La PGR deberá entregar declaraciones ministeriales del ex Presidente Luis Echeverría Álvarez y otros implicados en la Guerra Sucia

January 25, 2017

 

Ciudad de México a 25 de Enero de 2017

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Procuraduría General de la República 

Folio de la solicitud: 0001700310616

Número de expediente: RRA 4445/16

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

 

El caso

 

Un particular solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) copias simples de las declaraciones ministeriales dentro de la Averiguación previa AP PGR/FEMOSPP/02/2002 de Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropeza, Miguel Nazar Haro, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle y Alonso Aguirre Ramos. 
En respuesta, el particular recibió ligas electrónicas sobre comunicados de prensa, así como se le puso a disposición en copia simple y previo pago de los derechos correspondientes, las versiones públicas de las declaraciones ministeriales. Se le aclaró que se reservarían los datos de los servidores públicos que prestaron servicios sustantivos a la Institución y se testarían, por ser confidenciales, datos personales como nombre, edad, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, ocupación, trayectoria laboral, CURP, RFC, números telefónicos, religión, instrucción escolar, rasgos fisonómicos y todos aquellos tendientes a su identificación. El acta del Comité de Transparencia confirmando la reserva y la confidencialidad declaradas estaría disponible en su portal en cuanto estuviera formalizada. 
Inconforme, el particular impugnó la respuesta por no tener claro cuáles datos serían clasificados como reservados y confidenciales. Pidió se le explicara si la reserva declarada incluía los nombres de las cinco personas ya mencionadas, así como los de servidores públicos y personal militar que participaron en el periodo de la Guerra Sucia. En alegatos, la PGR aclaró que la clasificación de confidencialidad no aplica a los nombres de las personas ya mencionadas. 
Esta ponencia realizó un requerimiento de información adicional a través del cual la Procuraduría aclaró que se testarían:
i. Los nombres y firmas de Agentes del Ministerio Público de la Federación de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), por dos razones:
a. Porque los harían identificables poniendo en riesgo su vida, sus funciones y sus familiares.
b. Porque si bien no pertenecen a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, también conocieron de delitos del fuero federal, inclusive de delincuencia organizada. Esto se debe a que no requieren especialización en su función y pueden intervenir en cualquier etapa del proceso penal, no sólo como investigadores. Además, pueden ser rotados de área de adscripción en cualquier momento, según lo requiera la institución.
ii. Los datos personales de testigos, víctimas e inculpados. 
Asimismo, reiteró que no se testarían los nombres de Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropeza, Miguel Nazar Haro, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, Alonso Aguirre Ramos, porque ya son del dominio público en tanto fueron servidores públicos de alto rango.

 

Análisis

 

El análisis del caso arroja que es posible sobreseer en parte el presente recurso de revisión porque la inconformidad del particular sobre la clasificación de los nombres de estas cinco personas quedó resuelta. 
I. En cuanto a los nombres y firmas de servidores públicos, si bien este Instituto ha validado que los nombres de Ministerios Públicos adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada pueden ser clasificados, en este caso, a los agentes de la FEMOSPP no se les puede vincular de manera específica con labores de combate a la delincuencia organizada. Por ello, no se acredita que exista un riesgo real, demostrable e identificado a la vida y seguridad de estas personas. Por lo tanto, no se debe reservar estos datos. 
II. En cuanto a los datos de testigos, víctimas e inculpados, estos sí deben ser clasificados como confidenciales. 
Por lo anterior, el agravio del recurrente es parcialmente fundado.
Posicionamiento
Este pleno ha discutido en varias ocasiones recursos de revisión relacionados con la Guerra Sucia y las represiones estudiantiles de 1968 y 1971, capítulos oscuros de nuestra historia. Hemos coincidido en que el derecho de acceso a la información puede ayudarnos a reconstruir la verdad para reparar y no repetir el pasado.
Diversas investigaciones han señalado el posible papel de Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropeza, Miguel Nazar Haro, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle y Alonso Aguirre Ramos en los periodos que ya mencioné. Hasta la fecha, no se ha esclarecido si estas presunciones son ciertas. El derecho de acceso a la información pública permite a la población conocer documentos de nuestra historia para promover la rendición de cuentas, pero también para contribuir a escribir o reescribir la historia política reciente de nuestro país desde distintas perspectivas y con distintas miradas. Sin la información de esos documentos esto no será posible entender el pasado para cambiar el presente y redefinir el rumbo del futuro. 
Pero enfrentamos más desafíos. Una vez que culmine la investigación que involucra las declaraciones ministeriales que solicitó el recurrente, debemos asegurarnos que los documentos estén disponible en el futuro para la población y también para los historiadores que sigan indagando el pasado reciente de nuestro país. Para ello es necesario que exista armonía entre los marcos normativos de acceso a la información, protección de datos y archivos. 
México tiene una deuda con la memoria y ésta sólo podrá ser saldada con los marcos normativos que brinden los insumos para garantizar el derecho a la verdad y la procuración de justicia, es decir, para atajar la impunidad.

 

Relevancia del caso:

 

Actualmente, se halla en discusión una iniciativa de Ley General de Archivos que ha sido ampliamente discutida por especialistas y que será motivo de revisión en el evento que organizan el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Archivo General de la Nación y el INAI: Balance sobre la iniciativa del a Ley General de Archivos. [1] Uno de los puntos a destacar es que la iniciativa, tal cual está propuesta podría afectar la investigación histórica. El llamado en general es a incorporar previsiones claras para garantizar la conservación y plena consulta de los archivos históricos, así como para fortalecer la independencia y la profesionalización de quienes los gestionan. Algunos puntos destacados en el debate son los siguientes: 1) se requieren líneas claras para definir criterios y plazos para desclasificar los datos personales que se testarían en los documentos históricos; 2) definir qué documentos son históricos; 3) qué actores están facultados para definirlos y valorarlos como tales.
La memoria histórica del país se constituye a partir de los archivos de las instituciones públicas. El caso que hoy expongo demuestra que el acceso a ellos y su gestión, también es fundamental para garantizar el ejercicio del derecho a la verdad sobre posibles violaciones graves de los derechos humanos. Tal como este Instituto expresó en el decálogo que presentó al Senado de la República en diciembre de 2016, “el ejercicio de este derecho no debe estar supeditado a normatividad diversa a la Ley General de Archivos, en razón de que el Estado tiene la obligación de proporcionar la información de manera confiable, veraz y oportuna a quienes legítimamente hagan uso de ese derecho, que por lo general son víctimas, familiares o la sociedad agraviada en su conjunto”. [2]
Los especialistas lo han señalado: no es posible escribir historia sin archivos y tener archivos sin historia. [3] La información pública de los archivos nos ayudará a construir la verdad de hechos como la Guerra Sucia y las represiones estudiantiles de 1968 y 1971 de forma plural e incluyente. Es nuestro derecho y la clave para que nunca más sucedan atrocidades en nuestro país. Combatir la impunidad del pasado es combatir la impunidad del presente. Demos a nuestros hijos los medios para saber que es posible un México justo, sin impunidad.

 

Propuesta

 

Por estas razones, se propone MODIFICAR la respuesta de la PGR e instruirle entregar al particular, previo pago, copia simple en versión pública de las declaraciones ministeriales solicitadas, en las que deberá testar únicamente los datos personales de los testigos, víctimas e inculpados. Deberá acompañar con la respectiva resolución de su Comité de Transparencia, en la que funde y motive la clasificación de los datos personales referidos. 

 

Referencias

1.  http://rendiciondecuentas.org.mx/pronunciamientos-contra-ley-general-de-archivos/ 

2.  http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-381-16.pdf 

3.  http://rendiciondecuentas.org.mx/que-es-la-ley-general-de-archivos-y-por-que-pone-en-peligro-la-rendicion-de-cuentas/ 

 

 

  • Comparto Versión estenográfica de la sesión del pleno del INAI del día 25 de Enero del 2017. Mi participación comienza en la página 68. 

  • Aquí comparto del audio de la sesión del pleno.

  • Comparto comunicado relacionado con el recurso

  • Comparto fragmento de video sobre mi participación en el pleno.  

 

  • Comparto notas relacionadas al recurso

http://www.milenio.com/policia/ministro-abrir_datos-desapariciones-victimas_de_la_guerra_sucia-milenio_0_893910619.html

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/01/31/pgr-debera-entregar-declaraciones-echeverria-sobre-guerra-sucia

http://www.informador.com.mx/mexico/2017/705056/6/la-pgr-debe-dar-a-conocer-declaraciones-de-luis-echeverria-inai.htm

http://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/01/31/ordena-inai-a-pgr-publicar-declaraciones-de-luis-echeverria-sobre-guerra-sucia

 

  • Te invito a leer mi columna de esta semana a través de @AtTimesMx#InformaciónEsPoder. 

http://attimes.mx/notas.php?id=11518

 

  • Mi #VideoColumnaJSS de esta semana va sobre este posicionamiento. Consúltala aquí: 

http://attimes.mx/notas.php?id=11604

 

 

 

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