CTAINL deberá emitir nueva resolución sobre la procedencia de apertura de carpeta de investigación r

Ciudad de México a 4 de julio de 2018

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (CTAINL).

Folio de la solicitud: 00788117

Número de expediente: RIA 0078/18

Recurso de revisión: RR/1036/2017

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

El caso

El particular solicitó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León diversos documentos de una carpeta de investigación. En respuesta, la procuraduría reservó la información con fundamento en el artículo 138, fracciones IV y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, pues la información forma parte de una carpeta de investigación y contiene datos específicos que podrían comprometer las funciones de investigación del Ministerio Público.

Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, pues considera que la información requerida debe ser pública por estar relacionada con hechos de corrupción y que no pone en riesgo las acciones de prevención o persecución de delitos porque la investigación ya concluyó. En alegatos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León reiteró la respuesta.

El organismo garante de Nuevo León solicitó al sujeto obligado que informara sobre la carpeta. La procuraduría respondió que se determinó el no ejercicio de la acción penal y que la misma se encontraba firme.[1] A partir de estos elementos el organismo garante estatal confirmó la reserva de información. Asimismo, concluyó que no ha transcurrido el plazo mínimo de tres años que establece el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales para dar acceso a la información solicitada de manera independiente a los delitos que se investigaron.

La resolución del organismo garante estatal tampoco satisfizo al recurrente, por lo que decidió presentar un recurso de inconformidad ante el INAI contra la reserva confirmada y porque el organismo garante estatal emitió resolución fuera del plazo concedido por la ley.

En análisis

Tras analizar el caso, esta ponencia identificó que el primer agravio del particular es FUNDADO. Se llamó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León —ahora Fiscalía General de Justicia del Estado— como tercero interesado para especificar los delitos investigados y los fundamentos legales bajo los cuales se decretó el no ejercicio de la acción penal. Ante la respuesta del tercero interesado, la ponencia identificó que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la hoy extinta Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, era competente para conocer y substanciar los delitos imputados y referentes en materia de corrupción. En la carpeta de investigación el Ministerio Público investigó delitos cometidos por servidores públicos relacionados con corrupción y determinó el no ejercicio de la acción penal —a partir del cumplimiento de un acuerdo reparatorio—, con base en las especificaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual ya no sólo se basa en la justicia retributiva, sino también en la justicia restaurativa. Esto debió ser tomado en cuenta por el organismo garante estatal como parte de su responsabilidad de allegarse de elementos necesarios para emitir una resolución debidamente fundada y motivada.

El segundo agravio es FUNDADO PERO INOPERANTE, ya que el organismo garante ya había emitido la resolución correspondiente, de la cual fue que derivó el recurso de inconformidad que nos ocupa.

Posicionamiento

Decidí exponer públicamente el presente recurso de inconformidad porque muestra que la reforma constitucional de 2016, que creó los marcos normativos y las instituciones para controlar la corrupción en nuestro país, tiene la posibilidad de operar a plenitud en algunas entidades federativas del país, como Nuevo León. Hoy diversos Sistemas Locales Anticorrupción tienen la oportunidad de cumplir sus labores y obligaciones porque están plenamente integrados y permiten identificar los elementos que favorecen su adecuado y efectivo desempeño.

Lo anterior cobra particular relevancia, porque, de acuerdo con su primer discurso como virtual presidente electo, el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, “erradicar la corrupción será la misión principal del nuevo gobierno”. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con sus homólogos locales, y el Sistema Nacional de Transparencia son los marcos normativos e institucionales que el Estado mexicano se dio en los últimos años para contener este pernicioso fenómeno. Hoy la pregunta es si el nuevo gobierno utilizará este nuevo diseño para cumplir con esa “misión”, o privilegiará otro. El SNA y algunos Sistemas Locales Anticorrupción no operan plenamente porque están pendientes nombramientos o la aprobación y entrada en vigor de marcos legales de la materia. Sin embargo, hoy en 14 entidades federativas ya funcionan y deben mostrar que las buenas prácticas para controlar la corrupción pueden provenir de los estados, no solo de la federación.[2]

En este contexto, la información pública es el insumo que permite a la población y a las autoridades identificar, denunciar, investigar y, en su caso, sancionar posibles actos de corrupción. Por lo tanto, a los sistemas anticorrupción se debe sumar el Sistema Nacional de Transparencia. Los organismos garantes estatales de transparencia y acceso a la información, como la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, deben ejercer a plenitud sus competencias para brindar información pública a la población y tener claro el papel que desempeñan como integrantes de los Sistemas Locales Anticorrupción. ¿Cuáles son las atribuciones que les permiten abonar al control de la corrupción en sus entidades federativas?

Como ya dije, el presente recurso de inconformidad permite ejemplificar que Nuevo León es una de las entidades federativas con condiciones adecuadas para controlar la corrupción a partir del nuevo diseño institucional y normativo.

El 14 de diciembre de 2015, el gobernador recién electo, Jaime Rodríguez Calderón instaló la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, que dependía de la procuraduría del estado[3] e investigaba el mal manejo de recursos y daño patrimonial por parte de servidores públicos.[4] El esfuerzo por combatir la corrupción se intensificó tras las reformas que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción y su equivalente estatal. El 15 de abril de 2016, Nuevo León reformó su constitución y en julio de 2017, aprobó la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción. En marzo de este año Javier Garza y Garza fue nombrado titular de la nueva fiscalía anticorrupción.

El posible acto de corrupción al que se refiere la información solicitada en este recurso se relaciona con el caso “Cobijagate”, denominado así por la prensa y algunos políticos locales. Ocurrió durante este momento de transición en el estado de Nuevo León. El 9 de febrero del 2016, el periódico El Norte publicó que el gobierno estatal había comprado 200 mil cobijas al triple de su valor en el mercado, lo que involucraba el desvío de 28 millones 900 mil pesos. La compra fue irregular. Solo una empresa se inscribió y ganó la subasta electrónica a pesar de no ser un fabricante textil. Aunado a ello, una vez efectuada la compra, la empresa entregó cobijas que no cumplieron con el peso ni con las medidas de la ficha técnica de la subasta.[5]

La Contraloría del Estado inició una investigación y en marzo de 2016 identificó a los servidores públicos responsables de dichas adquisiciones irregulares. Asimismo, anunció que dicha investigación pasaría a las autoridades estatales competentes para definir las sanciones administrativas y penales conducentes.[6] La entonces Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción investigó y determinó conforme a lo ya descrito, mientras que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León determinó faltas administrativas y estableció las multas correspondientes. Por lo anterior, la Contraloría del Estado consideró el caso resuelto y determinó reservar el expediente. No obstante, en febrero de 2017 un grupo de diputados locales recurrió lo anterior ante la Comisión de Transparencia de Nuevo León la cual ordenó que el expediente se hiciera público.[7]

En diciembre de 2017, al encontrar elementos en la revisión de la cuenta pública respectiva, el Congreso Estatal instruyó a la Auditoria Superior del Estado presentar una denuncia penal contra los responsables del caso.[8] Sin embargo, el titular de la Subprocuraduría Especializada en el Combate a la Corrupción insistió que el caso ya había sido cerrado y descartó llevar el caso a juicio argumentando que el proveedor aceptó reponer 60 mil cobijas luego de reconocer que, por un supuesto error, algunas de las que entregó no cumplían las especificaciones.

Relevancia del caso

Los ciudadanos saben que la información pública puede servirles para conocer más sobre el caso. Por eso, agotan todos los mecanismos de impugnación disponibles para defender su derecho de acceso a la información ante los órganos garantes. Con este recurso, la Comisión de Transparencia neoleonesa tiene la oportunidad de emitir una resolución histórica que complemente las fortalezas del andamiaje institucional anticorrupción en su estado. Puede ser el primer organismo garante en el país que ejerza la atribución para determinar si se actualiza o no la excepción a la reserva de información relacionada con actos de corrupción (fracción II del artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracción II del artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León), contribuyendo de forma contundente a fortalecer el marco institucional anticorrupción local.

El análisis del caso realizado por esta ponencia identificó tres elementos decisivos para lo anterior.

  1. Existía una autoridad fiscalizadora especializada en materia anticorrupción al momento que ocurrió el caso. En ocasiones anteriores esa facultad no se ha ejercido por la falta de un titular de la fiscalía anticorrupción. El INAI ha visto retrasado el ejercicio de esta atribución por esta causa. Sin embargo, Nuevo León incluso antes de la reforma anticorrupción, ya contaba con una autoridad anticorrupción especializada, la Subprocuraduría Especializada en el Combate a la Corrupción. Actualmente, el titular de la fiscalía en la materia ya ha sido nombrado.[9]

  2. El Ministerio Público determinó la relación de los delitos investigados con actos de corrupción cometidos por servidores públicos estatales. En el caso “Cobijagate”, el Ministerio Público fue quien investigó conductas que se configuran como delitos cometidos por servidores públicos relacionados con corrupción.

  3. El sistema de justicia penal restaurativo ya es una realidad en Nuevo León. Sus especificaciones deben ser consideradas en las resoluciones emitidas por el organismo garante estatal. En Nuevo León, el Nuevo Sistema de Justicia Penal entró en vigor en junio de 2016. Éste incluye la justicia restaurativa que considera nuevos supuestos de la figura de responsabilidad por parte de los imputados y de la comisión de un hecho delictivo, la cual es determinada o mediada tanto por el Ministerio Público, como por el juez de causa, dependiendo del momento procesal específico en que se encuentre la investigación. La justicia restaurativa no solo se enfoca en el castigo (enfoque de justicia retributiva del antiguo sistema de justicia penal), sino que promueve los acuerdos reparatorios y resarcir el daño sin declarar culpables o imponer sanciones. Por esta razón, la Comisión de Transparencia de Nuevo León no tiene que esperar la sentencia de un juez para determinar la posible relación de una información con corrupción.

La resolución propuesta por esta ponencia fue guiada por estos tres elementos y por la convicción de que controlar la corrupción es una prioridad en todo momento. Las instituciones públicas que integramos el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, o los homólogos locales, tenemos la oportunidad de hacer evidente al gobierno federal que iniciará funciones el primero de diciembre las prácticas que están dando resultados gracias a este nuevo diseño institucional y normativo que pueden sumar a la “misión principal del nuevo gobierno”. Sin duda, cada entidad federativa debe trabajar a la par que el nivel federal para evitar que casos como el “Cobijagate” se repitan en otros rincones de nuestro país.

Propuesta

La propuesta es REVOCAR la resolución emitida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León e instruirle emitir una nueva resolución en la cual deje insubsistente la resolución inicial; se allegue de los elementos necesarios para determinar si la carpeta de investigación está o no relacionada con actos de corrupción, y considere en su análisis las especificaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Referencias

[1] https://imco.org.mx/justiciapenal/blog/definicion/no-ejercicio-de-la-accion-penal/

[2] Datos actualizados al 22 de junio de 2018, última fecha disponible en la página de la Secretaría ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). Se utilizó como parámetro que la estructura organizacional esté completa. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/338784/Avance_Estructura_Operativa_22_06.pdf

[3] https://www.horacero.com.mx/nuevo-leon/instalan-fiscalia-especial-de-anticorrupcion-en-nl/

[4] https://aristeguinoticias.com/0712/mexico/el-bronco-crea-subprocuraduria-de-combate-a-la-corrupcion/

[5] https://altavz.com/tag/cobijagate/

[6]https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=804366&md5=8ddd1a921080a896db7b7d779d59c785&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

[7] http://redesquintopoder.org/opinion/expediente-cobijagate/

[8] http://www.multimedios.com/telediario/local/salida-funcionarios-aseguran-caso-cobijagate.html

[9] https://www.horacero.com.mx/nuevo-leon/instalan-fiscalia-especial-de-anticorrupcion-en-nl/

Comparto versión estenográfica completa. Mi participación comienza en la página 31.

Comparto audio completo de la sesión del pleno.

Comparto comunicado emitido por el INAI

Aquí fragmento de video con mi participación en el pleno:

Comparto video completo de la sesión del pleno. Mi participación en 1:54:23

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