SEP debe informar sobre Universidades para el Bienestar Benito Juárez

July 5, 2019

 

 

Ciudad de México a 12 de junio de 2019

Folio de la solicitud: 0001100068819

Número de expediente: RRA 2945/19 

 

El caso

 

Un particular solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la siguiente información con respecto a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García:

  • Lugares donde se prevé construir, instalar u operar las 100 universidades.

  • Municipio, entidad, fecha prevista de construcción e inicio de operación de labores.

  • Costo de construcción y operación de cada una de las 100 universidades.

  • Documentación que dé cuenta del proceso de obtención, compra, renta, donación, cesión, comodato o cualquier figura legal mediante la cual la Federación obtendrá los terrenos donde se construirán o instalarán las 100 universidades.

En respuesta, la SEP señaló que en sus archivos no encontró la información solicitada, no está obligada a producir un documento ad hoc, y los lineamientos del programa están en proceso de elaboración. Esta respuesta fue recurrida por el particular teniendo como agravio la inexistencia de la información requerida. En alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial.

 

En análisis

 

El análisis del caso arrojó que el agravio del particular resulta FUNDADO, ya que existen elementos de convicción para inferir que la información ya debería obrar en los archivos de la SEP. Se deduce que la SEP no cumplió con el procedimiento de atención a la solicitud de información, pues existen indicios de los que se infiere que el Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García ya se encuentra en funcionamiento y que las reglas o lineamientos de operación respectivos debieron existir previo a ello.

 

El Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García tiene como objetivo “brindar servicios de educación superior gratuitos y de calidad a jóvenes con bachillerato terminado que no tienen posibilidades de ingresar a las instituciones de educación superior actualmente existentes” implantando y operando universidades en municipios de alta y muy alta marginación.[1] De acuerdo con la página oficial de este Programa se plantea la construcción de 100 planteles en 31 estados de la República Mexicana.[2] Se ofrecerán 36 licenciaturas e ingenierías y todas las actividades académicas son gratuitas.[3] La meta es incorporar a un total de 300 mil estudiantes a la educación superior a lo largo del sexenio actual. Para lograr estos objetivos se dispone de mil millones de pesos asignados en el presupuesto de egresos 2019.[4] 11 planteles se ubicarán en Oaxaca, 10 en Ciudad de México, 8 en Veracruz, 6 en Chiapas y Guanajuato, respectivamente. El resto de las entidades tendrán entre 5 y 2 escuelas.[5]

 

En diversas notas periodísticas se señala que la Secretaría de Educación Pública (SEP) quedó al margen de la operación del Programa que sólo será administrado por el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL). Este es un organismo internacional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, “al servicio de los países de América Latina y el Caribe”, y que fue creado mediante un convenio de cooperación regional entre la UNESCO, la Organización de Estados Americanos y 12 países de América Latina y el Caribe en 1951.

 

Originalmente, el CREFAL fue creado para formar personal especializado, generar investigaciones, y dar asesoría y consultoría como parte de la cooperación regional en materia educativa. Sin embargo, el CREFAL cambió esta misión a la de administrar las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García del gobierno federal mexicano. El presupuesto del Programa está etiquetado en la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, pero la dependencia no lo ejecutará directamente, sino que lo entregará al CREFAL que no está regido por las obligaciones presupuestales ni de rendición de cuentas de la administración pública federal.[6]

 

Además, diversos medios de comunicación  mencionan que desde el 25 de marzo pasado las clases iniciaron en sedes provisionales sin que se sepa por cuánto tiempo, pues se desconoce el plazo estimado para el inicio y el término de construcción de las 100 universidades comprometidas. Entre las sedes provisionales están nueve escuelas financiadas entre 2015 y 2016 por diputados locales y federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),[7] como parte de un Programa de Escuelas Universitarias que consistió en la apertura de 19 programas educativos en el país, de los cuales solo dos reunieron los requisitos para reconocimiento legal aún después de más de dos años de ser impartidos.[8]

 

Como informó en su respuesta la Secretaría de Educación Pública, aún no están disponibles los lineamientos de operación del Programa, a pesar de que existen indicios de que ya empezó la implementación.[9] Incluso hay un punto de acuerdo de febrero de 2019, emitido por la H. Cámara de Diputados llamando al gobierno federal a publicar cuanto antes las reglas o lineamientos de operación de varios programas federales que incluyen al que se refiere este recurso de revisión.[10]

 

Posicionamiento

 

Esta ponencia identificó al menos tres razones por las que es importante conocer la información solicitada sobre el Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez:

 

Primero, porque se refiere a aspectos cruciales para la operación del Programa. Para que un programa público funcione correctamente debe contar con diagnósticos, normatividad clara e instrumentos de planeación estratégica que clarifiquen sus objetivos y metas, población potencial y objetivo, alcance, recursos humanos y presupuestales disponibles, apoyos que se darán, requisitos para recibirlos, etcétera. Estos serán la muestra de que se ha cuidado el diseño del programa y serán la referencia para rendir cuentas sobre la administración del presupuesto asignado y los resultados obtenidos. En consecuencia, deberían estar listos antes de iniciar la implementación. Hacer pública la documentación que dé respuesta a lo peticionado es crucial para dar certeza a los beneficiarios y la población sobre la pertinencia del Programa y la calidad de la educación que se impartirá en las universidades previstas.[11]

 

Segundo, precisamente, la educación en todos sus niveles no trata solo de cantidades, presupuestos y cobertura, sino de calidad. En México, “la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado” luego de la reforma constitucional del pasado 15 de mayo. Es decir, las autoridades competentes de todos los niveles de gobierno deberán fomentar la inclusión, permanencia y continuidad de quienes cumplan los requisitos dispuestos por las instituciones públicas de educación superior.[12] Esta reforma se justifica en tanto está probado que, a mayor nivel de estudios, las personas mejoran sus oportunidades de movilidad social. En cuanto a lo económico, participan más en el mercado de trabajo, disfrutan de mejores resultados en materia de empleo y reciben mejores salarios. [13] Toda la población debería tener la oportunidad de cursar estudios superiores si así lo decide, pero el Estado enfrenta serios retos para garantizar este nuevo derecho a las y los mexicanos.

 

De acuerdo con el Informe de la OCDE de 2018, la educación superior en México está creciendo y, si se mantienen los patrones actuales, el 26% de las y los jóvenes obtendrán algún título de educación superior a lo largo de su vida. Medio millón de egresados ingresan cada año en el mercado laboral. [14] Sin embargo, un gran número de estudiantes abandonan la educación media superior, solo el 56,3% de los mexicanos terminará ese nivel de estudios, lo cual reduce las oportunidades de ingresar al siguiente nivel. Esto se debe a que México tiene un problema de cobertura y desigualdad en el acceso. Entre los países de la OCDE tiene la proporción más baja de adultos (25-64 años) con un título de educación superior (17%), una cifra muy inferior al promedio de la OCDE (37%). Además, las instituciones públicas acogen al 70% de la matrícula y están sufriendo recortes presupuestales.

 

Por si fuera poco, las condiciones de trabajo han empeorado en la última década y la percepción de los empleadores es que falta competencias y habilidades en los profesionistas mexicanos. Según la OCDE no hay datos representativos para evaluar las competencias de los egresados en México y un número desconocido de instituciones privadas operan fuera de cualquier sistema de evaluación de calidad educativa. Menos de la mitad de los estudiantes de licenciatura están matriculados en programas que han sido evaluados o acreditados externamente. También hay concentración de matriculados en un pequeño número de programas de licenciatura, cuando el mercado laboral requiere mayor diversidad y mejores políticas de orientación vocacional. Solo algunas instituciones punteras se encargan de atender estas áreas de oportunidad.[15]

 

Relevancia del caso

 

¿Se tomaron en cuenta todos estos aspectos al diseñar el Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez? ¿Efectivamente se impartirá educación de calidad además de buscar ampliar la cobertura? La información de este recurso de revisión ayudará a evaluar si la declaración de la página de internet oficial es cierta: “El Programa está orientado a formar profesionales con sentido público, comprometidos con las necesidades sociales de la población más desfavorecida del país, con conocimientos de los problemas que plantean la supervivencia y sustentabilidad de las comunidades en que residan y realicen sus estudios, y formados en un amplio horizonte que les permita desarrollar sus capacidades, creatividad, sentido crítico y propositivo, experiencia práctica e interacción sistemática con su entorno.”

Tercero, es fundamental combatir la desigualdad en el acceso a la educación superior, pero también lo es fortalecer este nivel de estudios para que contribuya a la ciencia, la investigación y la innovación.

 

Es necesario mantener un equilibrio entre la apertura de instituciones que formen profesionistas que requiere el desarrollo del país, pero también se requieren investigadores especializado que mantengan a México al tanto del conocimiento y la tecnología mundiales, para transmitirlos en el país y contribuir a la solución de los problemas públicos.[16]

 

A este respecto también falta información pública. La reforma constitucional ya mencionada reconoció el derecho humano a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Actualmente, el Estado mexicano está obligado a proporcionar recursos y estímulos para la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, así como a garantizar el acceso abierto a la información que deriva de la ciencia.[17] Esto contradice la realidad, pues el sector adolece de castigadas condiciones presupuestales que se recrudecen debido a los recortes presupuestales más recientes.[18] Independientemente de las resistencias que puedan desatarse por las afectaciones a un status quo, se requiere información pública sobre los diagnósticos y previsiones realizadas para justificar las reducciones presupuestales a este tipo de instituciones, al tiempo que se destinan recursos para crear nuevas universidades.[19]

 

La información pública puede contribuir a defender el derecho a la educación superior de la población, así como a verificar que las políticas educativas se encaminen realmente a garantizarlo. La información pública puede ayudar a que haya educación para todos, pero no cualquier educación, sino educación de calidad.

 

Propuesta

 

Con esta convicción, esta ponencia propone REVOCAR la respuesta de la Secretaría de Educación Pública e instruirle realizar una nueva búsqueda de la información en todas las unidades administrativas competentes, atendiendo al procedimiento previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

 

 

Referencias

 

[1]https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465578/Programa_de_Universidades_para_el_Bienestar_BJ.pdf

 

[2] https://www.crefal.org/universidades

 

[3] Ídem

 

[4] https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/11/r11_ppcer.pdf

 

[5] https://ubbj.gob.mx/registro

 

[6] https://www.animalpolitico.com/2019/03/universidades-extranjeros-centro-latinoamericano/

 

[7] https://www.animalpolitico.com/2019/03/100-nuevas-universidades-amlo-benito-juarez/

 

[8] https://ubbj.gob.mx/registro; https://www.animalpolitico.com/2019/03/100-nuevas-universidades-amlo-benito-juarez/

 

[9] https://www.animalpolitico.com/2019/03/100-nuevas-universidades-amlo-benito-juarez/

 

[10] http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-12-1/assets/documentos/PA_PRI_programas_sociales.pdf

 

[11] Ídem

 

[12] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf

 

[13] Se reforman los párrafos primero y actual segundo, recorriéndose en su numeración para ser el cuarto, las fracciones II, inciso c), V, VI, párrafo primero y su inciso a), y IX del artículo 3o. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019&print=true

 

[14] https://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-mexico_9789264309432-en

 

[15] OECD (2019), Higher Education in Mexico: Labour Market Relevance and Outcomes, Higher Education, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264309432-en.

 

[16] Ídem.

 

[17] https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/entresijos-del-derecho/una-ciencia-sin-futuro

 

[18] https://twitter.com/leonugo/status/1134537928519180288

 

[19] https://www.nexos.com.mx/?p=42647

 

 

 

 

 

 

Comparto material audiovisual: 

 

Comunicado emitido por el INAI.

Audio completo de la sesión del pleno.

Versión estenográfica de la sesión del pleno con mi participación al respecto en la página 13.

Fragmento de video con mi participación al respecto.

 

Video completo de la sesión del pleno con mi participación al respecto a partir del minuto 44:30

 

 

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