La Procuraduría Agraria deberá informar sobre la transición a la nueva versión del Catálogo Nacional


Ciudad de México a 16 de mayo de 2018

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Procuraduría Agraria

Folio de la solicitud: 1510500006918

Número de expediente: RRA 1920/18

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

El caso

El particular solicitó a la Procuraduría Agraria copia del correo electrónico del 24 de diciembre de 2016 donde se informa la transición a la nueva versión del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios. Mencionó que la información podría encontrarse con los responsables de mejora regulatoria y con los Titulares de los Órganos Internos de Control de la Institución.

En respuesta, la Procuraduría Agraria se declaró incompetente y sugirió al particular presentar la solicitud ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). Inconforme, el particular manifestó como agravio la incompetencia declarada. En alegatos, la Procuraduría argumentó que no cuenta con una unidad administrativa o servidor público responsable de la mejora regulatoria. Dijo que si bien tiene un Órgano Interno de Control, éste depende jerárquica y funcionalmente de la SFP.

En análisis

Tras analizar el caso, esta ponencia concluyó que el agravio planteado por el particular es FUNDADO. La Procuraduría Agraria tiene la facultad de inscribir trámites y servicios ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) quien administra el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios (CNTS). Para ello debe existir un responsable, pues al haber trámites con un alto impacto en la sociedad, cualquier modificación de éstos debe ser valorada y aprobada.

El particular señaló en su solicitud que los responsables de mejora regulatoria y el OIC podrían proporcionar la información que requiere. No obstante, la Procuraduría Agraria debió realizar una interpretación más amplia, pues los particulares no tienen obligación de conocer las unidades administrativas exactas en las que debería realizarse la búsqueda, esto es responsabilidad de los propios sujetos obligados.

Posicionamiento

La Procuraduría Agraria es el organismo descentralizado encargado de los derechos individuales y colectivos de ejidatarios, comuneros, sucesores, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas, posesionarios, colonos, nacionaleros y campesinos en general. Para ello brinda servicios de asesoría jurídica, promueve la conciliación de intereses, realiza gestiones a nombre de los sujetos agrarios ante instituciones para regularizar la propiedad o para lograr autorizaciones de explotación de los recursos en un ejido o comunidad, atiende quejas por violaciones a los derechos agrarios, entre otros.[1]

No podemos escatimar el reto que enfrenta la Procuraduría Agraria, porque en México la superficie total de propiedad ejidal es de 84 millones 705 mil 714 hectáreas y la de propiedad comunal es de 16 millones 308 mil 347 hectáreas, según cifras del Censo agropecuario y ejidal 2016 del INEGI.[2] Ambos tipos de propiedad son la forma de tenencia de la tierra que abarca la mayor superficie del campo mexicano y agrupan a la mayoría de los pequeños y medianos productores del país. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, en 2014 se registraron 5.6 millones de ejidatarios y comuneros.

Los ejidos y comunidades agrarias ofertan una importante producción agropecuaria y en sus suelos están la mayor parte de los montes, áreas forestales, manglares, costas, agua, minas y diversos atractivos naturales. Principalmente, los núcleos agrarios se dedican a la agricultura, la ganadería y la recolección, pero en 9.6% hay explotación forestal y en 0.7%, otras actividades no agropecuarias ni forestales, por ejemplo, turísticas. Sin embargo, existe heterogeneidad en la dotación de recursos para explotarlos y hacerlos sustentables. Solo una cuarta parte de ellos dispone de condiciones productivas adecuadas.

Es importante impulsar su potencial productivo y de generación de servicios con valor económico, así como garantizar la regularización de su propiedad. Esto cobra mayor relevancia dado que los habitantes de algunos de ellos enfrentan condiciones de rezago, pobreza y vulnerabilidad. Precisamente, casi la mitad (47.6 %) se aglutina en cinco entidades: Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, entidades federativas con alto índice de pobreza en el país.[3]

Como parte de la población rural, los habitantes de los núcleos agrarios enfrentan problemáticas como la precarización laboral, con ingresos bajos o ninguno; falta de apoyo a los pequeños productores del campo (de acuerdo con Fundar, entre 2006 y 2012, el 60% de los apoyos al campo fueron dirigidos a tan solo el 20% del padrón de beneficiarios, en realidad, grandes empresas)[4] y el agotamiento de las tierras por sobreexplotación.

Relevancia del caso

La brecha de acceso a información pública también les afecta, lo cual dificulta el conocimiento y ejercicio de sus derechos, entre ellos, los agrarios. Un ejemplo de esto es la brecha digital que existe entre el campo y las ciudades que agrava esta situación. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, de la totalidad de hogares a nivel nacional con acceso a internet, solamente 4.1% está en una población rural.[5] El Catálogo Nacional de Trámites y Servicios (CNTS), al que se refiere este recurso, es de fácil acceso a través de internet y se constituye en un importante punto de contacto entre las autoridades y la población para la consulta y gestión de trámites.[6]

Dado el perfil ya descrito de la población que atiende la Procuraduría Agraria y el potencial de la propiedad ejidal y comunal, es necesario impulsar cualquier medio que facilite a la población recibir información sobre los trámites y servicios que brinda. Esta información pública ayudará a la Procuraduría a demostrar que cumple cabalmente con sus facultades y a los campesinos a conocer sus derechos y defenderlos para mejorar sus condiciones de vida. No olvidemos reconocer la aportación de quienes siembran, cultivan y cosechan el campo mexicano a la vida y la economía del país en general.[7] Desde nuestro ámbito de atribuciones, el INAI puede contribuir a que reciban la información pública que les permita mejorar sus condiciones de vida.

Propuesta

Con esta convicción, esta ponencia propone REVOCAR la respuesta de la Procuraduría Agraria, e instruirle que emita la respuesta que conforme a derecho corresponda, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Referencias

[1]https://www.gob.mx/pa/articulos/que-es-la-procuraduria-agraria-55816?idiom=es

[2]http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/agro/amca/

[3] http://www.colpos.mx/asyd/volumen14/numero1/asd-14-119.pdf

[4] https://elpais.com/especiales/2018/campo-mexicano/

[5] http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2017/default.html

[6] http://www.cofemer.gob.mx/imagenesupload/2014631828manual_tramites.pdf

[7] https://www.gob.mx/siap/articulos/dia-del-trabajador-agricola-5-3-millones-de-personas-en-mexico-se-desempenan-en-este-subsector-107156?idiom=es

Versión estenográfica, mi participación comienza en la pág. 50

Audio completo de la sesión del pleno.

Comparto comunicado emitido por el inai.

Aquí fragmento de video con mi participación en el pleno:

Video de la sesión completa del pleno (mi participación comienza a partir de 2:14:00:

#AccesoalaInformación #Campo #Agrario #ProcuraduríaAgraria #INAI

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