SAT debe entregar análisis organizacional sobre duplicidad de funciones


Ciudad de México a 27 de mayo de 2019

Folio de la solicitud: 0610100011219

Número de expediente: RRA 2146/19

El caso

Un particular solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el análisis organizacional referido en un comunicado de prensa del 21 de diciembre de 2018 sobre la necesidad de evitar la duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia en sus Administraciones Generales.

En respuesta, el SAT estableció que no cuenta con información que corresponda de manera literal al análisis organizacional solicitado. Los documentos que sirvieron de base están clasificados como “reservados” por un año, porque se está ejecutando una estrategia de reestructura para cumplir con el plan de austeridad republicana y, de darse a conocer, terceros ajenos podrían tratar de influir en la decisión de los servidores públicos, lo que afectaría la organización estructural definitiva de la institución. Además, se afectarían las garantías del proceso, violentando las prerrogativas de imparcialidad, así como la adecuada y oportuna defensa de las partes involucradas en procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales de los que el SAT es parte.

Esta respuesta fue recurrida por el particular, el cual manifestó como agravio la clasificación declarada. En alegatos, el Servicio de Administración Tributaria reiteró y defendió la legalidad de su respuesta inicial.

En análisis

El análisis del caso arrojó que el agravio del particular resulta FUNDADO, ya que no resultó procedente la reserva de los documentos requeridos, en términos de las causales de clasificación invocadas por el SAT.

Un slogan del Gobierno federal reza así: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Conviene citar textualmente la justificación dada en un comunicado de prensa: “en un México con más de 50 millones de personas en pobreza, es inaceptable que los servidores públicos se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios, o que el gobierno realice gastos excesivos u onerosos en su operación.”[1] Estos argumentos son la base para la política de austeridad republicana implementada en la Administración Pública Federal desde el primero de enero de 2019. Los ahorros generados serían destinados a los programas prioritarios para el desarrollo y el beneficio de la nación.

Entre las medidas se establecen reducciones salariales y recortes en términos de recursos humanos en la administración pública federal. Por un lado, el tabulador que determina las remuneraciones de acuerdo con la responsabilidad y las funciones que desempeña un puesto fue reajustado de modo que nadie en la administración pública federal gane más que el Presidente y que los salarios de puestos de altos mandos se reduzcan hasta el 40%.[2] Por otro lado, en los primeros tres meses, 5 mil 085 empleados de 17 dependencias del Gobierno federal fueron separados o renunciaron a sus cargos. El caso más visible es el del SAT, aproximadamente 2 mil empleados de al menos 12 oficinas locales fueron despedidos.[3] Otros ejemplos son el organismo de promoción turística ProMéxico que desapareció y en secretarías críticas, como la de Salud, la prensa reporta que se busca recortar al 30% del personal.[4] El IMSS y el ISSSTE también anunciaron la reducción de personal.[5]

El 3 de mayo pasado, un memorándum emitido por el titular del Ejecutivo federal anunció medidas adicionales de austeridad que se aplicarán en más de 300 instituciones de la Administración Pública Federal.[6] Se reiteró la reducción de personal:

  • No se contará con asesores en la Administración Pública Federal y los gabinetes de apoyo se reducirán 30%. Únicamente habrá un máximo de cinco asesores en la Presidencia de la República.

  • No habrá personal de confianza ni altos mandos en las delegaciones federales de las dependencias y entidades y se eliminarán las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que fueron creadas injustificadamente.

  • Se ajustarán las plazas de las oficinas de representación en el extranjero de conformidad con lo establecido en el Dictamen que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana.

  • Únicamente podrán contar con choferes el titular del Ejecutivo Federal, los secretarios de Estado, subsecretarios y sus homólogos.[7]

La titular de la Secretaría de la Función Pública subrayó que la implementación de estas medidas se realizaría con respeto a los derechos de los funcionarios públicos, sin afectar al personal operativo y de base, ni la capacidad operativa de las instituciones.[8] Las medidas incluyen órganos administrativos desconcentrados, organismos descentralizados, instituciones públicas del sector financiero, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, empresas productivas del Estado y demás entidades. Esta vez se especificó que los recursos ganados se destinarán a “incrementar los beneficios fiscales adicionales que se otorgarán a PEMEX con el objetivo de fortalecer esta gran empresa estratégica de la nación”.[9] El 29 de abril de 2019 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió una circular instruyendo la separación del cargo de aquellas personas que hayan sido contratadas a partir del primero de diciembre de 2018.[10]

Posicionamiento

El impacto de las medidas de austeridad en términos de recursos humanos no se ha hecho esperar. Para algunos analistas estas medidas conllevan riesgo a la operación del mismo gobierno en varios sentidos.

Primero, porque tienen que fundamentarse adecuadamente respetando la antigüedad y prerrogativas laborales de los funcionarios públicos; segundo, porque pueden estigmatizar a miles de burócratas –o exburócratas- por tener cierto perfil educativo, profesional y adquisitivo; y tercero, porque pueden ocasionar una fuga de talentos y un impasse en la implementación de los programas públicos en tanto el nuevo personal adquiere experiencia suficiente.[11] Guillermo Cejudo reflexiona: “Reorganizar la administración, sobra decirlo, es una tarea mucho más compleja que los recortes en el gasto, pues requiere diagnósticos precisos de las características específicas de cada organismo público. La eficacia burocrática no depende sólo de las personas y los presupuestos, sino de los procesos bien diseñados, los mandatos claros, las estructuras organizacionales adecuadas, las líneas de mando bien definidas, y los controles necesarios y suficientes para asegurar el buen desempeño.”[12]

Estas advertencias no son infundadas. Antes de acometer recortes como los referidos deben realizarse evaluaciones que permitan identificar qué plazas se necesitan, qué plazas no, qué funcionarios se quedan o se marchan, etcétera. La información pública será la que provea la evidencia de dichas evaluaciones. Estas, a su vez, deben ser conocidas por la población para demostrar que se tomaron las decisiones que más beneficiarán a la población.

Relevancia del caso

Un gobierno que tiene grandes ambiciones y proyectos de cambio requiere de administradores públicos con experiencia, calificación, así como honradez. “Los funcionarios deben aprender a vivir en la justa medianía”, es la frase de Benito Juárez que inspira la austeridad republicana, según el Gobierno federal. Es una premisa que parece justa y sensata y que podría guiar una reforma en los cuerpos burocráticos federales. Sin embargo, además del ahorro y la eficiencia presupuestal, hace falta fortalecer un servicio profesional de carrera que asegure la movilidad por mérito a los funcionarios públicos, así como la profesionalización y los incentivos para que se desempeñen de forma ética, transparente y efectiva.

El diagnóstico respecto al servicio profesional de carrera actual no es halagüeño. Fue boicoteado desde su creación, está estancado, no garantiza la movilidad profesional basada en el mérito, y tiene vacíos normativos que permiten la contratación sin procesos competitivos.[13] Una de las mejores herencias que puede legar al actual gobieno federal es una burocracia con recursos humanos orientados a la profesionalización. “Es una tarea menos llamativa, pero mucho más importante que la de recortar los salarios.”[14]

En realidad, cada cambio en recursos humanos que se emprenda en una institución pública debe realizarse según sus necesidades específicas y debe asegurarse que la dirección cuente con la experiencia suficiente para asegurar el cumplimiento de su misión. De acuerdo con el académico del CIDE, David Arellano, las instituciones públicas responden a su misión, mediante los instrumentos y en las circunstancias propias de su situación. “Una organización tiene su vida, su propio contexto, situaciones y grupos en espacios coyunturales y estructurales específicos. Aunque exista por una razón externa y abstracta, tiene que actuar en una situación contextual e interna particular, específica y concreta.”[15]

La mejor forma de demostrar que se toma en cuenta los razonamientos anteriores es por medio de la información pública. Hace falta algo más que la voluntad política y la manipulación del presupuesto para que la cosas sucedan. La información pública también ayuda a demostrar quién está cumpliendo o no los objetivos previstos. Las personas afectadas por los recortes, sea porque renuncian a su puesto o les reducen el sueldo, tienen derecho a conocer las razones y los diagnósticos que motivan las decisiones. Es la única forma de despejar la sospecha de arbitrariedad o improvisación.

Este derecho también es de la población mexicana en general. Es muy simple, una función pública consciente y comprometida es la clave para el éxito de las políticas y programas previstos para impulsar el desarrollo y combatir la desigualdad, la violencia y la corrupción, las principales promesas del Gobierno federal. En México tenemos servidores públicos con experiencia y conocimientos prácticos probados cuyo despido o retiro de la función pública deben estudiarse cuidadosamente. Los despidos deben estar justificados, así como los incentivos y las condiciones para atraer funcionarios públicos que sustituyan a los que salen, porque el trabajo en cada institución no puede parar, los derechos fundamentales de los mexicanos deben ser garantizados sin excepción.

En realidad, toda política de austeridad requiere un debate público donde se escuchen opiniones y alternativas diversas. Amartya Sen advierte que “el conocimiento y entendimiento público son centrales para que un gobierno democrático pueda hacer buenas políticas públicas”. Este economista ganador del Premio Nobel en esa materia, citando a Keynes enfatiza que se pueden prevenir resultados adversos si se permite más discusión pública, en lugar de una toma de decisiones unilateral y en los corredores de [los edificios gubernamentales]. […] Es posible que los errores sean prevenidos a través de procedimiento estandarizados de deliberación, escrutinio y crítica.”[16] Para que eso se logre es necesaria la información pública.[17] En un Estado fuerte todas las decisiones se toman basadas en evidencia y esa evidencia debe ser conocida por todas y todos. La transparencia fortalece el Estado, no lo debilita.

Propuesta

En este sentido, este pleno propone REVOCAR la respuesta del Servicio de Administración Tributaria e instruirle entregar al particular la versión íntegra de los documentos solicitados, es decir, los documentos que sirvieron de base para el análisis organizacional señalado en el comunicado de prensa referido, correspondiente al reajuste organizacional del Servicio de Administración Tributaria.

Referencias

[1] https://html2-f.scribdassets.com/4h5bc9gcjk6xksix/images/1-bd8377696a.jpg; https://www.gob.mx/sfp/prensa/ajustes-salariales-en-la-administracion-publica-federal-apegados-a-politica-de-austeridad-republicana

[2] https://funcionpublica.gob.mx/web/Prensa/Comunicados/COMUNICADO%20SFP%20NO.%20011%20-%20DOMINGO%2030%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018%20V2.pdf

[3] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Renuncias-de-gobierno-sumaron-5085-empleados-en-el-primer-trimestre-de-AMLO-20190502-0005.html; https://www.animalpolitico.com/2018/12/trabajadores-sat-despidos-recorte-personal/

[4] https://www.animalpolitico.com/2019/03/salud-recorte-despidos-amlo-austeridad/

[5] https://vanguardia.com.mx/articulo/que-se-sabe-hasta-ahora-de-los-despidos-en-el-gobierno-de-amlo

[6] https://www.gob.mx/sfp/articulos/funcion-publica-y-shcp-dan-a-conocer-medidas-adicionales-de-austeridad-republicana?idiom=es

[7] https://www.animalpolitico.com/2019/05/gobierno-federal-despidos-recortes/

[8] Ídem

[9] https://html1-f.scribdassets.com/4h5bc9gcjk6xksix/images/5-7aee160a40.jpg

[10] https://issuu.com/pajaropolitico/docs/buenrostro_20190429142539

[11] https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/el-desmantelamiento-de-la-burocracia-pone-en-riego-al-pais; https://www.nacion321.com/gobierno/los-3-problemitas-que-2019-le-trajo-al-presidente-amlo; https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cndh-critica-ante-amlo-propuestas-del-nuevo-gobierno

[12] https://www.nexos.com.mx/?p=39147

[13] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reduccion-de-salarios-pegaria-a-Servicio-Profesional-20180814-0133.html; https://ethos.org.mx/es/como-convive-el-servicio-profesional-de-carrera-con-la-politica-de-austeridad-de-amlo/; https://colmex.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/52COLMEX_INST/1272669670002716

[14] https://www.nexos.com.mx/?p=39147

[15] https://www.academia.edu/30021620/An%C3%A1lisis_organizacional_Una_perspectiva_desde_la_estrategia

[16] https://www.newstatesman.com/politics/2015/06/amartya-sen-economic-consequences-austerity

[17] https://www.gobiernosmexico.com.mx/gobierno-federal/inegi-fortalecer-la-cultura-de-la-toma-de-decisiones-basada-en-evidencia-clave-para-el-desarrollo-de-mexico/

Comparto material audiovisual:

Comunicado emitido por el INAI.

Audio completo de la sesión del pleno.

Versión estenográfica de la sesión del pleno con mi participación al respecto en la página 8.

Fragmento de video con mi participación al respecto.

Video completo de la sesión del pleno con mi participación al respecto a partir del minuto 1:12:38

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