A un año de sismos de septiembre 2017

Ciudad de México a 19 de septiembre de 2018

Ha transcurrido un año desde los lamentables sismos que conmocionaron a México y que marcaron para siempre nuestra memoria colectiva. Desde los primeros días, se promovió la transparencia en los donativos del sector privado para reconstruir viviendas, clínicas, escuelas y mercados a través del sitio web Fideicomiso Fuerza México. También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó un ejercicio de transparencia proactiva con el portal “Fuerza México”.

Sin embargo, al día de hoy el proceso de reconstrucción está inconcluso, afectando la vida de millones de personas en nuestro país. Además, la información pública disponible sobre el proceso de reconstrucción es dispersa e insuficiente para que los afectados por los sismos de septiembre pasado, reclamen y ejerzan los recursos que les permitan recuperar sus viviendas y volver a sus ocupaciones cotidianas. Para ellos el sismo aún no cesa. La información pública disponible tampoco es suficiente para vigilar el ejercicio de cada de peso de los recursos públicos destinados a la reconstrucción. Sin duda, hace falta un mejor esfuerzo de transparencia proactiva para brindar información que sea 1) útil a las personas que continúan damnificadas y 2) promover un ejercicio de rendición de cuentas claro y certero sobre el estatus del proceso de reconstrucción.

Instituciones públicas y autónomas, sociedad civil, medios de comunicación, academia, organismos internacionales y población han manifestado la necesidad de contar con mayor información pública. Esta ponencia hizo un esfuerzo por recabar algunos de estos llamamientos que han sido reproducidos en la prensa:

  • La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió un informe especial sobre el estado que guarda la garantía de los derechos humanos de las personas damnificadas por el sismo de septiembre de 2017.[1] En este informe se realiza un posicionamiento sobre el derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas. Hay dos propuestas específicas:

  • La Comisión para la Reconstrucción, Secretaría de Finanzas y Congreso de la Ciudad de México debe concluir y publicar a la brevedad los censos que mandata la Ley para la Reconstrucción con corte a septiembre de 2018 en formatos accesibles, claros y entendibles para la población en general como son: censo de inmuebles; de personas afectadas; de mercados públicos, micro y pequeñas empresas; de infraestructura; de actividades agrícolas afectadas, y de patrimonio cultural urbano e histórico.

  • Las autoridades, antes mencionadas, así como el organismo garante de transparencia de la Ciudad de México deben publicar de inmediato, con los más altos estándares internacionales y nacionales de publicidad y transparencia relacionados con presupuestos públicos, un informe financiero de los recursos ejercidos de septiembre de 2017 a septiembre de 2018 que, de manera clara, accesible y detallada reporte el ejercicio para la atención inmediata y los fondos para la reconstrucción. Dicho informe deberá incluir los recursos privados nacionales e internacionales recibidos y ejercidos por las autoridades correspondientes de la Ciudad de México para luego informar de manera mensual el ejercicio de los recursos hasta la conclusión de la etapa reconstrucción.

  • El pasado lunes, las organizaciones de la sociedad civil Transparencia Mexicana y Fundar México presentaron Reconstrucción, a un año de los sismos, un diagnóstico sobre la necesidad de contar con datos útiles sobre información general, financiera y de gestión de la reconstrucción. Este documento también detalla que no se cuenta con información pública sobre el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas.[2]

  • La semana pasada Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó el portal ¿Por qué se cayó mi edificio? en el que se recopilan 28 investigaciones periodísticas construidas con testimonios de personas afectadas y solicitudes de información. Muestra que la corrupción, negligencia e impunidad costó la vida de mexicanos. De este ejercicio destaca que para no repetir las historias es necesario:

  • Que tanto autoridades como constructores conozcan a profundidad el Reglamento de Construcciones;

  • Cuidar la independencia de los Directores Responsables de Obra (DRO) y los Corresponsables en Seguridad Estructural (CSE); y

  • Tener acciones puntuales contra el mercado negro de firmas.[3]

  • Otros expertos han señalado que es fundamental conocer cómo ha avanzado la integración del Atlas Nacional de Riesgos[4] y contar con padrón de beneficiarios de los apoyos entregados.

  • La organización Save the Children México informó el día de ayer que “hasta el momento, 444 mil 121 alumnos de Oaxaca, Puebla, Morelos y la capital del país tienen dificultades para continuar con sus actividades escolares, 52 mil 749 se quedaron sin vivienda, y 96 mil 573 viven en condiciones inseguras”[5]. Sobre infraestructura esta organización señaló que, en los municipios de Juchitán y Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca, 6 mil 600 viviendas registran cero avances en su reconstrucción, de las 17 mil que fueron destruidas. Hace falta información sobre los recursos públicos asignados y por qué no han sido entregados.

Desde sus atribuciones, el INAI ha colaborado a la provisión de información pública para la reconstrucción. Del 7 de septiembre de 2017 al 01 de septiembre de 2018, se han generado 2 mil 568 solicitudes de acceso a la información y 93 recursos de revisión ante el INAI derivados de las respuestas otorgadas por 43 sujetos obligados. Para mantener informada a la población sobre estos temas y la información relacionada con los sismos contenida en las obligaciones de transparencia, este Instituto habilitó en el micrositio Ante la opinión pública la pestaña Sismos 7S y 19S, 2017.

El 21 de marzo de este año señalé en esta misma tribuna que la información pública cobra especial relevancia para dar certeza a la ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos de la reconstrucción. Por esta razón, este pleno instruyó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dar a conocer la orden de visita de investigación a las instalaciones del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) realizada el 16 de noviembre de 2017, pues diversas notas periodísticas señalaron que hubo irregularidades en la distribución de los recursos canalizados a través de tarjetas emitidas por este banco. Recursos como éste se pueden encontrar en el micrositio que mencioné. Hace falta más información como ésta porque se han identificado otro tipo de irregularidades como estafas por parte de constructores, robo en precios de materiales, entre otros.

Reunir la información pública, los actores que la generan y los que la necesitan no debería ser una labor imposible. Las experiencias internacionales pueden mostrarnos cómo el uso de información pública puede ayudar a distribuir recursos adecuadamente y hacer rendir cuentas a las autoridades. Por ejemplo, tras el terremoto de 2015 en Nepal, Accountability Lab conectó a las víctimas con el gobierno, voluntarios y otras organizaciones y logró mejorar el proceso de reconstrucción en un contexto adverso mostrando cómo la información juega un papel central en favor de los damnificados durante las emergencias.[6] Es fundamental articular la información pública dispersa y los esfuerzos aislados sobre la reconstrucción.

Ahora bien, la reconstrucción no es solo edificar nuevos edificios o viviendas. Reconstruir es devolver condiciones a las personas para una vida cotidiana normal. Esto significa que también se tome en cuenta la cohesión social. Tal como lo dijo Román Meyer en columna periodística de hoy, no solo importa conocer “el monto de los recursos, sino la calidad de su erogación y de los bienes y servicios producidos con ellos”. No es imposible crear un fondo único que permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes y generar cohesión social en las comunidades. Al respecto vale la pena mirar la reconstrucción que encabezó el gobierno de Indonesia tras una serie de desastres naturales en 2006. Ese año un terremoto y un tsunami destruyeron parte de la isla de Java: Miles murieron y cientos de miles perdieron sus hogares. Ante la crisis, la solidaridad internacional generó el Fondo de Reconstrucción de Java (FRJ).[7] El proyecto fue ambicioso, no solo buscaba reparar los daños, también tenía el propósito de garantizar el sustento y prosperidad de la población.

En dos años, el gobierno logró reconstruir 200 mil hogares e incentivó la creación de pequeñas industrias. El éxito de las acciones del Fondo se debió en gran parte a su capacidad de involucrar a múltiples actores (el gobierno, los donadores internacionales, los medios, la sociedad civil y los beneficiarios) y generar información periódica y accesible sobre el progreso de las labores. El compromiso con la transparencia permitió generar un dialogo productivo entre todas las partes y superar obstáculos. De acuerdo con un funcionario indonesio, los buenos resultados del proyecto no se debieron a la cantidad de fondos, sino a la capacidad de rendir cuentas, asegurar que se cumplieran las especificaciones técnicas y a la colaboración entre donantes y gobierno local.

Vale la pena insistir en la creación de un Fondo Único para la Reconstrucción que reúna los recursos públicos y las donaciones privadas y una Coordinación Nacional que los administre. Ambos permitirían seguir la ruta del dinero, es decir, saber quién aportó cada peso, cómo se planeó su ejercicio, si en esto se involucró a la población), quién lo ejerció, cómo se ejecutó y qué resultados se entregaron a la población afectada. Esto facilitaría el involucramiento de las autoridades de los tres niveles de gobiernos y poderes, la población afectada, empresarios, periodistas, académicos, sociedad civil organizada y población en general. Ante cualquier duda, todas las partes tendrían respuestas.

Ante este contexto, Román Meyer Falcón, propuesto para encabezar la Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano (Sedatu) del nuevo gobierno federal, ha manifestado que en los primeros 100 días, será prioridad la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos. También ha manifestado su preocupación por la falta información pública.[8] Hoy, Meyer hizo públicos 10 puntos que constituirán el Plan de Reconstrucción del nuevo gobierno. Destaca el enfoque de derechos humanos, la inclusión de los propios afectados y el involucramiento interdisciplinario de expertos a todos los niveles, pero sobre todo de la transparencia y la rendición de cuentas como ejes primordiales. La evidencia mencionada hasta ahora es suficiente para fundamentar la necesidad de fortalecer estos ejes y cumplir a cabalidad con los compromisos que este nuevo plan de reconstrucción incluye en la materia.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de nuestro país es reconocida como uno de los mejores marcos normativos en la materia del mundo. Lo es por la vanguardia en sus disposiciones, por mencionar solo dos, en materia de gobierno abierto y de transparencia proactiva. En este sentido, la Ley es clara en que las instituciones públicas tenemos la obligación difundir proactivamente información de interés público, de acuerdo al Artículo 24, fracción XII. Por otra parte, los organismos garantes tendremos que establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales (artículo 42, fracción VIII).

Ante el contexto que vive el país y la oportunidad de hacer de la Ley General de Transparencia una práctica o un hábito de nuestra democracia, desde el pleno del INAI y como coordinador de la Comisión de políticas de acceso, transparencia proactiva y gobierno abierto, hago un llamado a todas las instituciones públicas de los tres poderes, los tres niveles de gobierno, organismos constitucionales autónomos y, en concreto, al Sistema Nacional de Transparencia, para que impulsemos un política de transparencia proactiva que atienda, entre otras, las necesidades de información de las personas afectadas por los sismos de 2017, contribuya a poner a su disposición información útil para las personas afectadas y promueva un ejercicio de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía.

Los estragos de los lamentables sismos continúan vigentes y visibles en las comunidades del Istmo de Tehuantepec, en las comunidades de Morelos, Puebla, Guerrero o de la ciudad de México. No hablamos de cifras o estadísticas, ni siquiera de dinero. Hoy hablamos de la vida cotidiana de personas con nombre y apellido.

Referencias

[1] https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/informe-especial-19s.pdf

[2] http://fundar.org.mx/mexico/pdf/Reconstruccions19.pdf y http://rendiciondecuentas.org.mx/transparencia-y-rendicion-de-cuentas-de-los-recursos-publicos-y-privados-a-un-ano-de-los-sismos-informe/

[3] https://miedificio.contralacorrupcion.mx/

[4] https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1494713&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1494713

[5] http://www.jornada.com.mx/amp/a-un-ano-estudiantes-siguen-en-dificultades-por-sismo-1547.html

[6] https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2017/10/05/experiencias-internacionales-una-reconstruccionabierta/

[7] http://documents.worldbank.org/curated/en/858061468314377318/pdf/450990WP0ENGLI1Box0334044B01PUBLIC1.pdf

[8] https://aristeguinoticias.com/0807/mexico/reconstruccion-prioridad-en-los-primeros-100-dias-del-nuevo-gobierno-roman-meyer/

Comparto conttenido multimedia relacionado.

Comunicado.

Posicionamiento completo

Fragmento síntesis

Notas relevantes:

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/dispersa-e-insuficiente-la-informacion-de-reconstruccion-comisionado-del-inai

https://vanguardia.com.mx/articulo/es-la-reconstruccion-opaca

http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/19/falta-mejorar-rendicion-de-cuentas-sobre-reconstruccion-inai-216.html

http://imparcialoaxaca.mx/nacional/220873/inai-propone-crear-fondo-unico-de-reconstruccion-para-damnificados-por-sismo/

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1495656&v=3&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1495656&v=3

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/19-S-opacidad-y-desorganizacion-20180924-0011.html

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