La SEDENA deberá dar a conocer versión pública de expedientes de generales involucrados en la Guerra Sucia en Guerrero

May 23, 2018

 

Ciudad de México a 23 de mayo de 2018

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Secretaría de la Defensa Nacional.

Folio de la solicitud: 0000700012118

Número de expediente: RRA 1410/18

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

 

El caso

 

El particular solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) los expedientes personales íntegros de Mario Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, generales involucrados en la Guerra Sucia en Guerrero.

                                      

En respuesta, la SEDENA señaló que no era posible proporcionar la información requerida pues es reservada y confidencial con base en los artículos 110, fracciones I y V, y 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, respectivamente. Manifestó que su difusión podría comprometer la seguridad nacional y la seguridad interior del Estado mexicano. Asimismo, señaló que algunos datos personales, el número y ubicación de las instalaciones militares, y el nombre y la firma del personal militar contenidos en los expedientes solicitados fueron considerados como información reservada.

 

Inconforme, el particular manifestó como agravio que se clasificara como reservada y confidencial porque lo solicitado se vincula a personas involucradas en violaciones graves a derechos humanos. En alegatos el sujeto obligado reiteró su respuesta.

 

En análisis 

 

Tras analizar el caso, esta ponencia considera que el agravio planteado por el particular es PARCIALMENTE FUNDADO. Resultan procedentes las causales de clasificación y reserva establecidas en los artículos 110 y 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, ya que dicha información está relacionada con la seguridad nacional, la seguridad de las personas y la confidencialidad de datos personales. Sin embargo, lo anterior es válido solo a la porción de información contenida referente al nombre y firma de personal militar y descripción de actividades militares.

 

Posicionamiento

 

Crónicas de periodismo de investigación e informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalan que el General Brigadier Arturo Acosta Chaparro y el General de División Francisco Humberto Quirós Hermosillo fueron militares acusados de cometer asesinatos, torturas, y eliminación de cadáveres durante el periodo llamado “Guerra Sucia” en el estado de Guerrero. Posteriormente, también fueron acusados de tener vínculos con el narcotráfico, específicamente de brindar protección a Amado Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez. [1]

 

La hoy extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) abrió una averiguación previa contra los militares por su presunta responsabilidad de desapariciones, pero declinó a favor de la Procuraduría de Justicia Militar en el año 2000. Ambos acusados fueron detenidos y en 2002, enjuiciados por un Consejo de Guerra por supuestos nexos con el cártel de Juárez y la desaparición y asesinato de 143 personas.[2] Ambos fueron condenados exclusivamente por sus vínculos con el narcotráfico, Acosta a 15 años de prisión; Quirós, a 16.

 

Sin embargo, en 2005 un tribunal federal revocó las sentencias de ambos exmilitares por fallas de procedimiento, testigos no creíbles y falta de evidencia, y ordenó reponer sus juicios. Un año después, en 2006, Quirós Hermosillo murió de cáncer y Acosta Chaparro interpuso un amparo contra su proceso penal, el cual le fue concedido en junio de 2007, recobrando todas sus libertades y su grado militar. En abril de 2008 recibió una condecoración por sus 45 años de servicio para el Ejército Nacional y fue asesinado en 2012. [3]

                                                                                        

Relevancia del caso 

 

Acosta y Quirós fueron los primeros militares de alto rango en ser enjuiciados por su participación en la Guerra Sucia. Durante este periodo, el Estado mexicano tomó medidas de represión militar y política contra sectores de la población que consideraba peligrosos, principalmente en la Zona Centro, Chihuahua y Guerrero. El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y Principios de los 80 registra 532 casos de desaparición forzada a nivel nacional de los cuales 332 corresponden al estado de Guerrero. Vale anotar que estas cifras no representan el total de las desapariciones realizadas en dicho periodo.[4]

 

En 2012 una ley local estableció la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, conformada por cinco defensores de derechos humanos políticamente independientes. De acuerdo con el informe final de esta Comisión, se reportó la integración de 512 casos entregados a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, incluyó una propuesta de reparación de daños e hizo una reconstrucción histórica de casos hurgando en el Archivo General de la Nación y trabajo de campo en el estado. La Comisión concluyó que hubo una política de Estado, sistemática y generalizada, para exterminar sectores de la población a los que consideraban peligrosos y que debían ser exterminados, violentando todos los marcos legales.[5] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidió que con esta conclusión y afirmó que durante este periodo el “Estado mexicano aplicó una estrategia de contención política y social […] para contener y destruir grupos disidentes reales o percibidos”.[6]

 

Si bien el proyecto del recurso de revisión no vincula la información contenida en los expedientes personales de los militares con violaciones graves a derechos humanos, vale la pena poner en contexto la información requerida y la situación de los derechos humanos en nuestro país. Sin duda, el contexto político actual es distinto al de la Guerra Sucia. La violencia actual no es parte de una estrategia sistemática para neutralizar fuerzas políticas que buscan enfrentar o sustituir al gobierno; sin embargo, las violaciones graves los derechos humanos continúan ocurriendo. De acuerdo con la prensa, de 2006 a 2017, la SEDENA recibió 10 mil 917 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos y 125 recomendaciones por parte de la CNDH.[7]  Según The Washington Office on Latin America (WOLA), entre 2012 y 2016, la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares; sin embargo, solo hay registro de 16 sentencias condenatorias.[8] Aunado a esto, en el sexenio actual, las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconocen 792 personas desaparecidas relacionadas con averiguaciones previas y carpetas de investigación del fuero federal.[9]

                                                                                                    

Reitero lo que he dicho en este pleno al exponer recursos de revisión sobre 1968 y el periodo de la Guerra Sucia: ningún hecho violento sucede sin dejar huella. Comprender los casos de violaciones graves a los derechos humanos durante la Guerra Sucia y la responsabilidad de las autoridades del Estado en ellas, abona a la memoria nacional. Los mexicanos debemos conocer los episodios obscuros de nuestra historia para, en primer lugar, verificar que se hagan las reparaciones necesarias a las víctimas y sus allegados; y, en segundo lugar, para exigir que se tomen las medidas necesarias que eviten su repetición.

 

Pero no se trata solo de la memoria y el pasado. El ejercicio del derecho de acceso a la información puede evitar que se selle la memoria de aquellos eventos en el presente y la información pública nos dará la posibilidad de vislumbrar el futuro que deseamos para nuestro país: un futuro sin violaciones graves a los derechos humanos. Esta información nos ayudará a comprender los crímenes cometidos por agentes del Estado, identificar responsables y hacer las reparaciones correspondientes. Permitir el acceso a la información de casos como los que se refiere el recurso de revisión que ahora expongo, permitirá a las autoridades involucradas, entre ellas la SEDENA, demostrar que actúan con total apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

 

La información pública también permite construir y preservar colectivamente la memoria histórica del país. Si los mexicanos tenemos acceso a ella, podremos participar en los espacios públicos disponibles para discutir la evidencia y, junto con las autoridades competentes, llegar a la verdad de cada caso. Este ejercicio simbólico ha probado, en experiencias de otros países, servir para sanar profundas heridas del pasado y tomar medidas para no repetir los mismos errores en el presente. La memoria es presente y futuro. Si el acceso a la información puede detonar estos procesos de rendición de cuentas y reparación, este Instituto debe hacer lo que esté dentro de su marco de atribuciones para contribuir a ello.

 

Propuesta

 

Con esta convicción, esta ponencia propone al Pleno de este Instituto acompañarla en el razonamiento de MODIFICAR la respuesta de la Secretaría de Defensa Nacional e instruirle que: elabore la versión pública de los expedientes en los que deberá clasificar solamente el número y ubicación de las instalaciones militares; clasifique el nombre y firma del personal militar y la descripción de las actividades militares; teste los datos personales de terceras personas que no estén relacionadas con la solicitud de información sin incluir la fecha, lugar de nacimiento, edad y nivel de estudios de los militares extintitos; y entregue la información al particular.

 

Referencias

 

 

[1] https://aristeguinoticias.com/1601/mexico/informe-final-de-comision-de-la-verdad-del-estado-de-guerrero-documento/; http://www.sinembargo.mx/21-04-2012/213168x

 

[2] https://aristeguinoticias.com/2304/mexico/los-procesos-contra-el-general/

 

[3] http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/842768.html , https://www.animalpolitico.com/2012/04/acosta-chaparro-las-deudas-de-un-boina-verde/

 

[4] http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2001_Desapariciones70y80.pdf

 

[5] http://congresogro.gob.mx/files/InformeFinalCOMVERDAD.pdf

 

[6] www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.docx

 

[7] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sedena-con-10917-quejas-por-violaciones-a-DH-20171109-0168.html

 

[8] https://www.wola.org/es/2017/11/nuevo-estudio-de-wola-revela-el-fracaso-de-la-pgr-de-perseguir-violaciones-derechos-humanos-cometidas-por-soldados-mexicanos/

 

[9] http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/estadisticas-fuerofederal.php

 

Versión estenográfica, mi participación comienza en la pág. 42

 

Audio completo de la sesión del pleno.

 

Comparto comunicado emitido por el inai. 

 

Aquí fragmento de video con mi participación en el pleno:

 

Video de la sesión completa del pleno ( mi participación comienza a partir de 2:05:34):

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Entradas destacadas

CNEGSR debe informar sobre distribución de condones femeninos.

March 25, 2020

1/10
Please reload

Entradas recientes
Please reload

Archivo