Posicionamiento vs. SESNSP sobre detenciones por posesión de marihuana o narcomenudeo.


El pasado 16 de diciembre de 2015, en el pleno del INAI se presentó y discutió el recurso RDA 6377/15 (ver acta)

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Folio de solicitud: 2210300057915 Número de expediente: RDA 6377/15

El Caso:

El particular solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) bases de datos en formato abierto y documentos sobre el número de personas detenidas por posesión de más de cinco gramos de mariguana o por narcomenudeo hasta el 1° de octubre de 2015. El sujeto obligado declaró inexistente la información solicitada, ante lo cual el particular interpuso recurso de revisión. El Secretariado reiteró su respuesta en alegatos. El análisis de esta ponencia arrojó que el agravio del particular es parcialmente fundado porque el sujeto obligado no siguió cabalmente el procedimiento establecido en la ley de la materia: no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas que pudieran conocer de la solicitud. La respuesta inicial fue elaborada por el Centro Nacional de Información, responsable de las bases de datos del Secretariado Ejecutivo, pero el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana también puede conocer información. Entre sus atribuciones, el Centro puede “requerir a las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo y a las instancias del Sistema la información necesaria para realizar estudios, por sí o por terceros, sobre causas estructurales del delito, distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública”.[1]

Relevancia del caso:

Propongo discutir públicamente este recurso por su relevancia, de acuerdo a segunda perspectiva definida por este Pleno, para exponer públicamente casos en función de su importancia y su utilidad con respecto a los derechos de las personas.

Posicionamiento:

En noviembre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo a favor de un amparo promovido por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, autorizando el consumo de marihuana con fines lúdicos. Esto sienta precedente para que el cultivo, preparación, posesión y transporte de marihuana para uso personal, excluyendo cualquier uso comercial, dejen de ser penalizados.[2] Se abrió así la puerta para que en el debate se expongan y debatan argumentos económicos y de salud pública. La Corte resolvió que la Ley General de Salud que prohíbe el uso y cultivo de marihuana para fines recreativos es parcialmente inconstitucional, pues es contraria al “libre desarrollo de la personalidad” y que “pertenece a la autonomía individual la posibilidad de decidir responsablemente si se desea experimentar los efectos de esta sustancia”.[3]

En particular, la información solicitada es fundamental para analizar el narcomenudeo en el país. La Ley de la materia, aprobada en 2009, elimina las sanciones por la posesión de marihuana y otras drogas, pero los umbrales de tolerancia son muy bajos y permite la criminalización de los consumidores que no necesariamente son adictos. Esto expone a quienes sean detenidos a ser amedrentados por funcionarios corruptos cuando rebasen los umbrales tolerados.[4] A este riesgo se suman otros como la participación en mercados ilícitos, el consumo de sustancias cuya calidad no ha sido verificada o el contacto con el sistema penitenciario, donde existe una alta prevalencia de enfermedades contagiosas graves como la hepatitis y el VIH/SIDA”.[5]

Algunas voces se han levantado, tanto en México como en otros países, para argumentar que es necesario reorientar el gasto gubernamental hacia intervenciones para reducir la demanda y los daños. Éstas podrían ser menos costosas y más efectivas. El fallo de la Suprema Corte ha detonado el debate público y frente a estas propuestas, las autoridades competentes están obligadas a considerarlas y evaluar si conviene incorporarlas al marco legal y las políticas públicas de seguridad, salud y educación pública. Esto significa un ejercicio de revisión en ambos sentidos que debe ocurrir mediante la discusión informada y participativa, en que estén involucrados actores de todos los poderes y niveles de gobierno, así como de la ciudadanía.

En este contexto, el Ejecutivo federal anunció el Debate nacional sobre la legalización de la marihuana, que se llevará a cabo desde la tercera semana de enero hasta la tercera semana de marzo de 2016. Se comprometió a impulsar un debate “responsable y plural”. En el mismo sentido, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos enfatizó que es necesario proteger los derechos humanos y usar evidencia científica.[6] Según sus atribuciones, cada sujeto obligado involucrado debe generar y suministrar información para enriquecer el debate y favorecer la toma de decisiones que permita identificar la magnitud del problema público que enfrentamos y las mejores políticas públicos para solucionarlo.

No puede haber debate sin información y no es posible tomar decisiones sin evidencia. El recurso que ahora expongo demuestra que hay vacíos de información. La que solicita el particular daría luz sobre las capacidades institucionales para distinguir entre consumidores, farmacodependientes y vendedores de droga, y para destinar adecuadamente los recursos humanos y materiales del Estado para combatir a la delincuencia. La necesidad de conocer esta información estadística ha sido destacada por académicos del Programa de Política de Drogas del CIDE. En una evaluación de las políticas del combate al narcomenudeo de 2007 a 2012, señala que desde entonces esta información no está disponible.[7]

Propuesta:

Esta ponencia considera que el INAI debe garantizar el derecho de acceso a la información de la población, en particular, cuando ésta será el insumo indispensable para un debate nacional que podrá marcar el rumbo de las libertades y el Estado de derecho en nuestro país. Por lo tanto, propone MODIFICAR la respuesta proprocionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e instruirle realizar una nueva búsqueda exhaustiva de bases de datos en formato abiertos y documentos sobre el número de personas detenidas por posesión de más de 5 gramos de mariguana o por narcomenudeo hasta el 01 de octubre de 2015, en todas las unidades administrativas competentes, dentro de las cuales no podrá omitir al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Deberá entregar al particular la documentación relacionada con el desglose requerido.

Refernecias:

[1] Reglamento del SESNSP, fracción XIX del artículo 13. [2] http://es.scribd.com/doc/285578870/Analiza-la-Corte-avalar-consumo-personal-de-mariguana-Documento [3] http://horizontal.mx/diez-puntos-sobre-la-legalizacion-de-la-marihuana/ [4] nexos.com.mx/?p=15501 [5] http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Global_Commission_Report_Spanish.pdf [6] http://www.sinembargo.mx/13-12-2015/1571885; http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/10/21/bienvenido-debate-sobre-despenalizacion-de-marihuana-cndh [7] http://ppd.cide.edu/documents/302668/0/Libro%209.pdf

Posicionamiento de esta ponencia en video:

Aquí puedes consultar la versión estenográfica completa de la sesión del 16 diciembre 2015

Notas relacionadas:

http://www.jornada.unam.mx/2015/12/17/politica/010n2pol

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/12/16/snsp-debera-informar-sobre-arrestos-por-posesion-de-marihuana

http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/revelara-snsp-numero-de-detenidos-por-poseer-mas-de-cinco-grs-de-marihuana-o-narcomenudeo-623

#INAI #Cannabis #narcotráfico #SESNSP #AccesoalaInformación #Transparencia #Drogas

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