Oficina de Presidencia de la República debe informar sobre los “Delegados de Programas para el Desarrollo”.

March 27, 2019

 

Ciudad de México a 27 de marzo de 2019

 

Folio de la solicitud: 0210000013319
Número de expediente: RRA 0575/19

 

El caso

 

El particular solicitó a la Oficina de la Presidencia de la República (OPR) la siguiente información sobre la figura “Delegados de Programas para el Desarrollo”: 1) la denominación correcta de dicho cargo; 2) los nombres de quienes ocupan el cargo y el estado de adscripción; 3) la clave del nivel salarial que les corresponderá.; 4) el ingreso mensual bruto y neto desglosando percepciones y deducciones; y 5) lo presupuestado por concepto de aguinaldo.

 

En respuesta, Oficina de la Presidencia señaló ser incompetente para contar con la información requerida y sugirió al particular presentar su solicitud ante la Secretaría de Bienestar. Dicha respuesta fue recurrida por el particular. En alegatos, el sujeto obligado sostuvo la legalidad de su respuesta e indicó nuevamente que el organismo competente para conocer de la información solicitada es la Secretaría de Bienestar.

 

En análisis 

 

El análisis del caso arrojó que el agravio del particular resulta FUNDADO. Contrario a lo señalado por el sujeto obligado, éste sí cuenta con atribuciones para conocer de la información solicitada por el particular. Si bien es cierto que las Delegaciones de programas para el desarrollo estarán adscritas, jerárquica y orgánicamente a la Secretaría de Bienestar, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 17 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el titular del ejecutivo federal contará con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, bajo el mando directo del Presidente de la República, para coordinar las Delegaciones de programas para el desarrollo en la implementación de las funciones que serán de su competencia.

 

Posicionamiento

 

El 30 de noviembre de 2018 la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue reformada para incluir la figura jurídica de las Delegaciones de programas para el desarrollo. Estas Delegaciones tendrán a su cargo “la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población, de conformidad con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo”. [1]

 

Esta Coordinación General está bajo el mando directo del ejecutivo federal y será quien proponga a los titulares de las Delegaciones que, a su vez, estarán adscritas jerárquica y orgánicamente a la Secretaría de Bienestar. Es importante destacar que las Delegaciones coordinarán e implementarán programas prioritarios de la actual administración tales como las Becas Benito Juárez;[2] el Programa para la Atención a Personas con Discapacidad y la Pensión Universal para Adultos Mayores[3].

 

De acuerdo con el titular del ejecutivo federal, la creación de las Delegaciones de programas para el desarrollo busca “reducir el número de delegados a uno estatal y uno por región”. Antes existían varios delegados federales por entidad federativa, ahora el objetivo es que un solo funcionario sea el encargado de la coordinación e implementación de los programas de la Secretaría de Bienestar y haya menos intermediarios en la entrega de los beneficios de los programas sociales. [4]

 

Relevancia del caso

 

Expertos han mencionado que las Delegaciones canalizarían las demandas y prioridades en cada entidad federativa hacia la Presidencia y ayudarían a resolver áreas de oportunidad en la implementación de algunas políticas públicas federales en los estados. Si conocen las prioridades, pueden ayudar a mejorar el diseño, focalizar mejor los programas y mejorar la gestión del seguimiento.[5]

 

En contraste, legisladores de la oposición han presentado una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal por considerar que la figura de las Delegaciones de programas para el desarrollo atenta contra la autonomía de las entidades federativas y la descentralización política. Según este punto de vista, los titulares de las Delegaciones se les da un amplio margen de discrecionalidad respecto a la operación de los programas que entregan beneficios directos a la población. La acción de inconstitucionalidad aun es revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.[6]

 

A pesar de lo anterior, el ejecutivo federal reveló el pasado 20 de marzo que alista la creación de la estructura administrativa con que operará cada Delegación de programas para el desarrollo. Habrá siete subdelegaciones o subcoordinaciones para cada entidad. Se enfatizó que esta estructura será mucho más barata que la de gobiernos anteriores en aproximadamente 10 mil millones de pesos. El objetivo es que se “fortalezca la figura de superdelegados por medio de una especie de subgabinete para hacer más eficiente su trabajo en relación con los temas de transparencia y la lucha contra la corrupción”.[7]

 

Dada la relevancia de los Delegados de programas para el desarrollo, se entiende que la población, como en el caso de este recurso de revisión, requiera ubicar quiénes son, qué atribuciones tendrán y cuáles serán sus percepciones económicas. Para ir un paso más adelante, el gobierno federal podría hacer un ejercicio de transparencia proactiva clarificando los criterios utilizados para nombrar a los nuevos Delegados, las reglas que cuidarán su participación en el manejo y vigilancia de recursos públicos federales, así como los mecanismos de seguimiento y control social de los programas de desarrollo que estarán a su disposición.

 

La transparencia es una vía fundamental para rendir cuentas a la población sobre los resultados de los programas sociales prioritarios del gobierno federal, así como para dar certeza de que se respetan los ámbitos de competencia de cada nivel de gobierno, en aras de una coordinación intergubernamental que fortalezca la entrega de resultados que beneficien la vida de los mexicanos en la que no caben intereses políticos ni electoreros.

 

Propuesta

 

Con base en lo anterior, esta ponencia propone REVOCAR la respuesta del sujeto obligado e instruirle que asuma competencia y emita la respuesta que conforme a derecho corresponda, atendiendo a los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

 

Referencias

 

[1] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_301118.pdf

 

[2] https://www.nacion321.com/ciudadanos/eres-joven-checa-si-te-toca-una-de-estas-4-becas-de-amlo

 

[3] https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/09/inaugurara-amlo-sus-dos-programas-sociales-mas-importantes-8873.html

 

[4] https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9270

 

[5] Íbid.

 

[6] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Oposicion-impugna-creacion-de-superdelegados-20181227-0085.html; https://www.animalpolitico.com/2018/11/que-son-los-superdelegados-amlo/

 

[7] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-da-estructura-superdelegados

 

 

 

 

 

 

Comparto material audiovisual:

 

Comunicado emitido por el INAI

Audio completo de la sesión.

Versión estenográfica de la sesión del pleno con mi participación al respecto en la página 12.

Fragmento de video con mi participación.

 

Video completo de la sesión del pleno con mi participación al respecto a partir del minuto 52:10. 

 

 

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