ISSSTE deberá informar sobre entrega de medicamentos a pacientes con VIH/SIDA


Ciudad de México a 11 de julio de 2018

Dependencia ante la cual se presentó la solicitud: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Folio de la solicitud: 0063700195018

Número de expediente: RRA 2955/18

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

El caso

El particular, tras interponer una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), recibió un oficio emitido por la Coordinación de Recursos Materiales del Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza”. Este oficio dice que cuando no acude el titular de una receta, quien asiste a recibir el medicamento tiene que acreditar plenamente que está autorizado para ello.

Con base en esto, el particular solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) lo siguiente: 1) los documentos necesarios e instancia ante la cual debe realizarse la acreditación de la persona autorizada para recibir medicamentos, el número de personas que puedan acreditarse, y los plazos, vigencia, horarios y mecanismos para obtener el acuse de recibo y consecuencias de no cumplir con la acreditación; 2) si es aplicable a todos los pacientes del hospital o únicamente a pacientes seropositivos del servicio de infectología; 3) el fundamento legal para la acreditación del representante del paciente para recibir medicamentos; 4) y el destino de los documentos que recaba la farmacia del ISSSTE, mismos que contienen información personal.

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó la liga electrónica del “Reglamento para el Surtimiento de Recetas y Abasto de Medicamentos del ISSSTE”, aunque manifestó que éste no prevé lo requerido por el peticionario. En cuanto al destino de los documentos que contienen información personal, manifestó que son salvaguardados en el archivo de área de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Inconforme, el particular manifestó como agravio que no se respondiera a su solicitud de información. Sin embargo, en estricta suplencia de la queja se advierte que impugnó la entrega de información incompleta. En alegatos el particular argumentó que el ISSSTE se niega a dar información que es de carácter público y debe contar con un documento que explique, motive y fundamente los requisitos que mencionó en su respuesta inicial. Agregó que al no recibir la información de su interés podría atentarse contra su derecho a la salud. Por su parte, el sujeto obligado modificó su respuesta inicial explicando que, a falta de una disposición expresa, la Ley de Procedimiento Administrativo funge como ley supletoria. En su artículo 19 establece que la representación de personas físicas o morales puede acreditarse mediante instrumento público, carta poder o declaración en comparación del personal interesado. Lo anterior fue dado a conocer al particular mediante correo electrónico.

En análisis

Tras analizar el caso, esta ponencia considera que la respuesta inicial y el alcance enviado al particular solo respondieron al número de personas que pueden acreditarse, el fundamento legal de la acreditación y el destino de los documentos que contienen información personal. Respecto a los demás puntos el agravio planteado por el particular es FUNDADO, pues el ISSSTE no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas que podrían ser competentes para atenderla, por lo tanto, la búsqueda de información fue restrictiva e incompleta.

Posicionamiento

El Estado mexicano tiene la obligación de proteger el derecho a la salud a través de una infraestructura adecuada, y tratamientos dignos y oportunos.[1] Las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana o con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) requieren mayores cuidados que otros pacientes, pues incluso una enfermedad de transmisión aérea común puede ocasionar su muerte. Si bien no existe una cura para el VIH, un tratamiento adecuado permite a los pacientes llevar una vida digna.

Por esta razón, proteger el derecho a la salud de los portadores del VIH requiere que las instituciones de salud adopten medidas especiales. En 2014, mediante una sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que los pacientes con VIH tienen derecho al nivel más alto posible de salud y señaló que cuando el Estado no pueda garantizarlo por falta de recursos, debe demostrar que ha realizado todos los esfuerzos posibles.[2] Esto significa que, en México las 152 mil 787 personas con VIH/SIDA deben recibir tratamiento que les permita una vida digna.

Sin embargo, cada año se detectan miles de casos nuevos y miles de muertes. De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (CENSIDA), en 2017 se registraron 13 mil 883 nuevos casos de SIDA y, en 2016, hubo 4 mil 630 defunciones.[3] Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que aun entre las personas portadoras de VIH, existen grupos poblacionales cuya vulnerabilidad aumenta: hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, consumidores de drogas inyectables, y trabajadores sexuales y sus clientes.[4] La prevalencia de VIH/SIDA en estos puede ser hasta 100 veces mayor a la de la población en general. Los estereotipos y prejuicios, junto con la ignorancia respecto a la enfermedad, abonan a esta situación de vulnerabilidad porque se les margina, discrimina y estigmatiza en los ámbitos público y privado. Del total de casos analizados por el CONAPRED entre 2011 y 2017, la discriminación por vivir con VIH/SIDA estaba vinculada con la discriminación por orientación sexual en 6 de cada 10 veces. Asimismo, en 40% de las personas sufrieron discriminación en su trabajo.[5]

Relevancia del caso

El Estado mexicano debe proteger el derecho a la salud, pero la atención en las instituciones públicas de salud no siempre es adecuada. El desabasto de medicinas o la interrupción del tratamiento ponen en riesgo la vida de las personas con VIH/SIDA. Este recurso es un ejemplo puntual de cómo el derecho de acceso a la información pública es llave para defender otros derechos. En el caso que nos ocupa, el ISSSTE aseguró contar con medicamentos suficientes para atender a los 7 mil 418 derechohabientes seropositivos.[6] Sin embargo, de 1992 a noviembre de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que 13.5% de las mil 388 quejas recibidas por presuntas violaciones a los derechos de los pacientes, fueron dirigidas contra el ISSSTE por omitir suministrar medicamentos o no proporcionar atención médica.[7]

La información pública permite a los pacientes con VIH/SIDA conocer sus derechos, entre los que está obtener el tratamiento adecuado para garantizar su salud y vida digna, así como no ser discriminados. Como ya dije, el hoy recurrente manifestó claramente que utilizará la información solicitada para evaluar si es víctima o no de discriminación por parte de la institución médica que lo atiende. Por su parte, las autoridades de salud pueden apoyarse en la información pública para demostrar que brindan servicios de acuerdo con los estándares internacionales.

Propuesta

Por las razones expuestas anteriormente, esta ponencia propone MODIFICAR la respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, instruirle que realice una nueva búsqueda exhaustiva e informe el resultado al particular sobre los plazos, vigencia, horarios, mecanismos para obtener acuse de recibo y consecuencias de no cumplir con la acreditación, y si el requisito de acreditación es aplicable es de manera general o únicamente para pacientes seropositivos de infectología.

Asimismo, propone SOBRESEER PARCIALMENTE el recurso de revisión, ya que el sujeto obligado en alcance solventó la solicitud de información en cuanto al número de personas que pueden acreditarse, el fundamento legal de la acreditación y el destino de los documentos que recaba la farmacia.

Referencias

[1]http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2017/november/2017_wad_exd_message

[2] En 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo promovido por pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Ese instituto, tras argumentar falta de presupuesto, decidió remodelar sus instalaciones existentes y suspender la construcción del Pabellón 13, que sería un área de servicio clínico especial para el cuidado de pacientes con VIH/SIDA. La SCJN ordenó la construcción del Pabellón 13 como una medida para proteger la salud y la vida de los pacientes con VIH. https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4162

[3] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/328400/RN_1er_trim_2018.pdf

[4] http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

[5] http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20VIH.pdf

[6] https://www.gob.mx/issste/prensa/cuenta-issste-con-abasto-suficiente-de-medicamentos-para-tratar-vih-sida

[7] http://www.jornada.unam.mx/2018/03/01/sociedad/034n2soc

Comparto versión estenográfica completa, mi participación comienza en la página 20.

Audio completo de la sesión

Comparto comunicado emitido por el inai.

Comparto fragmento de video con mi participación en el pleno.

Video completo de la sesión del pleno , mi participación en 1:13:34

#AccesoalaInformación #ISSSTE #Salud #Medicamentos #Transparencia #INAI

Entradas destacadas
Entradas recientes