SFP deberá informar sobre casos de cohecho documentados por la OCDE.


Ciudad de México a 9 de octubre de 2018

Folio de la solicitud: 0002700178818 Número de expediente: RRA 4876/18 Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez

El caso

El particular solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) información sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Respecto a esta última, requirió conocer en qué ronda de evaluación se encuentra México, cuál es el calendario de esta ronda, cuántas recomendaciones tiene, la cantidad de casos que aparece en la “matriz de posibles casos de cohecho”, cuáles de ellos ha informado México y cuáles otros países.

En respuesta, la Secretaría clasificó la información con fundamento en el artículo 110, fracción III de la LFTAIP, señalando que la información fue entregada por la OCDE con el carácter de confidencial, y que la matriz contiene los posibles casos de cohecho internacional en los que podrían estar involucrados empresas o funcionarios mexicanos, así como de otros países. Por ende, cualquier dato podría menoscabar la conducción de negociaciones o relaciones internacionales. La clasificación fue confirmada por el Comité de Transparencia de la Secretaría.

Inconforme, el particular impugnó la clasificación de la información contenida en la “matriz de posibles actos de cohecho” y aclaró que no solicitó conocer los nombres de funcionarios y empresas, sino el número de casos en los que México está involucrado. En alegatos, la Secretaría reiteró su respuesta. Esta ponencia tuvo acceso a la información reservada. El sujeto obligado exhibió la expresión documental que da cuenta de la información relativa a los casos de cohecho de la Convención Anticohecho de la OCDE, así como la versión del correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2018, remitido por el Secretariado de la OCDE, dirigido a la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional, en el cual se adjuntó un documento con la matriz de casos de cohecho del Grupo de Trabajo sobre Cohecho y en cuya primera página se establece que el contenido es estrictamente confidencial, su utilización responde al propósito del Grupo de Trabajo sobre Cohecho, y no puede ser compartido con personas no involucradas en el mismo.

En análisis

Tras analizar el caso, esta ponencia determinó que el agravio del particular resulta FUNDADO por las siguientes razones. La información solicitada es de carácter estadístico obtenida con motivo de la Matriz de Posibles Casos de Cohecho, no la Matriz en sí, ni es información que haga identificables a las personas que pudieron haber cometido el delito en cuestión.

Pensar que los datos estadísticos solicitados fueron confiados al gobierno mexicano con carácter confidencial, conlleva equiparar sin suficiente razón estos datos con la Matriz de Posibles Casos de Cohecho. Además, esto contraviene los objetivos de la convención de referencia y el objeto mismo de la OCDE, a saber: promover políticas públicas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, pues sin conocer datos estadísticos no puede establecerse parámetros de rendición de cuentas que evidencien el cumplimiento de los Estados parte a los acuerdos suscritos. Esta rendición de cuentas sería en tres vertientes: i) los esfuerzos que está realizando México para prevenir este tipo de delito; ii) el aporte de México con acciones en cumplimiento a la Convención y al apoyo a otros países; y iii) la verificación de que la Convención esté cumpliendo con el objetivo para el que fue creada, esto es, eliminar este delito de corrupción.

Fortalece lo anterior que:

  1. La LGTAIP, en su artículo 70, fracción XLVIII, dispone que la información que nos ocupa debe ser pública, ya que se trata de datos que son relevantes o de utilidad para la sociedad y de información estadística, por lo que no puede ser clasificada como reservada o confidencial.

  2. Tan es relevante y de utilidad la información solicitada que da cuenta del cumplimiento del gobierno mexicano a un instrumento convencional internacional, que tiene jerarquía constitucional.

  3. La información solicitada se relaciona con posibles actos de corrupción. Luego entonces, en términos del artículo 112, fracción II de la LFTAIP, no puede invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción en observancia a las convenciones firmadas y ratificadas por México, como es el caso de la Convención Anticohecho de la OCDE.

  4. La Convención respecto de la cual versa la solicitud, no señala que la información que se comparte entre países deba ser confidencial, aunado a que el sujeto obligado no indicó cuáles son los otros instrumentos de carácter legal que se violarían.

Posicionamiento

La audiencia recordará el caso Odebrecht, uno de los casos de cohecho internacional más prominentes de los últimos años. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que la compañía pagó a funcionarios públicos para obtener contratos de obra pública en países de América Latina y África, entre ellos México.[1] Las investigaciones han desembocado en sanciones tanto para la empresa como para funcionarios públicos en Brasil, Argentina, Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, y Angola.[2] En nuestro país todavía no se ha sancionado a ningún funcionario público.[3]

La posibilidad de que casos como Odebrecht sucedan podría reducirse en la medida que los países ratifiquen las convenciones internacionales que promueven el fortalecimiento de los marcos institucionales y la colaboración entre países. En el caso del cohecho internacional, en 1999 entró en vigor la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.[4] El caso Odebrecht fue investigado bajo esta Convención.

Según la OCDE, hay cohecho internacional cuando una persona o empresa ofrece, promete o da dádiva a un servidor público extranjero con el fin de obtener ventajas indebidas en transacciones comerciales internacionales, como un contrato de construcción o una concesión petrolera.[5] Esto es una amenaza para el desarrollo económico y las instituciones democráticas de cada país.[6] En primer lugar, impide que las empresas puedan competir en un plano de igualdad. En segundo lugar, infla las ganancias de una empresa a costa de recursos públicos que debieron gastarse para financiar servicios públicos como caminos, agua, electricidad, hospitales o escuelas. En este sentido, de acuerdo con cálculos de la propia OCDE, un soborno de un millón de dólares puede provocar pérdidas de hasta cien millones de dólares en un país con pobreza porque socava los planes de desarrollo.[7] Finalmente, hace que funcionarios respondan a intereses particulares y no a las necesidades de los ciudadanos.

Hasta hoy, la Convención Anticohecho de la OCDE ha sido ratificada por 44 países, miembros de la OCDE, incluyendo a México, y países no miembros, como Argentina, Brasil, Bulgaria y Sudáfrica.[8] Es el único instrumento vinculante a nivel internacional que se enfoca del lado oferente del cohecho, pues los países que lo ratifican se comprometen a perseguir y sancionar a sus nacionales que sobornan en el extranjero.[9] Así pues, es importante señalar que México se comprometió internacionalmente a identificar y castigar a los mexicanos que cometan cohecho internacional. Para ello, como otros países firmantes, debe tipificar como delito el cohecho internacional, establecer y hacer efectivas sanciones para quienes lo cometan, y prohibir prácticas como la capacidad de deducir fiscalmente los pagos de soborno a funcionarios extranjeros.[10]

Relevancia del caso

En el Informe de seguimiento de México para el año 2014, la OCDE evaluó las acciones que han tomado las autoridades para atender recomendaciones pasadas.[11] Identificó áreas de oportunidad importantes. México sólo había cumplido 4 de las 22 recomendaciones: no había llevado a cabo ningún proceso o condena por cohecho internacional y las dos investigaciones que tenía al respecto se convirtieron en asuntos domésticos. El reporte también critica que el marco legal, las estadísticas disponibles y algunos procesos son inadecuados. Sin embargo, el informe también reconoció que el país ha logrado avances en las técnicas de investigación y las auditorías fiscales.

Por su parte, Transparencia Internacional, en su informe Cumplimiento Global de la Convención de la OCDE contra el Cohecho Transnacional 2015, determinó que México tuvo una aplicación mínima o nula de dicha convención. [12] Estos resultados se reiteran en el informe publicado recientemente para el año 2018. De acuerdo con la prensa, este informe advierte que México abrió tres investigaciones relacionadas con cohecho internacional, una en 2014 y dos en 2015. Sin embargo, ninguno de estos tres casos fue resuelto. También hay investigaciones en curso en otros países sobre las actividades de dos empresas mexicanas. Las autoridades estadounidenses y colombianas están investigando las actividades de CEMEX México en Colombia y las autoridades españolas están investigando actividades de Grupo México en España. Sin embargo, no hay investigaciones conocidas en México de las actividades en el exterior de esas dos empresas.[13]

En esta nueva versión del informe se advierte como reto principal para la nueva administración federal: que la Fiscalía anticorrupción próxima a iniciarse tenga la independencia necesaria. La nueva Fiscalía anticorrupción será la responsable de utilizar esta Convención para investigar y perseguir casos de corrupción trasnacional. [14]

No obstante, México ha tomado algunas acciones para mejorar su cumplimiento. Por ejemplo, se ha fortalecido el marco normativo.[15] Además, recientemente se publicó el Protocolo Anticohecho, el cual buscará coordinar la participación de todas las autoridades involucradas en la prevención, detección, investigación y sanción del cohecho internacional para dar cumplimiento a las recomendaciones de la convención.[16]

El pasado primero de julio, el mandato de la población en las urnas fue claro: no más corrupción ni impunidad. Por esta razón cada una de las instituciones del Estado mexicano debemos escuchar la demanda ciudadana y contribuir desde nuestras atribuciones a a su cumplimiento cabal. La información del presente recurso permitirá a la población evaluar el desempeño de las autoridades competentes para controlar la corrupción, así como para cumplir con las convenciones ratificadas en la materia. Permitirá a las autoridades conocer el estado que recibe de la administración anterior a este respecto y planificar mejor las acciones anticorrupción que emprenderá. Especialmente, la información servirá a la Secretaría de la Función Pública, brazo del ejecutivo federal para controlar la corrupción en materia administrativa, y a la Fiscalía anticorrupción, responsable de perseguir los delitos relacionados con casos de corrupción nacionales y trasnacionales.

La utilidad de la información de este recurso va más allá de la rendición de cuentas, puede servir para que autoridades y población colaboren para asegurar que casos como Odebrecht no vuelvan a ocurrir y para acabar con uno de los mayores lastres de nuestra democracia: la impunidad.

Propuesta

Por consiguiente, esta ponencia propone MODIFICAR la respuesta de la Secretaría de la Función Pública e instruirle que entregue al particular la estadística solicitada sobre la matriz de casos de cohecho de la Convención Anticohecho de la OCDE.

Referencias

[1] https://vanguardia.com.mx/articulo/pemex-pago-de-forma-irregular-mas-de-950-mdp-odebrecht-por-la-refineria-de-tula

[2] http://www.perfil.com/noticias/elobservador/odebrecht-pais-por-pais-gobierno-por-gobierno.phtml

[3]https://expansion.mx/empresas/2016/12/22/odebrecht-pago-105-mdd-en-sobornos-a-funcionarios-mexicanos , https://www.jornada.com.mx/2018/09/07/politica/022n1pol

[4] https://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/cohecho-internacional

[5] https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/Foreign_Bribery_Factsheet_ESPA%C3% 91OL.pdf

[6] https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2013/10/Triptico_COHECHO.pdf

[7] https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/AntiBribery_Convention_and_Working_Group_Brief_ESPA %C3%91OL.pdf

[8] Ver nota al pie 7.

[9] https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/Anti-Bribery_Convention_and_Working_Group_Brief_ESPA%C3%91OL.pdf

[10] www.iacip-gto.org.mx/ws/files/.../OCDE%20combate%20a%20la%20corrupcion.pdf

[11] http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/MexicoPhase3WrittenFollowUpEN.pdf

[12] https://www.tm.org.mx/informe-cumplimiento-convencion-anticohecho/

[13] https://theobserver.com.mx/2018/09/25/mexico-entre-los-paises-que-mas-permiten-cohecho-internacional/

[14] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/08/19/incumple-mexico-convencion-anticohecho-transparencia , https://www.transparency.org/whatwedo/publication/exporting_corruption_progress_report_2015_assessing_enforcement_of_the_oecd

[15] Por ejemplo, la reforma al artículo 222 bis del Código Penal Federal.

[16] http://funcionpublica.gob.mx/web/SNA/Protocolo_Anticohecho/Protocolo-Anticohecho%20%28espa%C3%B1ol%29.pdf

Comparto material multimedia relacionado.

  • Video completo de la sesión. Mi participación en el minuto 37:51

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