PGR deberá informar sobre devolución de equipo de fútbol a empresa relacionada con Oceanografía

September 15, 2015

 

Ciudad de México, 15 de septiembre de 2015 

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Procuraduría General de la República (PGR)

Folio de solicitud:  0001700219215 

Número de expediente:  RDA 4074/15 

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

 

El Caso:

 

El particular solicitó a la  Procuraduría General de la República conocer cómo concluyó el proceso penal federal relacionado con el equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro y por qué el equipo volvió a ser propiedad de la empresa AJL Fútbol del Golfo.

La PGR informó que no contaba con información referente al proceso penal federal, toda vez que la averiguación previa se encuentra en trámite y orientó al particular a dirigirse al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por ser la autoridad que administró la propiedad del equipo cuando se abrió la averiguación previa relacionada. 

Relevancia del caso: 

Este caso es relevante de acuerdo con la cuarta perspectiva establecida por este Pleno: expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y de la transparencia.

 

Posicionamiento

 

De acuerdo al análisis del caso, esta ponencia considera que el agravio de el particular resulta: 

1.- Infundado en cuanto a la aclaración de la conclusión del proceso penal federal. El sujeto obligado sí informó sobre el estatus de la averiguación previa.

2.- Fundado en cuanto a la omisión del motivo por el cual se regresó el equipo de soccer a la empresa propietaria. Esta ponencia encontró indicios en la prensa nacional de que el SAE fungió del 8 al 29 de mayo de 2014 como administrador de las empresas propiedad de Oceanografía, S. A. de C. V., entre ellas AJL Futbol del Golfo, luego de que fuera intervenida por la PGR como parte de una investigación. Esta información se refuerza con la respuesta del sujeto obligado, quien reconoció haber autorizado al SAE devolver la administración de AJL Fútbol del Golfo, propietaria del equipo.

Además, se revisó la normatividad y si bien aplica la orientación que la PGR hizo al particular de dirigir su solicitud al SAE, lo cierto es que no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas que pudieran atender la solicitud del particular y debe contar con el documento denominado “orden de devolución” que remitió al SAE para autorizar el regreso de la empresa AJL Futbol del Golfo a su representante legal.

 

El análisis de la ponencia demuestra que este recurso se relaciona con la investigación que la PGR realiza a la empresa Oceanografía por presunto lavado de dinero. Esta empresa fue la principal contratista de Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. De 2003 al 2013 le fueron otorgados 112 contratos. Desde 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió irregularidades en su forma de operar.

En 2014, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la empresa para sostener procesos de contratación con el gobierno federal por identificar operaciones en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y un presunto fraude en contra de Citigroup-BANAMEX que involucraba a PEMEX.[1] La PGR aseguró los bienes de la empresa y transfirió su administración al SAE.[2] Entre dichos bienes se ubicó la empresa AJL Fútbol del Golfo, propietaria del equipo Gallos Blancos de Querétaro.

La PGR reconoció que no se encontró relación con la investigación de Oceanografía e instruyó al SAE restituir la empresa AJL Fútbol del Golfo a su propietario Amado Yáñez. Un día después, Amado Yáñez la vendió. En respuesta a una solicitud de información, el SAE aclaró que sólo administró el equipo y no participó en ningún proceso de enajenación o venta relacionado con éste.[3]

El caso que hoy presento es un llamado claro a que una institución de procuración de justicia rinda cuentas. El solicitante busca conocer el fundamento de por qué no se relacionó a la empresa AJL Futbol del Golfo con la investigación de Oceanografía y qué llevó a la restitución de la misma por parte de su entonces propietario. Existe desconfianza sobre la validez de estos fundamentos y, por tanto, se requiere información al respecto. El hoy recurrente  ejerce su derecho de acceso a la información pública para exigir a la PGR que demuestre que cumplió con sus atribuciones. Todas las decisiones y acciones que lleva a cabo una institución de gobierno deben quedar debidamente documentadas para que exista evidencia de su legalidad e integridad.

El contexto de desconfianza hacia las instituciones públicas es ya conocido; en México, esto es aún más marcado en cuanto a las instituciones de procuración de justicia. De acuerdo con el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, en lo que se refiere al Estado de derecho y acceso a la justicia encontramos que 6 de cada 10 mexicanos consideran que la ley se respeta poco o nada.[4] Además, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, el 51.4% de la población desconfía de las labores que lleva a cabo la PGR.[5] 

La transparencia y el acceso a la información pública sirven para comprobar que las instituciones públicas trabajamos en beneficio de la población. La función de la información pública es que la ciudadanía vea una relación entre su vida cotidiana y las decisiones del Estado. La confianza volverá si los servidores públicos y las instituciones se encuentran ahí cuando se les requiere o cuando permitan que la ciudadanía se implique en las acciones de gobierno. La exposición de este caso tiene como objetivo llamar la atención de los sujetos obligados sobre la importancia de que por medio de la transparencia y el acceso a la información pública contribuyan a recuperar esta confianza. 

 

Propuesta:   

Por lo anterior, esta ponencia propone MODIFICAR la respuesta emitida por la PGR y ordenarle realizar una nueva búsqueda en las unidades competentes, entre las cuales no deberá omitir a la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, a efecto de localizar el documento denominado “orden de devolución” dirigido al SAE, a través del cual solicitó que se devolviera a su representante legal la empresa AJL Futbol del Golfo. En caso de que dicho documento cuente con datos personales o información de carácter patrimonial de la empresa, el sujeto obligado deberá elaborar las versiones públicas respectivas en las que teste la información en términos del artículo 18, fracciones I y II  de la LFTAIPG.

 

Referencias:

http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf[2]http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/doc/envipe2014_09.pdf 

 

[1]http://www.senado.gob.mx/comisiones/oceanografia/docs/Informe.pdf

[2]http://www.sae.gob.mx/es/SalaPrensa/Comunicados/2014/Paginas/SHCP-SAE—SAE-iniciar%C3%A1-pagos-a-trabajadores-de-Oceanograf%C3%ADa.aspx. Los resultados de la investigación contra Oceanografía fueron seguidos hasta mayo de 2015  por una Comisión Especial del Senado. La información está disponible en http://www.senado.gob.mx/comisiones/oceanografia/documentos.php

[3] Recurso de revisión RDA 3714/15.

 

 

 

  1. Aquí puedes consultar la versión estenográfica completa de la sesión (mi intervención inicia en la página 37)

  2. Comparto audio completo de la sesión del pleno.

  3. Comparto comunicado emitido por el inai al respecto.

  4. Comparto fragmento de video con mi participación en el pleno

 

 

 

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