CFEmx deberá entregar evidencia de las consultas con comunidades indígenas sobre hidroeléctrica LasCruces

May 7, 2015

 

Ciudad de México, 07 de mayo de 2015.

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Folio de la solicitud: 1816400012115

Número de expediente: RDA 0973/15

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

 

El caso

 

Un particular solicitó información de las reuniones de consulta de opinión sobre el proyecto sostenidas en diciembre de 2014 con los indígenas de la Comunidad de Rosarito, Municipio de Rosamorada, Nayarit.

La CFE clasificó la información como reservada aludiendo a un proceso deliberativo con las comunidades indígenas y el gobierno de Nayarit. Esta reserva motivó el recurso de revisión que hoy discutimos.

En alegatos, el sujeto obligado agregó que, el 07 de marzo de 2015, recibió una petición de las autoridades representativas de las comunidades en la que se solicita que no se hagan públicos los resultados y la documentación generada, porque se podría hacer uso inadecuado de ella y su vida podría estar en riesgo.

 

Antecedentes del tema 

  • La Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsa el proyecto hidroeléctrico conocido como “Las Cruces”. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se presentó en diciembre de 2013 y en septiembre de 2014 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó de manera condicionada la hidroeléctrica, se menciona como primera condicionante la consulta a los pueblos originarios de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. Actualmente, la Secretaría de Energía evalúa este proyecto,[1] cuyo inicio de operaciones se prevé para 2018.

  • El 60% de los habitantes en la zona, aproximadamente 70 mil personas, son de origen indígena: coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros. Esta zona alberga sus centros ceremoniales y sitios religiosos.

  • México se ha comprometido internacionalmente con el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Estos determinan que el Estado debe garantizar el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas frente a proyectos que puedan afectar su territorio, recursos naturales y forma de vida.

  • Además, nuestro país también firmó el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (Convención Ramsar) y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los cuales establecen el derecho de acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones para controlar o mitigar los efectos ambientales de proyectos de inversión o infraestructura.

Relevancia del caso 

 

Este caso es relevante de acuerdo con la segunda perspectiva establecida por el pleno: 

ii) exponer públicamente casos en función de su importancia y utilidad con respecto a los derechos de las personas.

 

Posicionamiento 

 

Del análisis se desprende que el agravio del particular es fundado porque:

a) Existe información, como listas de asistencia, que no documenta opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos.

 

b) En el caso de información que sí documenta un proceso deliberativo con las comunidades indígenas, se considera de interés público conocerla porque permite verificar que el Estado garantiza su derecho a ser consultadas en decisiones que impactan su forma de vida.

c) El sujeto obligado no aportó elementos suficientes que acreditarían el daño potencial con la publicación de la información.

 

d) La información podría contener datos personales que pudieran hacer identificables a quienes participaron en las reuniones, por lo que debe generarse versión pública de la información.

Una labor de este Instituto es tutelar el derecho de acceso a la información de la población para conocer los posibles riesgos en proyectos de inversión o infraestructura y las medidas que los sujetos obligados prevén para mitigarlos.

 

En relación al caso de la hidroeléctrica Las Cruces existen varios precedentes. El 04 de marzo este pleno resolvió el recurso de revisión RDA 0309/15, sobre los resultados de las consultas públicas realizadas. Se consideró de interés público conocer los resultados del proceso de consulta. La CFE no dio cumplimiento a la resolución de este recurso aludiendo a la solicitud de comunidades indígenas para no publicar la información y, posteriormente, entregó un documento donde se describe de manera general la metodología utilizada para las consultas.

 

En 2014 se resolvieron otros casos relacionados con este proyecto. El recurso RDA 1609/14 contra SEMARNAT respecto a los dictámenes realizados a las evaluaciones de impacto ambiental y el RDA 2156/14 contra la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) respecto a los protocolos, directrices y lineamientos para llevar a cabo las consultas. En ambos casos se instruyó a los sujetos obligados entregar lo solicitado en aras de privilegiar el derecho de acceso a la información.

 

El pasado 10 de abril, durante una reunión de representantes de pueblos indígenas y de la sociedad civil organizada denunciaron que proyectos como el de Las Cruces han sido impuestos por empresas y el Estado sin respetar los derechos de las comunidades afectadas[2] y sin las consultas públicas que debieron realizarse por legislación nacional e internacional. Organizaciones de la sociedad civil como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) confirman lo anterior.[3]

 

Un reporte de la AIDA ante relatores de la ONU, advierte lo siguiente, cito: “El Estado mexicano no garantizó el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas … en la aprobación de los estudios de exploración y factibilidad del proyecto …, ni lo ha garantizado durante la etapa de aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental.”[4]

El mismo reporte indica que la CFE solicitó permiso a autoridades indígenas para realizar estudios de exploración y factibilidad de la hidroeléctrica, pero esto no significa que se haya hecho una consulta pública efectiva. ¿Cumplió con la obligación de acercarse a los representantes del gobierno tradicional e instituciones indígenas? ¿Brindó intérpretes de las lenguas indígenas de la zona? Además, se desconoce si la CFE ha brindado información del proyecto en un formato entendible y públicamente accesible.

 

Según jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,[5] si se omite lo anterior, México incumple la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

 

Para garantizar el derecho de acceso a la información y la participación pública en evaluaciones de impacto ambiental opera un portal con información de consultas públicas de 2015, como parte del compromiso 25 de la Alianza para el Gobierno Abierto, “Protección Participativa del Medio Ambiente”.[6] Sin embargo, aún está pendiente satisfacer las necesidades de información de años previos, como en el caso que nos ocupa.

 

Si la CFE garantizó el derecho a la información y participación pública en las comunidades afectadas, ¿por qué no demostrarlo? La vida cotidiana de los habitantes de la zona en que se desarrollará el proyecto se verá afectada y tienen derecho a contar con información completa sobre ello. Sin este requisito, no es posible afirmar que se han previsto las medidas de mitigación necesarias.

Antes de concluir me permito hacer un llamado a los sujetos obligados respecto a la clasificación de información y en relación a las justificaciones de la CFE para reservar la información de este caso argumentando una prueba de daño insuficiente.

 

En este sentido, la recién aprobada “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” señala que para clasificar información se debe aplicar en todo momento una prueba de daño. Particularmente, el artículo 104 establece parámetros puntuales que deben cumplirse para aplicarla. El llamado es a los sujetos obligados a no esperar la entrada en vigor de esta Ley, sino a garantizar desde ahora el derecho de acceso a la información respetando sus principios.

 

Propuesta 

 

Se propone REVOCAR la respuesta del sujeto obligado e instruirle a que ponga a disposición del particular en versión pública lo relativo a las actas notariales, constancias, minutas, listas de asistencia, video o audio grabaciones en que consten las reuniones de consulta de opinión sobre el Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, realizadas en la Comunidad Rosarito, Municipio de Rosamorada Nayarit, durante el mes de diciembre de 2014.

 

Anexo 1. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

i) La divulgación de la información representa un riesgo legal, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

ii) El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y

iii) La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio.

 

Anexo 2. Nota del cumplimiento del RDA 0309/15 vs CFE. FJALL

Respecto a las consultas realizadas a los pueblos indígenas se solicita: i) los resultados de la encuesta, ii) la metodología utilizada y iii) empresa que levantó la encuesta.

El sujeto obligado clasificó la información, refirió que de otorgar acceso a la información solicitada, complicaría las negociaciones sociales y económicas que realizan los entes citados, además, afectarían las recomendaciones o puntos de vista que forman parte de un proceso deliberativo.

El Pleno resolvió REVOCAR la respuesta instruyendo entregar versión pública.

 

En un principio la CFE no dio cumplimiento a la resolución de este recurso aludiendo a una solicitud de las comunidades indígenas para no publicar la información. En seguimiento al cumplimiento, la CFE entregó un documento donde explica principalmente los puntos ii) y iii) de la solicitud. En este documento de cumplimiento señala, entre otros puntos, que:

  • CFE realizó la consulta junto con la CDI, lo que se hizo de acuerdo con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

  • Dentro de la metodología detalla un punto en el que se plantea “Establecer la ubicación geográfica de los sitios sagrados relacionados con el proyecto, para su posible reubicación o respeto de no afectación”. Hubo un recorrido en el que se identificaron los sitios sagrados, la mayoría ubicados fuera de la zona de obras, otros serían reubicados.[7]

  • Se conformó un “Grupo Operativo” mismo que tuvo una reunión con las autoridades de las poblaciones indígenas de cada comunidad para informar el interés de llevar a cabo la consulta y se elaboró el Programa de reuniones de Consulta.

  • Se definió el programa de visitas el 24 de julio de 2013 y se envió convocatoria a la población.

  • Se tuvo la participación de intérpretes de lengua Cora, Huichol y Mexicanero.

  • Se incluyó el calendario de consultas. En Rosarito fueron en agosto y septiembre ¿de 2013?

  • En total hubo 36 reuniones de consulta en la que participaron 2,138 habitantes.

  • 32 de los 33 anexos manifestaron su conformidad con el proyecto.

Este caso se relaciona directamente con el recurso RDA 0973/15, en el que se pide información de: actas notariales, constancias, minutas, listas de asistencia, video o audio grabaciones en que consten las reuniones de consulta de opinión, llevadas a cabo en diciembre de 2014.[8]

 

 

Referencias:

 

[1]http://app1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/nay/estudios/2013/18NA2013E0006.pd

[2] Reunión llevada a cabo en la ciudad de Oaxaca. http://www.educaoaxaca.org/1599-pronunciamiento-del-encuentro-de-experiencias-de-consulta-ante-proyectos-de-infraestructura-y-desarrollo.html

[3] http://www.cemda.org.mx/03/proyecto-hidroelectrico-de-la-cfe-en-nayarit-amenaza-manglares-de-importancia-internacional/;http://www.cemda.org.mx/02/comunidades-indigenas-de-nayarit-rechazan-proyecto-hidroelectrico-de-la-cfe/;http://www.cemda.org.mx/04/construye-cfe-presa-en-nayarit-de-manera-ilegal/

[4] http://www.aida-americas.org/sites/default/files/Informe_ONU_Actualizacio%CC%81n_Las_Cruces_Final.pdf

[5] Casos del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador y del pueblo Sarawaka vs. Surinam

[6] Disponible en semarnat.gob.mx/impacto-ambiental/consultas-publicas

[7] Los de San Blasito, por ser de uso local o familiar.

[8] La fecha (diciembre de 2014) no coincide con el calendario proporcionado por CFE (13 de agosto y 24 de septiembre ¿de 2013?).

 

 

  • Aquí puedes consultar la versión estenográfica completa de la sesión (mi intervención comienza en la página 34).

  • Comparto audio completo de la sesión. 

  • Aquí comunicado del inai al respecto. 

  • Comparto fragmento de video con mi participación en el pleno. 

 

 

 

 

 

 

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