/?p=1706; http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/denuncia-grupo-mexico-pobladores-rio-sonora-1090960.html

[4] Boletín no. 4356, en el que se da a conocer que el costo del derrame tóxico en el río Sonora ascendió a mil 870 millones de pesos, “de acuerdo con los dictámenes analizados por el INECC”. http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Octubre/09/4356-Detalla-Navarrete-Prida-ante-diputados-problematica-generada-por-el-derrame-de-sustancias-contaminantes-en-el-rio-Sonora

[5] http://mineriaypetroleo.org/

 

 

 

Aquí puedes consultar la versión estenográfica completa de la sesión (mi intervención comienza en la página 30)

Comparto aquí audio completo de la sesión.

Comparto aquí comuncado emitido por el inai. 

Aquí fragmento de video con mi participación en el pleno. 

 

 

 

 

 

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