SESNSP deberá dar a conocer el nombre y número de corporaciones policíacas del país.

December 4, 2017

 

Ciudad de México a 4 de Diciembre de 2017

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: SESNSP

Folio de la solicitud: 2210300070117

Número de expediente: RRA 7091/17

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

 

El caso

 

El particular solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) conocer el nombre y número de las corporaciones policíacas del país desglosadas entre las federales, estatales y municipales. En respuesta, el Secretariado informó que cuenta con una base de datos llamada Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública donde se almacenan los datos de todo el personal adscrito a la seguridad pública en el país, pero dicha base no proporciona información con el detalle solicitado. Inconforme, el particular impugnó la inexistencia de la información, la cual fue reiterada por el Secretariado en alegatos.

 

En análisis

 

Tras analizar el caso, esta ponencia identificó que el Secretariado hizo una búsqueda restrictiva de la información. Si bien es cierto que informó sobre las limitaciones del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, esta ponencia identificó que, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las autoridades competentes de la federación, Ciudad de México, los estados y los municipios deben inscribir y mantener actualizados permanentemente en el registro los datos relativos a los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Además, el Secretariado provee de fondos de ayuda federal a los estados y municipios y debe contar con información del número y nombre de las corporaciones policíacas a las que ha entregado recursos. Por lo tanto, el Secretariado sí podría conocer la información solicitada. En consecuencia, se considera fundado el agravio del particular.

 

Posicionamiento

 

Elegí este recurso para su discusión pública porque nos permite hablar de uno de los principales problemas del país: la inseguridad. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), siete de cada diez personas considera que México no es seguro.[1] Además, el problema se está agravando. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que octubre de este año ha sido el mes más violento en dos décadas.[2] En 2017, 23 de las 32 entidades registraron un incremento en los homicidios dolosos y entre enero y octubre los robos con violencia crecieron en más de 50 mil casos, un aumento de aproximadamente 38% en relación con 2016.[3]

 

Asimismo, la confianza hacia la policía en los distintos órdenes de gobierno es baja. De acuerdo con el reporte de 2017 del Latinobarómetro, solo 21% de los mexicanos confía en las agencias policíacas, el porcentaje más bajo en toda la región.[4] Además, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2016), las policías son, junto con el ministerio público, las instituciones vinculadas con seguridad menos confiables.[5] Esto revela que la población no está satisfecha con la forma en que las corporaciones policíacas están desempeñando su función.

 

En este contexto es necesario poner en práctica políticas que den al Estado las capacidades suficientes para reducir y controlar la inseguridad en el país. La optimización de las evaluaciones de control de confianza, la instauración de fiscalías independientes, la gendarmería, la Coordinación Nacional Antisecuestro y creación del Mando Único[6] han sido respuestas del gobierno para establecer una nueva estructura dentro del sistema policial que permita construir comunidades más seguras.[7] Sin embargo, todavía existen limitaciones. El propio Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha reconocido que es necesario aumentar el número de policías y mejorar el entrenamiento que reciben.[8]

 

Los ciudadanos deben contar con toda la información necesaria para analizar si las medidas anteriores se están implementando adecuadamente e, incluso, si son las más apropiadas para solucionar el problema de seguridad. La información también les permitirá detectar áreas de oportunidad y colaborar con las autoridades para construir mejores políticas públicas. Experiencias internacionales, como la colombiana, sugieren que la colaboración entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad puede ayudar a reducir delitos como homicidios, asaltos y extorciones.[9]

 

La información pública es una herramienta que puede ayudar a garantizar la seguridad. Por un lado, permite a las agencias policíacas demostrar que cuentan con las capacidades necesarias, como personal, equipo y entrenamiento, para reducir la violencia y la inseguridad. También les da la oportunidad de justificar sus acciones y estrategias para solucionar las carencias existentes. Por otro lado, le proporciona elementos a la ciudadanía para realizar diagnósticos, monitorear a las autoridades, llamarlas a rendir cuentas y colaborar con ellas para proponer nuevas soluciones. No podemos permitir que la tendencia actual de incremento en la violencia continúe.

 

Relevancia del caso

 

Este recurso cobra importancia ante la posible aprobación del proyecto de Ley de Seguridad Interior en el legislativo federal. En particular porque el artículo 9 del mencionado proyecto de Ley de Seguridad Interior establece que la información que se origine con motivo de la aplicación de esta nueva norma será considerada de Seguridad Nacional y será clasificada en materia de transparencia, por lo cual podría no ser de conocimiento público. Por esta razón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que “a imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia”.[10] Sin duda, nosotros habremos de revisar esta Ley desde la perspectiva de los derechos que tutelamos y, de acuerdo a nuestras atribuciones, anunciar si nos corresponde actuar de alguna manera para garantizarlos plenamente.

 

Propuesta

 

Por estas razones, se propone REVOCAR la respuesta emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e instruirle realizar una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes y, una vez localizada la información, entregarla al particular.

 

 

Referencias

 

[1] http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2015/

 

[2] http://www.animalpolitico.com/2017/11/octubre-mes-mas-violento-homicidios/

 

[3] http://www.animalpolitico.com/2017/11/homicidios-violencia-record-estados/

 

[4] http://www.latinobarometro.org/lat.jsp

 

[5] http://www.animalpolitico.com/blogueros-causa-en-comun/2017/01/12/corrupcion-abuso-policial-apuntes/

 

[6] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/26/1159840

 

[7] http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2016/01/24/mando-unico-policial-problema-o-solucion/

 

[8]http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1259018&md5=ef60690945ae7bacda039c4682c8dcdf&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

http://www.jornada.com.mx/ultimas/2017/11/16/hace-falta-el-doble-de-policias-preventivos-estatales-snsp-4534.html 

 

[9] http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/banco/ANEXO%20II.%20PNVCC.pdf

 

[10] http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_401.pdf

 

 

  • Comparto versión estenográfica completa, mi participación inicia en la pág. 69. 

  • Comparto audio completo de la sesión del pleno. 

  • Comparto comunicado emitido por el INAI al respecto. 

  • Comparto fragmento de video con mi participación en el pleno.

 

 

 

 

 

 

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