Secretaría del Trabajo debe informar sobre acciones en Pasta de Conchos


Ciudad de México a 03 de julio de 2019

Folio de la solicitud: 0001400053219

Número de expediente: RRA 5344/19

El caso

Un particular solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los documentos que dan cuenta de las acciones emprendidas por la Secretaría respecto a la mina Pasta de Conchos del primero de diciembre de 2018 al primero de abril de 2019, fecha de la solicitud. El particular se refirió a dichas acciones con base en declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que no contaba con la información solicitada, lo cual dejó inconforme al particular quien interpuso recurso de revisión ante este Instituto. Se aplicó suplencia de la queja por inexistencia de lo requerido. En alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta. Aclaró que a la fecha de la solicitud no se encontró documento alguno respecto de lo solicitado por lo que se confirmaba la respuesta inicial. No obstante, en aras de la máxima publicidad, informó que iniciaría la conformación del Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos para rescatar los cuerpos de mineros atrapados y que la primera medida de este plan será la instalación de un comité, cuya responsabilidad será darle seguimiento a dicho proceso de rescate.

En análisis

El análisis del caso arrojó que el agravio del particular resulta FUNDADO, porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes para conocer de lo requerido.

El 19 de febrero de 2006, la mina número ocho Unidad Pasta de Conchos en el estado de Coahuila sufrió una explosión por acumulación de gas metano debido a malas condiciones de seguridad y 65 trabajadores quedaron atrapados. En su momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que “los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”.[1]

Después de la explosión las labores de rescate quedaron a cargo de la empresa responsable, Grupo México. El 4 de abril del 2007, más de un año después de recuperar únicamente dos cuerpos, la empresa decidió suspender el rescate argumentando que se ponían en riesgo las vidas de los rescatistas. En desacuerdo, las familias y organizaciones de la sociedad civil acompañantes expresaron que la verdadera causa de la suspensión fue que quedarían al descubierto las malas condiciones de trabajo en la mina, lo cual podría derivar en sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones dadas a la empresa.[2]

El 26 de febrero de 2006, autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del gobierno de Coahuila, anunciaron la suspensión definitiva de la concesión dada a Grupo México para explotar la mina Pasta de Conchos. Un mes después, el entonces titular de la Secretaría del Trabajo, Francisco Javier Salazar, deslindó a Grupo México de responsabilidad por “homicidio industrial” y negó que directivos de la empresa fueran investigados después del hecho.[3] En 2011 la Secretaría del Trabajo rechazó cualquier posibilidad de rescate de cuerpos en Pasta de Conchos.[4] En 2014, diversas notas periodísticas anticiparon que la explotación en la zona de Pasta de Conchos volvería a comenzar, lo cual se confirmó en 2018 cuando la Secretaría de Economía autorizó cuatro concesiones a Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, en lotes periféricos donde aún se encuentran los cuerpos atrapados.[5]

Los familiares de las víctimas recurrieron a diversas instancias arguyendo presuntas violaciones a derechos humanos. La primera instancia fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la que interpusieron quejas en 2006 y 2007. En la primera denunciaron que funcionarios de la STPS permitieron que la mina funcionara en condiciones que no garantizaban la salud y la vida de los trabajadores mineros; en la segunda señalaron que la Procuraduría General de la República (PGR) permitió que la empresa Industria Minera México suspendiera los trabajos de rescate de los cuerpos sin la debida fundamentación y motivación. En ambos casos, la CNDH emitió recomendaciones al Estado mexicano que fueron realizar dictámenes periciales e iniciar procedimientos administrativos contra servidores públicos.[6] No fue hasta 2013 que la PGR reabrió el expediente de la explosión en la mina para retomar las recomendaciones de la CNDH.[7] Sin embargo, en 2015, las familias de los mineros fallecidos reclamaron la incapacidad de la PGR para superar los argumentos legales de la empresa Grupo México y reanudar los trabajos de rescate.[8]

De forma paralela, en 2010, las familias llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero fue admitido hasta el 2018 (Informe de Admisibilidad 12/18).[9] Argumentaron que el Estado mexicano es responsable por la inefectividad de las inspecciones laborales realizadas y aportaron pruebas para demostrar la demora injustificada y falta de debida diligencia en esclarecer y sancionar estos hechos.[10] La postura del Estado fue presentar el caso como inadmisible puesto que los Tribunales Federales de Justicia Fiscal y Administrativa y otras instancias como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ya habían resuelto el caso de las familias y que estas ya habían ordenado a Grupo México el pago de indemnizaciones.[11]

La corte internacional determinó que el Estado mexicano no identificó las causas de la explosión ni la presunta responsabilidad de servidores públicos, además de que tampoco ha recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros, lo cual debió haber hecho por tratarse de un delito perseguible de oficio. También hizo referencia al incumplimiento de varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el Estado mexicano, los cuales, hasta la fecha se encuentran en etapa de supervisión de cumplimiento de las recomendaciones encomendadas.[12] Entre estas recomendaciones está pendiente ratificar el Convenio 176 “sobre seguridad y salud en las minas”.[13]

En febrero de 2019, en allanamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en cumplimiento de su promesa de campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender el caso de Pasta de Conchos y delinear los pasos para el inicio de los trabajos.[14] A partir de esto se estableció una mesa de trabajo interinstitucional para delinear la ruta para rescatar los cuerpos que permanecen atrapados desde hace 13 años.[15] Los trabajos iniciaron el primero de mayo de 2019[16] y el 25 de junio pasado, la actual titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, anunció públicamente la conformación del llamado “Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos”. Informó que desde el 17 de mayo se trabaja en:

1) la formación e instalación de un comité para darle seguimiento al proceso de rescate; 2) la conformación de un expediente técnico único que permitirá una mejor comprensión del caso; 3) el establecimiento de términos de cooperación con expertos de Estados Unidos, Alemania y Australia; 4) la entrega del expediente a un equipo técnico de expertos nacionales e internacionales con la información sobre lo que pasó y el estado actual de la mina. La titular de la Secretaría del Trabajo también anunció que la fase física del rescate iniciará en 2020. En entrevista posterior aclaró que la misión del rescate no es una búsqueda de pruebas de culpabilidad. [17]

Posicionamiento

El caso Pasta de Conchos es un ejemplo emblemático de las posibles omisiones más graves que se pueden presentar por parte de los gobiernos y de las empresas mineras a las previsiones establecidas por la ley. Desafortunadamente, hechos similares se han repetido históricamente en Coahuila y otros estados mineros del país.[18] En el México de 2019, se registran casos tan absurdos y desgarradores que evocan la situación de los mineros en la Francia del siglo XIX descrita por Emile Zola en su novela Germinal. Siglo y medio después en México se documentan casos de minas que hacen trabajar a los mineros en condiciones infames, abusivas y disponiendo de sus vidas con la complacencia y el aval de las autoridades y sindicatos. Por lo menos en las minas de carbón de Coahuila donde se ubica la de Pasta de Conchos, “en el año 2006, cuando el 19 de febrero explotó Pasta de Conchos, ya habían muerto miles, entre ellos (…) muchos (…) niños y jóvenes quienes, desde 1902 y hasta el año 2017” (cito el informe El Carbón Rojo de Coahuila elaborado por la organización Familia Pasta de Conchos en 2018).[19] Las pérdidas de vidas por omisiones al cumplimiento de la ley son inadmisibles, al 2019 ya no deberían ocurrir. Tampoco deberían registrarse las irregularidades relacionadas con un mal manejo de los impactos sociales y ambientales por la explotación de minerales en el país. La realidad es contraria.

Tanto las empresas como el Estado mexicano son responsables de proveer medidas de seguridad y trabajo digno para los trabajadores, así como de perturbar lo menos posible el medio ambiente y el modo de vida de las comunidades y los pueblos originarios de las zonas donde se ubican los proyectos mineros. Sin embargo, la legislación actual contempla que la actividad minera es de utilidad pública o preferente, lo cual permite que, en su caso, las finanzas públicas se privilegien sobre los derechos de la población y territorios. Estos casos deberían ser la excepción y estar justificados estrictamente. Además, los efectos generalmente son negativos, algunos de nivel estructural. La sociedad civil organizada ofrece evidencia de dos ejemplos. La legislación actual permite la expropiación y enajenación de tierras a los dueños con derecho a una compensación, pero no a la participación sobre el uso de las tierras. También se está afectando la vida de las mujeres en zonas mineras por causas de salud, pobreza, desplazamiento forzado, violencia y otras causas.[20]

La actividad minera ha resurgido de forma importante en los últimos años debido a nuevas formas de extracción de mayor escala, así como a un contexto económico y legislativo favorable. Hoy México es uno de los países con mayor producción minera del mundo, es el segundo mayor productor de plata, solo después de Perú, y uno de los diez países con mayor producción de oro, cobre, plomo y zinc en el mundo, entre otros minerales. Esta producción se realiza a gran escala y principalmente a cielo abierto, produciendo impactos medioambientales y sociales preocupantes, por ejemplo, 73 de los principales proyectos mineros se sitúan en áreas naturales protegidas y humedales en la categoría Ramsar.[21]

Se requiere información pública para conocer sobre los frutos económicos de esa bonanza, así como sobre las acciones que tanto los gobiernos como las empresas mineras llevan a cabo para garantizar los derechos de los trabajadores, controlar los impactos negativos producidos por el sector, así como para investigar, sancionar, reparar daños y garantizar la no repetición de casos como el de Pasta de Conchos. Este es el primer caso relacionado con minería en que el Estado mexicano acepta allanarse ante el proceso internacional de derechos humanos. Esto es un hito en la historia nacional que puede ser reforzado si se toma en serio que la transparencia es la vía para que las empresas y el Estado mexicano demuestren su compromiso con la no repetición de casos como este, así como con el respeto a la integridad o salud de los ecosistemas, de los cuales también forman parte las comunidades locales y los pueblos originarios.

Relevancia del caso

Esta ponencia localizó algunos señalamientos que organizaciones de la sociedad civil especializadas han advertido al Gobierno federal actual sobre áreas de oportunidad del sector minero en materia de transparencia.[22] Actualmente hay propuestas de cambios a la Ley Minera en el Congreso, conviene que estas áreas de oportunidad sean tomadas en cuenta.[23]

  1. Lo primero que interesaría conocer es dónde se ubican las concesiones y los proyectos mineros del país, es decir, las minas donde se explora, extrae y obtiene beneficio de los minerales en territorio mexicano. Esta información debe ser pública a través del Registro Público de Minería y la Cartografía Minera.[24] Sin embargo, al cierre de 2017, la información detallada sobre los proyectos mineros actuales estaba incompleta. “El Servicio Geológico Mexicano reporta la existencia de al menos 18 mil 874 minas entre abandonadas (64%), en producción (6%) o en prospecto (30%). Por su parte, la Secretaría de Economía sólo reporta los proyectos mineros con capital extranjero (947 proyectos), mientras que el Servicio Geológico Mexicano reporta 950 proyectos mineros como los «proyectos mineros de mayor importancia en México», sin especificar con qué criterio se determinó esta clasificación.” Esta área de oportunidad debería solventarse luego de que finalice el análisis de más de 5 mil trámites de concesiones mineras en el país que lleva a cabo la Secretaría de Economía anunciado por el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga Fernández.[25] Los ciudadanos interesados no pueden llevar a cabo su trabajo de monitoreo y vigilancia sin información actualizada.

  2. Sin un padrón confiable, no es posible fiscalizar el cumplimiento de obligaciones fiscales de las empresas del sector ni contar con información fidedigna para rendir cuentas a la población sobre el tema. Según Fundar, los hallazgos son alarmantes, ya que buena parte de las empresas mineras ni siquiera están al corriente de sus obligaciones fiscales, tales como el pago de los derechos a los que están sujetas por ley desde 2014 que entró en vigor la reforma energética. Además, necesita esclarecerse la contribución del sector a la economía mexicana. Según la Secretaría de Economía, la industria minera en México representa el 4% del PIB y emplea a más de 350 mil personas.[26] En contraste, Fundar advirtió que en 2017, con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la recaudación neta proveniente de la minería equivalió tan solo al 0.35% de los ingresos del gobierno federal. [27]

  3. Tampoco se tiene información clara sobre los recursos que deben conformarse para apoyar el desarrollo de las localidades y municipios donde hay proyectos mineros. Estos recursos son cruciales puesto que más del 50% de los principales municipios mineros del país tienen niveles de pobreza por encima del promedio, y alrededor del 13% rebasa el umbral de pobreza extrema. En la administración pasada existieron el Fondo de Municipios Productores de Hidrocarburos y el Fondo Minero, pero presentaron áreas de oportunidad en materia de transparencia y rendición de cuentas según la Auditoría Superior de la Federación. [28]

  4. De acuerdo con la Ley Minera, es confidencial la siguiente información que dan los concesionarios a la Secretaría de Economía: la producción, beneficio y destino de los minerales extraídos, la geología de los yacimientos y reservas del mineral, los estados económicos y contables de las empresas mineras.[29] Si el sector es de utilidad pública, entonces la ciudadanía debería saber cuántos minerales fueron extraídos por cada concesionario y poder calcular si pagan lo justo.[30] La Secretaría de Economía ya cuenta con esta información porque es obligación de los concesionarios proveerla a través de informes estadísticos, técnicos y contables.[31] Los datos podrían ser públicos mediante transparencia proactiva, pero para ello deberían hacerse las modificaciones pertinentes tanto en la legislación minera como en la legislación en materia de transparencia, o bien, puede ser vencida la confidencialidad si el interés público así lo justifica.

  5. Hace falta información en formatos y lenguas accesibles a la población local para obtener su participación, consentimiento y conocimiento, sobre todo en el caso de comunidades y pueblos originarios. Esto es causa de la proliferación de conflictos socioambientales en México.[32]

En 2017 y como parte de un compromiso realizado en el marco de la Alianza para el gobierno abierto, México se integró a la Iniciativa Internacional Transparencia de la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés), de la cual forman parte 51 países. El portal de EITI México contiene mapas interactivos, datos sobre concesiones, licencias y pagos en materia de hidrocarburos y minería, además de información del impacto ambiental y social. Esta información debería ser actualizada regularmente y podría incluir datos como los que mencioné anteriormente que hoy son considerados confidenciales.

Podrían elevarse a obligaciones de transparencia prescritas en la legislación de la materia.[33] Entretanto, para 2020, como miembro de la EITI, México deberá publicar los “beneficiarios reales” de las empresas que han obtenido derechos de extracción de petróleo, gas y minerales, detrás hay oculta una compleja cadena de entidades corporativas que podría contribuir al aumento de la corrupción y la evasión de impuestos. Idealmente, será posible conocer la identidad de las empresas petroleras, gasíferas y mineras que participan en licitaciones para la adjudicación de contratos, operan o invierten en proyectos extractivos en su país, así como los funcionarios públicos denominados “personas ´políticamente expuestas” (PEP, por sus siglas en inglés) que tienen relación con dichas empresas.[34]

La industria minera implica riesgos adicionales a la vida e integridad de sus trabajadores y genera impactos sociales y ambientales que deben ser cuidadosamente identificados y mitigados. La exposición previa buscó evidenciar que el derecho de acceso a la información y la transparencia permite defender otros derechos humanos como la justicia, el trabajo digno, el respeto a los derechos de las comunidades y pueblos originarios, la memoria histórica y otros. El Gobierno federal actual ha dado un paso significativo para dirigir la historia del sector minero mexicano por un nuevo rumbo al retomar el caso Pasta de Conchos e informar a la población de los avances. Como ya fue dicho, este paso puede ser engrandecido si se fortalecen las previsiones en materias de transparencia. Insisto, Pasta de Conchos es un caso emblemático, pero existen más.

Conozco de primera mano casos en Nayarit, porque en visitas a este estado para implementar el programa piloto del Plan de socialización del derecho de acceso a la información (Plan DAI) se nos han acercado personas para consultar cómo pueden ejercer el derecho y allegarse de elementos para investigar y denunciar conflictos socioambientales provocados por mineras con concesiones en la zona wixárika (huichola). El pueblo wixárika se ha organizado pacíficamente para resistir el poder de las grandes corporaciones mineras y de las autoridades que permanecen pasivas ante esta situación.

  1. En 2010, el pueblo wirrárika se organizó contra la First Majestic Silver Corporation, empresa canadiense con 22 concesiones que abarcan 6 mil 327 hectáreas de área natural protegida y sitio sagrado natural de Wirikuta. Se organizó el Frente de Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahha (el agua de nuestro hermano mayor) y realizaron gestiones administrativas, políticas, difusión en todos los medios posibles en defensa de su territorio y sitios sagrados. Llevaron su protesta a foros internacionales y en 2011 interpusieron amparo que se resolvió a su favor.

  2. Otro caso es el de La Yesca, contra la misma empresa minera. El pueblo wixárika organizó el Frente Amplio contra la minería en su territorio. Han interpuesto varios amparos, pero siguen vigentes 201 concesiones en la entidad.

  3. La comunidad indígena del ejido Ayotitlán se organizó contra la minería ilegal en la zona en 2012. Dos minas operaban sin permiso de la comunidad ni de la SEMARNAT, la CONAGUA y la PROFEPA. Lograron la cancelación de las concesiones.[35]

  4. Se han registrado ataques violentos contra líderes wixárikas e incendios provocados contra centros ceremoniales, como el ubicado en San Blas, Nayarit, precisamente el día internacional de los pueblos indígenas de 2018.[36] ‘

Cada año, los wixárikas agradecen a sus deidades por librarles de la carga espiritual que supone estar luchando contra las mineras para defender sus territorios, modo de vida y cosmogonía. ¿Por qué tienen que agradecer seguir con vida en medio de su lucha? ¿Por qué otros mexicanos mineros tienen que agradecer permanecer con vida en medio de la pobreza y de condiciones de trabajo indignantes?

La información pública es el insumo para demostrar que se trabaja para que estos no se repitan, así como para reducir las asimetrías de información entre tomadores de decisión, empresas y ciudadanos, de modo que estos últimos puedan evaluar las decisiones y medidas tomadas.

Propuesta

Con esta convicción, esta ponencia propone MODIFICAR la respuesta proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e instruirle realizar búsqueda exhaustiva en la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, la Delegación de Coahuila y la Oficina de la Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de proporcionar al particular los documentos que den cuenta de las acciones que emprendió la Titular de la Secretaría por la mina Pasta de Conchos.

Referencias

[1] http://centroprodh.org.mx/casos-3/pasta-de-conchos/; https://mx.boell.org/es/2018/02/19/el-carbon-rojo-de-coahuila-aqui-acaba-el-silencio

[2] Ídem

[3] https://www.proceso.com.mx/215740/pasta-de-conchos-salazar-saenz-exculpa-de-la-tragedia-al-grupo-mexico

[4] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/que-paso-en-la-mina-pasta-de-conchos-en-2006

[5] https://www.proceso.com.mx/546104/a-pasta-de-conchos-le-cambian-el-nombre-para-volverla-a-explotar

[6] http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2008/Rec_2008_064.pdf y http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2006/Rec_2006_026.pdf

[7] https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/pgr-reabrira-el-caso-pasta-de-conchos

[8] https://www.jornada.com.mx/2015/02/18/politica/020n1pol

[9] https://www.proceso.com.mx/532608/pasta-de-conchos-el-primer-caso-minero-que-admite-la-cidh; https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2018/MXAD178-10ES.docx

[10] http://centroprodh.org.mx/casos-3/pasta-de-conchos/

[11] https://www.jornada.com.mx/2015/02/18/politica/020n1pol

[12] http://centroprodh.org.mx/casos-3/pasta-de-conchos/; https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2018/MXAD178-10ES.docx

[13] https://www.6enpunto.mx/opinion/karina-romero/nunca-mas-por-karina-romero-fikarinaromero/; https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:13101:0::NO::P13101_COMMENT_ID:3255291; http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-06-1/assets/documentos/PA_MORENA_Convenio_176_minas.pdf

[14] https://lopezobrador.org.mx/2019/02/19/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-48/

[15] http://centroprodh.org.mx/2019/02/19/se-compromete-gobierno-federal-a-trabajar-rescate-en-pasta-de-conchos/

[16] https://www.animalpolitico.com/2019/05/rescate-cuerpos-mineros-pasta-de-conchos-amlo/ y https://lopezobrador.org.mx/2019/05/01/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-74/

[17] https://www.gob.mx/stps/prensa/pasta-de-conchos-206404. El Comité se integra por personal directivo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como por la Secretaría de Economía (Subsecretaría de Minería), la representación de las víctimas de Pasta de Conchos, la Organización Familia Pasta de Conchos, del Servicio Geológico Mexicano, de la UNAM, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH). Por su parte, el equipo técnico de expertos nacionales e internacionales que se encargará de determinar tanto la viabilidad del proyecto como el método más adecuado para el rescate de los cuerpos, y establecer una hoja de ruta, que desglosa las actividades que se realizarán en fechas determinadas, para que en 2020 inicie la fase física del rescate hasta su conclusión.

[18] https://mx.boell.org/sites/default/files/el_carbon_rojo_web.pdf;

[19] Ídem.

[20] http://fundar.org.mx/mexico/pdf/AnuarioExtractivas2017.pdf

[21] http://fundar.org.mx/mexico/pdf/AnuarioExtractivas2017.pdf; https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/DESCA_vs_proyectos_mineros.pdf

[22] Ídem.

[23] http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/42925-analizan-senadores-y-empresarios-iniciativa-que-reforma-ley-minera.html

[24] Artículo 7, fracción X de la Ley Minera vigente. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/151_110814.pdf

[25] https://expansion.mx/empresas/2019/02/11/explicamos-que-significa-revision-de-concesiones-mineras

[26] https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

[27] http://fundar.org.mx/mexico/pdf/AnuarioExtractivas2017.pdf

[28] Ídem.

[29] Artículo 7, fracción IX de la Ley Minera. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/151_110814.pdf

[30] https://www.forbes.com.mx/15-cambios-que-requiere-ley-minera-de-mexico-segun-esta-asociacion/

[31] Artículo 27 fracción VII de la Ley Minera. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/151_110814.pdf

[32] Ídem.

[33] https://eiti.org/mexico

[34] https://eiti.org/es/beneficiarios-reales

[35] http://www.scielo.org.mx/pdf/izta/v39n85/2007-9176-izta-39-85-103.pdf

[36] http://clasico.difusionnorte.com/minera-huicholes-wirikuta/

Comparto material audiovisual:

Comunicado emitido por el INAI.

Audio completo de la sesión del pleno.

Versión estenográfica de la sesión del pleno con mi participación al respecto a partir de la página 12.

Video completo de la sesión del pleno con mi participación al respecto a partir del minuto 21:43.

#STPS #PastadeConchos #Mineras

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