ISSSTE debe dar a conocer diversos datos sobre contratos establecidos con asociaciones público-priva


Ciudad de México a 16 de enero de 2019

Folio de la solicitud: 0063700480418

Número de expediente: RRA 7726/18

Comisionado ponente: Joel Salas Suárez

El caso

El particular requirió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) diversos datos sobre las asociaciones público privadas contratadas hasta la fecha de la presentación de la solicitud de información. Entre otros datos, solicitó los contratos establecidos y sus detalles, empresas ganadoras de las licitaciones, lugares de construcción de las obras, personal a cargo, avances de las obras y estudios de viabilidad de los proyectos.

En respuesta, el ISSSTE proporcionó diversa información sobre cinco proyectos de asociación público privada vigentes, todos ellos para construcción o sustitución de hospitales:

  1. Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán;

  2. Sustitución del actual Hospital General “Aquiles Calles Ramírez” en Tepic, Nayarit;

  3. Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México;

  4. Sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurria Urgell” en Villahermosa, Tabasco; y

  5. Proyecto de construcción y operación del nuevo Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” en Tlatelolco, Ciudad de México. Respecto a este último el ISSSTE advirtió que el contrato respectivo fue rescindido.

El ISSSTE proporcionó vínculos electrónicos a las versiones públicas de los contratos publicados como parte de las obligaciones de transparencia, salvo el del contrato para el hospital de Tlatelolco, Ciudad de México, ya que consta de 4 mil 212 fojas no digitalizadas, las cuales puso a disposición en formato de copia simple o certificada previo pago de los costos de reproducción y, en su caso, envío. Además, el Comité de transparencia del ISSSTE declaró confidencial alguna información de los contratos por haber sido confiada con esa calidad por particulares, en el caso del hospital de Tlatelolco, o porque pertenece a los desarrolladores privados hasta que estos no hayan exigido el pago por contraprestación de los servicios prestados, en referencia a los cuatro hospitales restantes.

Esta respuesta fue recurrida por el particular por las siguientes causas: i) no recibió toda la información solicitada; ii) la clasificación de la información declarada confidencial no procede; iii) es incongruente y contradictorio lo señalado en el acta de confidencialidad sobre algunos pagos. Desde el punto de vista del particular, el monto de cada asociación público privada debe ser conocido, a pesar de que el desarrollador aún no lo exija al ISSSTE. Incluso, el recurrente identificó notas de prensa sobre hospitales que ya fueron habilitados con material y servidores públicos.

En alegatos, el ISSSTE aclaró que sí puso a disposición las versiones públicas de los contratos, publicadas como parte de las obligaciones de transparencia.

En análisis

El análisis del caso arrojó que el agravio del particular es parcialmente fundado, pues hay diversos tipos de documentos que deben ser generados según la normatividad correspondiente, cuyo contenido responde a la solicitud de información y podrían proporcionarse las versiones públicas, testándose solo los datos personales en términos de las fracciones I y III del artículo 113 de la ley de la materia, excepto los nombres de los socios y accionistas.

Posicionamiento

Según el último reporte de la OCDE sobre integridad en México, la corrupción agrava las disparidades sociales y económicas al permitir que la influencia indebida de intereses especiales capture el ciclo de la política pública y reduzca la capacidad de respuesta y la eficacia de dichas políticas, especialmente en detrimento de grupos marginados. La corrupción también limita el acceso justo y equitativo a los servicios públicos, tales como los de salud.[1]

En el sistema de salud pública mexicano se han visto casos de adquisición de medicamentos genéricos a precios de mercado incluso superiores a los de medicamentos de patente. Recursos del seguro popular, programa diseñado para que las personas más pobres que no tienen seguridad social puedan tener acceso a la atención médica, hospitalaria y de servicios médicos, podrían haber sido desviados con fines electorales. Se desviaron recursos destinados a fumigar y esterilizar hospitales públicos ocasionando contagio de pacientes ingresados. Existe desabasto de medicamentos en las clínicas rurales, hasta donde no llegan los médicos, o no se cuenta con equipos de primera necesidad e incluso se distribuyen medicamentos caducos.[2] Se sabe de casos indignantes como la entrega de quimioterapias falsas, como soluciones de agua, a niños con cáncer. Como se puede ver, cada peso destinado a la seguridad social que se pierde por posibles actos de corrupción va en detrimento de la salud de una mexicana o un mexicano.

Los casos de corrupción, como los que he descrito, muestran las áreas de oportunidad en la administración pública del sector. El sistema de salud en México está fragmentado, pues se integra por diversos esquemas de aseguramiento que varían según el estado laboral del derechohabiente. Esta fragmentación ha abonado a que, hasta la fecha, el número de hospitales públicos en México no garantice la cobertura universal.[3] En el Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud 2016, la Secretaría del ramo informó que entre 2007 y 2014, el número de hospitales aumentó de 2 a 4 hospitales por cada 100 mil habitantes, pero prácticamente no ha aumentado desde 2011. Con más de 12 millones de derechohabientes, el ISSSTE administra parte del cuidado de la salud y seguridad social y en conjunto con el IMSS atienden a más del 55% de la población de México.

Para hacer frente a la necesidad de instalaciones médicas, desde 2012, el esquema de asociaciones público privadas se convirtió en un mecanismo de desarrollo de infraestructura para promover la construcción de hospitales en México. Según la ley de la materia, “los proyectos de asociación público privada son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, (…) en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país”. Por lo tanto, las asociaciones público privadas deben estar plenamente justificadas, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera.[4]

En el caso de una asociación público privada para construir un hospital, ésta debe servir para cumplir la obligación del Estado mexicano de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud y el derecho fundamental a la protección de la salud. Esto requiere disponibilidad de un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud suficientemente equipados y abastecidos. Los hospitales son relevantes para el sistema de salud, porque es ahí donde se atienden los casos más graves. La calidad y accesibilidad de estas unidades pueden mantener, restaurar o mejorar la salud de millones de mexicanos.[5]

Sin embargo, el informe Salud Deteriorada: Opacidad y negligencia en el sistema público de salud de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cuestiona la utilización de esta modalidad de construcción para algunos hospitales, pues pudieron responder a razones políticas y no a un análisis geográfico, demográfico y epidemiológico nacional y regional sobre la demanda de servicios de medicina de alta especialidad. Como resultado, estos hospitales de alta especialidad o tercer nivel están subutilizados, a veces en más del 50%, mientras las clínicas de primer nivel y los hospitales generales de segundo nivel padecen saturación.[6] Además de los riesgos de posibles actos de corrupción, el modelo actual de asociaciones público privadas no ha mejorado la cobertura de servicios de salud pública.

Relevancia del caso

El nuevo gobierno federal anunció la rehabilitación o recuperación de 57 hospitales que quedaron inconclusos o están abandonados en diversos estados del país, mediante una inversión de hasta 10 mil millones de pesos.[7] Esta medida forma parte del Plan de salud integral presentado en diciembre pasado, el cual contempla poner fin a la descentralización de los servicios vigentes los últimos 20 años. Según el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, hay 250 unidades médicas destinadas a la población sin seguridad social que están abandonadas, sin terminar las obras o sin equipo.[8]

Asimismo, en conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se integrará un Sistema universal de salud, que elimine la fragmentación y la segmentación en la atención. Aunque el ISSSTE y el IMSS seguirán atendiendo a sus propios derechohabientes, también atenderán emergencias independientemente de que el asegurado sea de otra red de hospitales. Ya se han destinado los primeros recursos públicos para beneficiar a Yucatán, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Campeche, en donde se invertirán 25 mil millones de pesos. Cada seis meses se incorporarán ocho estados más. Para 2021, se espera que todas las entidades federativas de la República se integren al nuevo sistema. Se privilegiará la construcción de unidades de salud para un uso racional de los recursos de infraestructura, equipo y personal debidamente formado, afirmó el Secretario de Salud.[9]

Al centro de la restructuración del sistema de salud, tanto a nivel federal como estatal, debe haber una política de transparencia proactiva que permita seguir cada peso y centavo destinado a medicinas, equipo, mantenimiento o construcción de clínicas y hospitales o salarios de personal médico y de enfermería. En este sentido, parafraseo lo planteado por la actual titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en el libro Interés público, asociaciones público-privadas y poderes fácticos: las asociaciones público privadas son un modelo de desarrollo de infraestructura cada vez más socorrido, por ello es fundamental asegurar que se contraten e implementen con total transparencia obligando por igual a las entidades públicas y privadas involucradas. Ambos tipos de actores involucrados en asociaciones público privadas de salud adquieren responsabilidad plena con los mexicanos de proveer bienes y servicios de salud adecuados y efectivos, al mismo tiempo que asegurar un mercado competitivo. Para demostrarlo, también deben ser transparentes.[10] El informe de la OCDE ya citado respalda lo anterior recomendando a México “seguir explorando la implementación de contrataciones abiertas en las adquisiciones de salud y productos farmacéuticos” para incrementar la transparencia y la divulgación de información en torno a las contrataciones públicas del sector.[11]

La información pública sobre asociaciones público privadas a la que se refiere este recurso de revisión es fundamental para que las autoridades federales actuales y la población en general evalúen las decisiones tomadas por el ISSSTE al utilizar este esquema de desarrollo de infraestructura. Asimismo, al proporcionar cabalmente la información que se le requirió, el ISSSTE podrá demostrar que lo utilizó con estricto apego a los requerimientos técnicos, y que se aseguró que el presupuesto disponible realmente fue destinado para garantizar la salud de los mexicanos.

Propuesta

Es por esto que esta ponencia propone MODIFICAR la respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, e instruirle que elabore una nueva versión pública de los documentos que atienden la solicitud de información respectiva, en la que se testen datos personales, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, excepto los nombres de los socios y accionistas; y clasifique diversa información con fundamento en el artículo 113, fracciones I y III de la Ley Federal en la materia. Los documentos y términos para testar datos personales se detallan en la resolución del caso. Dicha versión pública deberá ser confirmada por su Comité de Transparencia y en caso de que la información no pueda ser entregada en el formato requerido, el sujeto obligado deberá poner todas y cada una de las modalidades posibles al particular.

Referencias

[1] https://www.oecd.org/gov/ethics/estudio-integridad-mexico-aspectos-claves.pdf

[2] https://revistainternacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2017/08/10.-Salvador-Hernandez.-.pdf

[3] http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2016/01/ocde_rhsmx_sp.pdf

[4] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP_150618.pdf

[5] https://ciep.mx/cobertura-universal-de-la-salud-en-mexico-requerimientos-de-infraestructura-y-equipamiento/

[6] https://www.animalpolitico.com/hospitales-mexico-servicios-deficientes/hospitales-desubicados.php

[7]https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1456414&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1456414

[8] https://www.gob.mx/salud/prensa/version-estenografica-de-las-palabras-del-secretario-de-salud-doctor-jorge-alcocer-varela?idiom=es

[9] https://www.gob.mx/salud/prensa/467-arranca-la-transformacion-de-los-servicios-de-salud-en-ocho-estados?idiom=es; https://lopezobrador.org.mx/2018/12/14/anuncia-presidente-plan-de-salud-integral/

[10] http://ru.iis.sociales.unam.mx:8080/jspui/bitstream/IIS/5197/1/interes_publico.pdf (página 100).

[11] Véase nota al pie 1.

Comunicado emitido por el INAI

Audio completo de la sesión.

Versión estenográfica de la sesión con mi participación al respecto en la página 36.

Fragmento de video con mi participación en el pleno

Video completo de la sesión del pleno con mi participación en el minuto 2:11:40

#ContratacionesAbiertas #ISSSTE #Salud #ObraPública

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