PGR deberá abrir información sobre movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 o acreditar su inexistencia

August 20, 2014

 

Ciudad de México 20 de agosto 2014

Dependencia: Procuraduría General de la República @PGR_mx

Folios de las solicitudes: 0001700041214 y 0001700041414

Número de expediente: 1723/14 y 1724/14

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

 

El caso

En el caso que nos ocupa, el RDA 1723/14 y su acumulado RDA 1714/14, el particular solicitó acceso a expedientes relacionados con los hechos del 02 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas y el 10 de junio de 1971 en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás.

Cabe destacar que estos documentos:

  • Fueron desclasificados en 2011 y deben ser conservados por la PGR (antes de pasar al Archivo General de la Nación) hasta 2016.

  • Constan en los índices de expedientes desclasificados del IFAI, lo cual significa que la PGR dio constancia de su existencia al registrarlos.

En el expediente que obra en esta ponencia detectamos que el sujeto obligado turnó la solicitud a la Coordinación General de Investigación –sólo una de las unidades administrativas que podría tener la información–, misma que concluyó que la información era inexistente.

No fue hasta que el ciudadano interpuso un recurso de revisión que el sujeto obligado puso a su disposición más de 19 mil fojas con documentos de la antigua Fiscalía, cuya reproducción en copia simple le hubiera ocasionado un costo mayor a los 9 mil pesos y sin tener la certeza de que estuviera la información solicitada.

 

Antecedentes 

Quiero destacar que el Pleno del IFAI resolvió un caso similar dirigido al mismo sujeto obligado en 2013. Me refiero al recurso RDA 1989/13, sobre expedientes generados por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada en 2002 para investigar casos de personas presuntamente desaparecidas, relacionados con movimientos sociales desde los años 60 hasta principios de los 80. En dicho recurso, la PGR declaró inexistente la información solicitada, respuesta que fue revocada por el IFAI, instruyéndole realizar una búsqueda exhaustiva.

Relevancia del caso

El recurso que expongo en esta sesión, es relevante en función de una de las cuatro perspectivas fijadas por este Pleno para la discusión en público de los asuntos:

iii) Expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y fortalecer la transparencia.

Posicionamiento

Por esta razón, en esta ponencia consideramos necesario hacer hincapié en dos aspectos fundamentales:

 

PRIMERO: Existen omisiones al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los siguientes términos:

  • El sujeto obligado no hizo una búsqueda exhaustiva de la información requerida en todas las unidades administrativas que pudieran tenerla, según lo dispuesto en los artículos 43 de esta Ley; así como en el artículo 70, fracciones I y II de su Reglamento.

  • Asimismo, no se tiene constancia de que se haya emitidoresolución fundada y motivada sobre la inexistencia de la información, conforme a los artículos 46 de la Ley y 70, fracción V de su Reglamento.

De acuerdo con el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México elaborado por el Instituto Nacional Electoral en este año, el 66% de los encuestados consideran que en México existe un estado de derecho ineficaz y que se respeta poco o nada la ley.

En términos de Merilee Grindle podríamos decir que existe una brecha entre la ley y su aplicación. La cito textualmente: “Esta brecha es la disparidad que frecuentemente hay entre lo que se anuncia como política y lo que en realidad se ejecuta…las políticas pueden surgir en un sentido legal y formal, pero esto no asegura que serán efectivamente ejecutadas…si no se atiende la brecha de implementación se puede debilitar la aprobación ciudadana del desempeño gubernamental, provocar decepción cuando las políticas prometidas no son efectivamente ejecutadas o peor, llevar a un cinismo sobre la democracia en general.” [1]

En la medida en la que aseguremos el cumplimiento cabal de nuestra Ley de Transparencia, contribuiremos a la consolidación de nuestra democracia y a recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas.

 

SEGUNDO: La información relacionada con presuntas violaciones a los derechos humanos no sólo debería ser pública, sino que las instituciones depositarias de dicha información tendrían que tratarla de forma especial y aplicarle el principio de máxima publicidad permitiendo su consulta, análisis y estudio de forma oportuna, permanente y expedita.

  • Esta información debe estar siempre presente en la memoria de los mexicanos no sólo como un dato histórico, sino como un recordatorio permanente que garantizar los derechos fundamentales en nuestro país ha sido un sendero difícil de recorrer y sobre el cual debe existir memoria.

  • Quiero resaltar que el hecho de no invocar el principio de máxima publicidad de la información sobre expedientes que contienen evidencia de crímenes contra la humanidad o genocidio como está tipificado en nuestro Código Penal Federal en su artículo 149 Bis contradice nuestra Ley de Transparencia, así como los principios mismos de nuestra democracia.

  • Finalmente, como lo señalé en mis intervenciones del pleno pasado, la labor del IFAI en la defensa de las garantías individuales de los mexicanos es fundamental para mejorar y fortalecer nuestra incipiente democracia. Historiadores, ciudadanos y en general todas las posiciones ideológicas en México, coinciden en que el movimiento del 68 constituye un hito del proceso de transición política hacia la democracia en México, cuyo eje central fue la participación efectiva de la sociedad en los asuntos públicos.

  • Declarar inexistente información fundamental para la vida democrática de nuestro país, es desconocer o negar episodios constitutivos de nuestra historia y negarle el lugar que merece a la memoria de todos los mexicanos que antes o después del movimiento del 68 han dado su vida por lograr un país en el que las libertades civiles y políticas sean plenamente garantizadas dentro de un Estado de Derecho.

Propuesta

Por lo anteriormente expuesto, se propone MODIFICAR la respuesta emitida por la PGR e instruirle a:

  • Realizar búsqueda exhaustiva de la información solicitada;

  • Poner a disposición del recurrente versiones públicas de los documentos solicitados para consulta in situ (sólo cuando sea posible);y

  • Se orienta al ciudadano a solicitar acceso a las 19 mil fojas mencionadas, si es tal su interés.

Finalmente y a propósito de este caso, me gustaría llamar la atención de este Pleno sobrela importancia que implica asegurar que los sujetos obligados cumplan cabalmente con los procedimientos de búsqueda exhaustiva establecidos en el artículo 46 de la Ley de Transparencia y 70 fracción V de su Reglamento y, sólo en el caso excepcional de que la información no obre en sus archivos, declaren la inexistencia debidamente fundada y motivada de ésta.

Por esta razón, quisiera llamar su atención para que como Pleno definamos un criterio para requerir a las unidades administrativas que siguiendo con lo que marca la Ley cuenten con la información requerida, y en aquellos casos en los que se declare la inexistencia de información, se levante un “acta circunstanciada”  en la que se describan, además del fundamento correspondiente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos que llevaron a la inexistencia, así como el servidor público responsable de contar con dicha información.

Dicha acta circunstanciada, a su vez, deberá ser analizada por el Comité de Información a fin de que, primero, se pronuncie respecto de la viabilidad de la inexistencia en cuestión y, segundo, de ser el caso, realice las gestiones necesarias para que el órgano competente deslinde las responsabilidades administrativas correspondientes.

Naturalmente, tanto el acta circunstanciada como el acta de inexistencia deberán formar parte de la respuesta que se dé al solicitante y, de ese modo, éste tendrá la posibilidad de dar seguimiento puntual a las consecuencias que la inexistencia en cuestión hubiere generado.

 

ANEXO: ARTÍCULOS MENCIONADOS

Artículo 43 de la LFTAIPG

La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso. /Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas.

Artículo 70, fracciones I y II del Reglamento de la LFTAIPG.

Los Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los plazos y procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso, el cual deberá desahogarse en el plazo máximo de veinte días hábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 44 de la Ley, incluida la notificación al particular a través de la Unidad de Enlace. En caso de no hacerlo, dicho procedimiento se ajustará a lo siguiente:

  1. Recibida la solicitud, la Unidad de Enlace deberá turnarla a la o las unidades administrativas que puedan tener la información dentro de los dos días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud;

  1. En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidad administrativa deberá notificarlo a la Unidad de Enlace dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud por parte de dicha Unidad, precisando, en su caso, los costos de reproducción y envío de acuerdo con las diversas modalidades que contemplan los artículos 51 y 54 de este Reglamento, o bien la fuente, lugar y forma en que se puede consultar, reproducir o adquirir, así como sus costos, si se tratara del supuesto a que se refieren los artículos 42, tercer párrafo de la Ley, 50 y 52 del Reglamento;

Artículo 46 de la LFTAIPG

Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al Comité de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar, en la dependencia o entidad, el documento solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento solicitado y notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo establecido en el Artículo 44.

Artículo 149-Bis del Código Penal Federal

Comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo.

Por tal delito se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de quince mil a veinte mil pesos. Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades o se trasladaren de ellas a otros grupos menores de diez y seis años, empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será de cinco a veinte años de prisión y multa de dos mil a siete mil pesos.

Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, a quien con igual propósito someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o empleados públicos y las cometieren en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en este artículo se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación.

[1] Merilee S. Grindle, “La brecha de la implementación”, traducción de Carlos González Barragán, en Política pública y democracia en América Latina. Del análisis a la implementación, coordinado por Freddy Mariñez Navarro y Vidal Garza Cantú, 2009, México: Miguel Ángel Porrúa, ITESM, EGAP, CERALE, pp. 33 a 51.

 

 

Aquí el posicionamiento completo de esta ponencia en vídeo:

 

-Escucha aquí el audio completo de la sesión sobre el caso RDA 1723/14 y RDA 1724/14

-Aquí puedes consultar la versión estenográfica completa de la sesión (mi intervención comienza en la página 46).

-aquí acta.

 

 

Notas relacionadas con el tema:

 

-Joel Salas comisionado del INAI en entrevista con Magda González 

http://tv.milenio.com/politica/Salas-Comisionado-IFAI-Magda-Gonzalez_3_383991609.html

 

-PGR deberá abrir la información sobre hechos de 1968 y 1971 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/26/978271

 

-EL IFAI PIDE A LA PGR ABRIR ARCHIVOS SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE 1968 Y 1971 

https://expansion.mx/nacional/2014/08/26/el-ifai-pide-a-la-pgr-abrir-archivos-sobre-los-movimientos-de-1968-y-1971

 

 

 

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