ISSSTE deberá entregar Acuerdos de reestructura a créditos hipotecarios


Ciudad de México, 20 de mayo de 2015.

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Folio de la solicitud: 0063700025215

Número de expediente: RDA 0623/15

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

El caso

El particular solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) los Acuerdos de los últimos diez años, en los que se haya aprobado la restructuración de créditos hipotecarios.

En respuesta, el ISSSTE entregó al particular los seis acuerdos listados por el Coordinador, dos de los cuáles fueron entregados en versión pública, en la que se testaron los datos relativos al nombre y Registro Federal de Causante (RFC) de los acreditados.

El particular no estuvo de acuerdo con la clasificación de datos de estos dos acuerdos, por lo que interpuso recurso de revisión. En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta.

Antecedentes del tema

  • En 2008, una auditoría de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), puso al descubierto una red de corrupción, dedicada al otorgamiento presuntamente ilegal de créditos hipotecarios. Las investigaciones arrojaron que entre 2008 y 2011, se otorgaron casi 4 mil 500 créditos hipotecarios “fuera de norma” a servidores públicos del Estado mexicano.[1]

  • La SFP interpuso denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar los casos. Año y medio después, el FOVISSSTE tomó medidas para revisar los créditos que ocasionarían un desfalco por más de mil 500 millones de pesos.[2]

  • Las averiguaciones previas iniciadas[3] informan que, presuntamente, trabajadores del FOVISSSTE coludidos con Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) con las que el FOVISSSTE suscribió convenios, se prestaron a alterar los datos de los trabajadores en los registros correspondientes para otorgarles créditos por encima de su capacidad de pago.[4]

  • El FOVISSSTE buscó establecer acuerdos de restructuración de los créditos. Al 2013, se atendieron mil 504 casos y no se consiguieron acuerdos para el resto, 3 mil 342. [2]

  • El 31 de julio de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante queja de 478 trabajadores, resolvió que en estos hechos se violaron derechos humanos de decenas de afectados por este presunto fraude. Asimismo, emitió recomendación para que el FOVISSSTE dejara de presionar a los trabajadores para pagar el excedente del adeudo, contemplara alternativas viables para solucionar el conflicto y supervisara debidamente a las sociedades financieras con las que tiene convenio.[5]

Relevancia del caso

Este caso es relevante de acuerdo con la segunda perspectiva establecida por el Pleno del INAI para la discusión de recursos en público:

ii) Exponer públicamente casos en función de su importancia y utilidad con respecto a los derechos de las personas.

Posicionamiento

De acuerdo al análisis, el agravio del particular resulta parcialmente fundado porque:

a) Por un lado, no es procedente clasificar el nombre de los acreditados, pues los créditos consisten en prestaciones que se otorgan con recursos del erario federal a servidores públicos y para cuyo otorgamiento se requiere de ciertos requisitos.[6]

b) Sin embargo, es necesario proteger los datos del RFC.

El caso es fundamental en materia de transparencia porque:

La auditoría de la SFP y las averiguaciones previas de la PGR son evidencia de que los créditos fueron aprobados por autoridades que evitaron u omitieron revisar e integrar debidamente los expedientes de cada trabajador. Esto violentó el derecho a la vivienda digna salvaguardado en el artículo 4° constitucional, así como los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, según lo declarado por la CNDH.

Estamos ante un caso de relevancia nacional, tomando en cuenta el número de trabajadores afectados y que los créditos otorgados provienen de recursos públicos. Para la defensa de los derechos vulnerados, es necesario que los trabajadores afectados conozcan las condiciones en que se renegociaron los créditos otorgados, las sanciones interpuestas contra los servidores públicos responsables, así como las acciones tomadas para que las instituciones financieras no se presten a posibles actos de corrupción.

La vivienda es una de las necesidades básicas del ser humano. En consecuencia, el Plan Nacional de Vivienda 2014-2018 busca superar las áreas de oportunidad arrastradas por la política nacional de vivienda, sobre todo, en la facilidad de acceso a fuentes de financiamiento público que garanticen este derecho.

En 2012, el déficit habitacional del país era de más de 15 millones de viviendas. Esto implica que este número de viviendas presentan carencias en cuanto a materiales de construcción, hacinamiento o falta de conexión a servicios básicos indispensables. Para resarcir dicho déficit, ha prevalecido la construcción de viviendas nuevas gracias a créditos otorgados mediante sistemas de financiamiento público.[7] En cuanto a servidores públicos del Estado mexicano, se han anunciado acciones al respecto. Menciono algunas:

  • En 2014, la Cámara de Diputados reformó la Ley del ISSSTE para que los servidores públicos cuenten con acceso a un segundo crédito hipotecario, una vez liquidado el primero, con la finalidad de mejorar las condiciones para el otorgamiento del crédito.[8]

  • El 7 de agosto de 2014, el gobierno federal anunció el crédito “Nuevo FOVISSSTE en pesos” que aumenta la oferta de crédito del Fondo. Esta modalidad prevé cofinanciamiento con la banca privada, se otorga a tasa fija y sin la necesidad de participar en ningún sorteo.[9]

  • Para 2015, FOVISSSTE prevé el otorgamiento de más de 114 mil financiamientos y una inversión programada de 38.2 mil millones de pesos.[10]

¿Qué garantías tienen los más de 3 millones 600 mil trabajadores del ISSSTE y la sociedad en general de que no se especulará con los recursos públicos asignados para facilitarles formar un patrimonio? Ninguna de estas medidas estará cumplida debidamente sin previsiones de transparencia que informen sobre la administración adecuada de recursos públicos y el cumplimiento efectivo de las responsabilidades de los servidores públicos encargados.

El antecedente de la red de corrupción ya expuesta, fortalece la necesidad de incluir previsiones de transparencia en el otorgamiento de créditos hipotecarios para trabajadores del Estado. Ya están especificadas en la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, que establece los lineamientos que permiten la comparación de los términos, condiciones y características de los diferentes tipos de financiamientos a la vivienda. Hace falta hacerlas del conocimiento general y reforzarlas.

La transparencia debe formar parte de cualquier política de vivienda. Ayuda al Estado a rendir cuentas sobre las acciones que toma para garantizar vivienda digna a su población, entendiendo por ésta no sólo una que puedan comprar, sino que satisfaga sus necesidades.

Propuesta

Se propone modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle entregar al particular nuevas versiones públicas en las que teste únicamente el dato relativo al RFC de los acreditados con restructuración de crédito, con fundamento en el artículo 18, fracción II de la LFTAIPG.

Referencias:

[1]http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/agosto-2010/comunicado-030810.html

[2]http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2013/impreso/fraude-millonario-en-creditos-de-fovissste-43176.html

[3] Averiguaciones previas PGR/UEIDFF/FINM06/173/2009 y PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XII/20/2010.

[4]http://www.jornada.unam.mx/2012/01/06/sociedad/037n1soc;http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf13/issste_6a.pdf yhttp://www.jornada.unam.mx/2013/10/14/politica/024n1pol

[5] Expediente CNDH/4/2011/6822/Q.http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2012/REC_2012_060.pdf

[6] Las fracciones III y V del artículo 3 de la LFTAIPG establece que la “información documental” es todo aquello que registra el actuar de los servidores públicos. Estos documentos son el insumo que permite a la población verificar que los servidores públicos hicieron bien su trabajo. En particular, no testar los nombres en este caso permitirá hacer identificable a los sujetos y cruzar información para evaluar si los servidores públicos actuaron bajo las leyes pertinentes durante la reestructuración de los créditos.

[7] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342865&fecha=30/04/2014

[8]http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2014/11-Noviembre/06/8927-Reforman-diputados-Ley-del-ISSSTE-para-que-servidores-publicos-cuenten-con-acceso-a-un-segundo-credito-hipotecario-una-vez-liquidado-el-primero-de-ellos

[9] http://www2.issste.gob.mx:8080/index.php/pensiones/242-instituto/comunicacion-social/comsocial-comunicados2014/2173-comsocial-comunicados-com0031-2014

[10]http://www.conavi.gob.mx/images/documentos/reportes_coyuntura/2015/Reporte%20Enero%202015.pdf

Aquí puedes consultar la versión estenográfica completa de la sesión (mi intervención comienza en la página 33).

Aquí el audio completo de la sesión.

#ISSSTE #INAI #ServidoresPúblicos #Vivienda #Créditos #AccesoalaInformación #Transparencia

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