PGR debe informar sobre investigaciones del caso Tlatlaya


Ciudad de México a 17 de diciembre de 2018

Folio de la solicitud: 0001700192118 Número de expediente: RRA 7326/18

El caso

El particular solicitó a la Procuraduría General de la República las actas, investigaciones, denuncias y cualquier otro documento relacionado con los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.

En respuesta, el sujeto obligado puso a disposición, previo pago de costos de reproducción, la versión publica de la averiguación previa del asunto de interés, así como el expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Versión pública en la que se testarían los datos relativos a:

  1. Información de personal sustantivo de la Procuraduría General de la República, de conformidad con la fracción V, del artículo 110, de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública

  2. Información que es parte de las investigaciones vinculadas, generada por diversas unidades administrativas, de conformidad con la fracción VII, del artículo 110, de la misma Ley Federal.

  3. Datos personales, de conformidad con la fracción I, del artículo 113, de la Ley Federal citada.

El recurso de revisión fue interpuesto contra la reserva y la confidencialidad de los diversos datos aludidos en la respuesta inicial.

En análisis

En alegatos, la PGR reiteró su respuesta inicial. Del análisis realizado por esta ponencia se determinó que, para el presente caso, no le resulta aplicable ninguna causal de reserva, de conformidad con los artículos 8 y 112, fracción I de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, ni los artículos 5 y 115 de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pues la averiguación previa y expediente de seguimiento del caso Tlatlaya, es información relacionada con violaciones graves de derechos humanos. Solo se actualiza la confidencialidad de los nombres y firmas de personas físicas, conforme al artículo 113, fracción I de la Ley Federal referida.

Posicionamiento

En febrero de 2017 este pleno discutió un recurso de revisión relacionado con el caso Tlatlaya ocurrido en 2014, en el que 22 personas fueron asesinadas, de las cuales 15 fueron ejecutadas por militares que también alteraron el lugar de los hechos. Varias de estas personas no estaban relacionadas con el motivo del enfrentamiento armado.[1] El caso Tlatlaya invalidó las declaraciones del gobierno federal en turno que negó, dos años antes, la existencia de ejecuciones extrajudiciales que fueron documentadas en el Informe sobre el cumplimiento del Estado mexicano a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.[2] Entre otras violaciones graves a derechos humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió que en México se registra un número preocupante de ejecuciones extrajudiciales. Desde entonces, éstas se acumulan dañando severamente el vínculo de confianza que debería existir entre las autoridades y la población, sobre todo cuando se trata de autoridades que desempeñan funciones para salvaguardar la seguridad de los mexicanos. Al reporte citado se suman otras fuentes:

  • Desde 2013, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU señaló en su informe sobre México, que en el país se producen un número alarmante de asesinatos ilegales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas.

  • Según el estudio “Atrocidades Innegables” de Open Society, entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México y parte de estos crímenes pueden ser ejecuciones extrajudiciales.[3]

  • De acuerdo con la prensa, de 2006 a 2017, la SEDENA recibió 10 mil 917 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos y 125 recomendaciones por parte de la CNDH.[4]

  • Según The Washington Office on Latin America (WOLA), entre 2012 y 2016, la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares; sin embargo, solo hay registro de 16 sentencias condenatorias.[5]

Esta evidencia fue recabada gracias al trabajo de la prensa y los defensores de derechos humanos que documentan los casos, pero hace falta información pública. En su informe para México 2017-2018, Amnistía Internacional reportó que no hay un registro de detenciones unificado, accesible y coherente con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos que permita registrar en tiempo real cualquier detención efectuada por agentes encargados de hacer cumplir la ley. El mismo informe señaló que no se ha dado información sobre casos como el de Tlatlaya y otros similares.[6]

En 2018, esta realidad ya no es negada por las instituciones públicas. El nuevo gobierno federal ha reconocido la existencia sistemática de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, incluidas las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra miembros del crimen organizado, civiles y defensores de derechos humanos.

En este contexto, aún como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan Nacional de Seguridad 2018-2024 que en el apartado Plan de Seguridad Pública propone crear una Guardia Nacional. De acuerdo a éste, “[l]a Guardia Nacional quedará…expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas […] Los efectivos provendrán de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal; se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos […] El mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano, y de la Armada de México, en el caso de las zonas costeras”.[7]

Algunos periodistas, académicos e integrantes de las sociedad civil organizada han denunciado que se “dio a conocer un plan de seguridad en el que profundiza lo que han hecho los mandatarios de los últimos doce años: ampliar las facultades del ejército para frenar la violencia y el crimen organizado”.[8] El anuncio del Plan Nacional de Seguridad y las advertencias lanzadas solo reafirman la importancia del información pública, en particular un ejercicio de transparencia proactiva que permita generar un registro en tiempo de detenciones unificado, accesible y coherente con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. De esta manera, la información permitiría prevenir que se violen derechos humanos y evitar las situaciones que referí anteriormente y que fueron documentadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias también de Naciones Unidas, Open Society, The Washington Office on Latin America, Amnistía Internacional y en al menos 125 recomendaciones por parte de la CNDH.

Además, es pertinente mencionar la importancia que tendrá disponer y ordenar la información para la historia, pues las próximas generaciones solo podrán acceder a ella si es archivada de manera clara. Este no es tema menor, los archivos son un punto de partida para la rendición de cuentas y para prevenir violaciones graves a los derechos humanos porque permitirán evaluar y, hay que decirlo, juzgar la actuación de las diversas autoridades, ahora incluida la Guardia Nacional, al momento de cumplir sus mandatos y atribuciones. Por estas razones, debemos cuidar la plena y cabal implementación la nueva Ley de Archivos que entrará en vigor en julio de 2019, a la vez que identificamos y señalamos las áreas de oportunidad que deberán atenderse; e impulsar iniciativas de transparencia proactiva como Memoria y Verdad. Como lo he dicho en este pleno reiteradamente: ningún hecho violento ocurre sin dejar huella, y los archivos nos brindan los rastros o señales que quedan de cada acontecimiento.

Relevancia del caso

Asimismo, el actual gobierno federal ha abierto la posibilidad de comenzar a sanar las heridas que ha dejado la violencia de varias décadas a través de la creación de comisiones de la verdad que ponen en el centro a las víctimas y sus familiares. Precisamente, el 3 de diciembre pasado, el presidente López Obrador firmó el Decreto Presidencial para la Verdad en el caso Ayotzinapa, el primero de su tipo en el país.[9] La Comisión de la Verdad respectiva entrará en funciones en enero de 2019 y sus miembros, autoridades y familiares de los desaparecidos, consensuarán los lineamientos de su operación.[10] Según el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas: “se trata de un paso muy significativo en la construcción de un proceso de justicia transicional que será la primera vez que implementemos en nuestro país”.[11] Si esto es cierto, se abre la puerta a la justicia transicional y podrían surgir otros ejercicios de este tipo en el país. Durante el periodo de campañas electores, voces de la academia, sociedad civil y víctimas señalaron la pertinencia de crear una comisión de la verdad nacional en lugar de varias para no fragmentar la búsqueda de la verdad y la atención a múltiples violaciones de derechos humanos.[12]

Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, “la justicia transicional emana de la rendición de cuentas y de la reparación para las víctimas. Reconoce su dignidad como ciudadanos y como seres humanos al (…) [plantear] las preguntas jurídicas y políticas más difíciles que se puedan imaginar”.[13] El insumo por excelencia para plantear y dar respuesta a estas preguntas es la información pública; además, permite un debate y propuestas basadas en evidencia. Por lo tanto, el derecho de acceso a la información es un derecho puente para garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de las víctimas, sus familias y los mexicanos.

En su discurso de presentación del decreto, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, describió las generalidades del decreto. En todas es evidente el papel fundamental que tendrá la información pública. Se deberá:[14]

  • Retomar las líneas de investigación desestimadas por la administración anterior.

  • Asegurar beneficios y medidas de protección para quienes aporten pistas o pruebas.

  • Garantizar transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos públicos que se asignarán, las aportaciones de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales y los convenios establecidos a nivel internacional.

  • Proveer toda la información necesaria para esclarecer los hechos bajo la premisa de que no podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho internacional, y de que no puede reservarse información cuando esto signifique obstruir la persecución de los delitos.

  • Permitir a los miembros de las comisiones de la verdad el acceso a instalaciones en las que se presuma puedan encontrarse o pudieran haber estado las personas desaparecidas o vestigios relacionados con ellos.

Los organismos garantes de transparencia debemos asumirnos como corresponsables de los procesos de justicia transicional. Debemos ejercer nuestras atribuciones para garantizar la disponibilidad de información pública para que tanto autoridades como población estén informados, tengan un lenguaje común, confíen entre ellos y muestren disposición para sentarse a la mesa de diálogo a pesar de las tensiones y antagonismos. El INAI debe resolver cuando un sujeto obligado de la administración pública federal, como en este caso que expongo, interpretan erróneamente la excepción a la reserva de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos.

Ante un proceso de justicia transicional y de acuerdo a las atribuciones del INAI, nuestras responsabilidades serán:

  • Emitir los criterios pertinentes para orientar a los sujetos obligados en la debida protección de datos personales, tanto de actores gubernamentales involucrados, como de las víctimas. Esto incluye la vigilancia de los sistemas de almacenamiento y procesos utilizados para recabar y resguardar dichos datos personales.

  • Generar información de transparencia proactiva e interés público en plataformas accesibles para las víctimas, sus familias y la población en general, como el proyecto Memoria y Verdad.

  • Facilitar la vinculación con los ejercicios locales de gobierno abierto que se desarrollan en 27 entidades federativas del país, espacios institucionalizados pero alternativos, que pueden servir para preparar los procesos de justicia transicional.

  • Impulsar la restauración del Secretariado Técnico Tripartita de México en la Alianza para el Gobierno Abierto, convocando a las nuevas autoridades del gobierno federal y al Núcleo de organizaciones de la sociedad civil para reiniciar trabajos conjuntos rumbo a un nuevo Plan de acción. Entre los compromisos pueden incluirse las gestiones para la colaboración de organismos internacionales en los procesos de justicia transicional.

  • Coordinarse con las autoridades competentes y actores sociales involucrados para resolver cualquier duda relativa al ejercicio de los derechos que el INAI tutela.

La apertura de información para detonar procesos de justicia transicional es una oportunidad para construir un México justo, es decir, para transformar y rescribir la historia del país, una en la que la seguridad y el Estado de derecho se cumplen, donde no hay corrupción ni impunidad. Por su sensibilidad e importancia, deben ser implementados con tal cuidado que no abonen aún más al desencanto y la desconfianza. México ya no puede asumir un costo tan alto. En lo que toca al acceso a la información pública y la protección de datos personales, el INAI hará su parte.

Propuesta

Sirva lo anterior para señalar que se propone MODIFICAR la respuesta de la PGR, e instruirle para que, en un plazo no mayor a diez días hábiles, proporcione versión pública de la averiguación previa SEIDO/UEITA/174BIS/14, así como el expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la CNDH, en los que únicamente se podrán testar diversos datos personales, nombre y firma correspondientes a testigos, victimas, ofendidos, imputados, asesores jurídicos y peritos, en términos de la fracción I, del artículo 113, de la LFTAIP.

Nota aclaratoria*

  • Una vez que se sometió el proyecto de resolución a votación del Pleno, y derivado de los votos particulares de los diversos Comisionados, se aprobó modificar la respuesta de la PGR a efecto de que se entregue versión pública de la averiguación previa SEIDO/UEITA/174BIS/14, así como el expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde se deberá proteger, entre otras cosas, el nombre de personal operativo, así como el nombre, firma y cargo de los servidores públicos a quienes se les siguieron procedimientos penales/administrativos en su contra, derivados o no de la Recomendación 51/2014, y que éstos ya fueron resueltos, en definitiva, en el sentido de confirmar, de manera firme, la sanción administrativa/penal de que se trate.

  • En relación con lo anterior, emití voto particular, ya que considero que dar a conocer el nombre de servidores públicos que siguieron procedimientos administrativos en su contra, y que éstos no hubieren concluido con alguna sanción, o que los mismos no se encuentren firmes, de ninguna manera implica una vulneración en la protección de la intimidad, honor e imagen de los servidores públicos. Asimismo, me aparto del proyecto por considerar que el personal sustantivo del sujeto obligado no puede ser reservado, por actualizar la excepción referida en el artículo 112, fracción I, del mismo ordenamiento.

Referencias

[1] http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_051.pdf

[2] https://www.gob.mx/segob/prensa/mexico-recibe-las-recomendaciones-del-comite-contra-la-desaparicion-forzada-de-la-onu-4041 y http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/RecomendacionesHC_web.pdf

[3] http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2014/09/29/las-ejecuciones-extrajudiciales-en-mexico/

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-esp-20160602.pdf

[4] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sedena-con-10917-quejas-por-violaciones-a-DH-20171109-0168.html

[5] https://www.wola.org/es/2017/11/nuevo-estudio-de-wola-revela-el-fracaso-de-la-pgr-de-perseguir-violaciones-derechos-humanos-cometidas-por-soldados-mexicanos/

[6] https://www.amnesty.org/es/countries/americas/mexico/report-mexico/

[7] http://interactivo.eluniversal.com.mx/online/pdf-18/PDF-plan-nacional-de-seguridad-2018.pdf

[8] https://www.nytimes.com/es/2018/11/28/opinion-lopez-obrador-guardia-nacional/

[9]https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545622&fecha=04/12/2018

[10] https://heraldodemexico.com.mx/pais/comision-del-caso-iguala-iniciara-trabajos-en-enero-informa-encinas/

[11] https://www.youtube.com/watch?v=v104anhiZys&list=UUxEgOKuI-n-WOJaNcisHvSg&index=14

[12] https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/08/08/no-fragmentemos-la-busqueda-de-la-verdad/

[13] https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional

[14] Véase nota al pie 9.

Comunicado emitido por el INAI.

Audio completo de la sesión.

Versión estenográfica de la sesión del pleno con mi participación en la página 13.

Fragmento de video con mi participación.

Video completo de la sesión del pleno con mi participación al respecto en el minuto 48:40.

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