FGR debe informar sobre estatus legal de narcotraficantes con condena irrevocable

July 10, 2019

 

 

Ciudad de México a 10 de julio de 2019

Folio de la solicitud: 0001700143919

Número de expediente: RRA 5939/19

 

El caso

 

Un particular solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) información sobre el estatus legal de 15 presuntos delincuentes, quienes fueron anunciados en diversos acuerdos publicados por la otrora Procuraduría General de la República en el Diario Oficial de la Federación, así como en diferentes informes de labores de dicha dependencia. El solicitante requirió que, en caso de que alguna de las personas cuente con sentencia condenatoria e irrevocable, se le proporcione la causa penal y el juzgado donde está adscrita.

 

En respuesta, la Fiscalía General de la República informó que se encuentra ante la imposibilidad jurídica de pronunciarse respecto a la existencia o inexistencia de alguna denuncia, averiguación previa y/o carpeta de investigación relacionada con las personas físicas referidas en la solicitud del particular. Lo anterior debido a que esta información es confidencial por ubicarse en el ámbito de lo privado, según la fracción I del artículo 113 de la Ley federal de transparencia y acceso a la información.

 

En análisis

 

Esta respuesta fue recurrida por el particular, quien manifestó como agravio la clasificación de la información solicitada. En alegatos, la Fiscalía General defendió la legalidad de su respuesta inicial.

El análisis del caso arrojó que el agravio del solicitante resulta PARCIALMENTE FUNDADO, ya que la Fiscalía General de la República no proporcionó los datos requeridos a pesar de que es posible hacerlo respecto de las personas que cuentan con una sentencia condenatoria irrevocable.

 

La impunidad en México aumenta. El país ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad 2018 encabezando la lista de la región Latinoamérica. El promedio nacional en este índice aumentó de 67.42 puntos en 2016 a 69.84 en 2017. Se estima que solo uno de cada 10 delitos se denuncia y que la cifra negra, es decir los delitos no denunciados, aumentó casi un punto porcentual en dos años al pasar de 92.8% a 93.7%. Estos datos se relacionan directamente con la corrupción relacionada con la inseguridad y la violencia, pues la mayor parte de los delitos son causados por estos problemas.[1] Además, el Índice de Paz Global 2019 informa que el nivel de paz en México se ha deteriorado 4.9% respecto al año anterior, costando casi 268 billones de dólares estadounidenses equivalentes al 24% del producto interno bruto (PIB).

 

De los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país que menos invierte en mejorar sus sistemas policiales y de justicia como proporción de su PIB. En 2017 por cada cien mil habitantes solo se tenían: 110 policías, 3.53 agencias del ministerio público, 31.19 trabajadores por ministerio público (la tasa cayó de 33.9 a 31.19), 6.27 agentes de ministerio público (cuando antes eran 7.6 a 6.27). y entre tres y cinco jueces y magistrados.[2] En algunos estados el sistema de impartición de justicia empieza a colapsarse pues el número de causas penales en primera instancia sobrepasa el número de jueces. Por ejemplo, en Aguascalientes el número de causas penales pasó de 62.1 a 213.41 por juez, en Baja California Sur, de 30.4 a 76.89, en Nuevo León de 51.5 a 103.97.[3]

 

Los datos anteriores evidencian que los aparatos de procuración e impartición de justicia en México están rebasados en capacidades para hacer frente a los problemas de la inseguridad, la violencia y la corrupción relacionada. Entretanto, la incidencia delictiva aumenta, lo cual se refleja en la tasa de homicidios que en 2018 llegó a niveles históricos de 27 muertes por 100 mil habitantes o más de 34 mil víctimas. Los homicidios con armas fueron los más cometidos elevándose en 16%.[4] Estos datos son reforzados por el “Estudio mundial sobre homicidios de 2019" publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. México registró en 2017 un récord histórico de muertes violentas, con un total de más de 30 mil homicidios. Cito el estudio mencionado: "la desorganización del mercado provocada por estos golpes a la jerarquía de los principales cárteles parece ser la razón por la que se revirtió la tendencia a la baja, y las tasas de homicidios comenzaron a subir de nuevo entre 2014 y 2017". La escalada ha afectado a defensores de derechos humanos y periodistas. [5]

 

Lo anterior explica por qué la inseguridad y la corrupción son los dos problemas que más preocupan a los mexicanos, según la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2017, la más reciente.[6] La corrupción institucional asociada a la delincuencia organizada ha contribuido al agravamiento de la crisis de inseguridad y violencia que enfrenta México. Las organizaciones criminales han evolucionado protegidas por poderes corruptos, principalmente los instalados en instituciones policiales, de procuración e impartición de justicia. Con frecuencia estos poderes están respaldados o coaccionados por actores políticos. Así que además de modificar las políticas de seguridad, también es preciso redefinir los acuerdos políticos que sostienen al Estado y minan la democracia.

 

Posicionamiento

 

Urge recuperar la confianza ciudadana para tener su colaboración en el control de estos lastres, la inseguridad y la corrupción relacionada. El voto de confianza emitido en 2018 está dirigido a las autoridades de todos los poderes y niveles de gobierno competentes, para que garanticen que todo posible caso de delincuencia organizada o corrupción sea investigado, que cada etapa del proceso de procuración e impartición de justicia sea cumplida a cabalidad y que haya certeza de que, en su caso, habrá consecuencias para los responsables. Los marcos institucionales y jurídicos deben ser fortalecidos para responder a la demanda ciudadana, pero no basta con las voluntades políticas. Se debe partir de un diagnóstico cuidadoso tanto de las cifras delictivas como de las capacidades actuales, de evidencia probada y de acuerdo al derecho internacional. La información pública es el insumo para verificar y evaluar el cumplimiento de cada uno de estos requisitos.

 

El recurso de revisión que hoy expongo se refiere a casos de personas presuntamente relacionadas con delincuencia organizada que fueron investigados y contra los cuales podría haber o habrá alguna sentencia. La información requerida, es decir el estatus legal de estas personas y datos sobre las posibles sentencias condenatorias irrevocables, servirá para dar cuenta del desempeño tanto de las autoridades procuradoras de justicia, las fiscalías y los ministerios públicos, como de las autoridades que imparten justicia, los jueces. También servirá para identificar las áreas de oportunidad que deben ser solventadas.

  1. Es fundamental ponerla a disposición de la ciudadanía interesada en los casos que sea posible, como las sentencias condenatorias irrevocables, para rendir cuentas de que se llevaron a cabo los procesos legales respectivos para garantizar la justicia a que tienen derecho las víctimas, sus familiares y la población en general.

     

  2. La información puede servir para rendir cuentas de que estos procesos legales fueron llevados a cabo con estricto respeto a los derechos de los presuntos culpables. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se cometen violaciones frecuentes a los derechos de los detenidos[7] y el 27.71% de los reclusos no cuenta con una sentencia. Existe una asimetría entre el número de casos procesados y el número de personas procesadas. De los 188 mil 155 casos procesados registrados en causas penales desde 2017, solo 45 mil 769 fueron sentenciados en instancia condenatoria. Además, no se provee información precisa para que los familiares de estas personas sepan en tiempo real dónde están detenidos y con qué cargos. [8]

     

  3. La información servirá para verificar que se haya perseguido los delitos correctos. Se denuncia que las instituciones de seguridad trabajan con una multiplicidad de bases de datos con información no homologada, lo cual da margen a que se pueda “maquillar” las cifras delictivas, como las de homicidios dolosos y culposos, debido a falta de capacidades de personal de los ministerios públicos, fines políticos o corrupción. La organización México Evalúa reveló en el informe “Fallas de origen” que existe un fuerte contraste entre las cifras recopiladas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos arrojaron que hay 15 mil 674 víctimas de diferencia entre uno y otro organismo. Según el informe, los gobiernos del Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Baja California y Veracruz no informaron de 15 mil 674 homicidios dolosos al Secretariado, cifra que sí presentó el INEGI entre 2008 y 2018.[9] Estos hallazgos han sido confirmados por funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad Pública y locales. Existen declaraciones públicas reconociendo este fenómeno[10], como en el caso de funcionarios de la Ciudad de México y Nuevo León que reconocieron irregularidades en el registro y clasificación de los delitos por parte de las procuradurías locales en administraciones anteriores.[11]

 

Relevancia del caso

 

Recientemente como parte del paquete de reformas de la Guardia Nacional, se modificó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual incluye la creación de Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública. En él “es indispensable la participación de las entidades federativas y los municipios en la construcción urgente de este nuevo modelo de información con acceso a todos los actores involucrados en materia policial, de procuración y administración de justicia.”[12] Este sistema contendrá datos como el número de detenciones, identidades, huellas dactilares, causas de arresto, de todas las personas que sean objetivo de la justicia mexicana. Cabe señalar que esta iniciativa no es una nueva idea, con la Plataforma México se intentó hacer lo mismo, pero fue subutilizada y prácticamente abandonada.[13] Se esperaría que el nuevo mecanismo de recolección de información tenga otra suerte.

  1. El posible acceso a las sentencias condenatorias e irrevocables permite a los ciudadanos controlar el trabajo de los poderes judiciales federal y estatales en el limitado número de casos que se judicializan. ¿Por qué deben evaluarse las sentencias? Porque una sentencia no siempre es garantía de protección y justicia dadas las deficiencias del sistema de procuración de justicia ya mencionadas. Numerosos casos judicializados caen por tierra en tanto no se localizan suficientes pruebas como para probar responsabilidad o debido a que no se llevó a cabo el debido proceso. Las sentencias condenatorias irrevocables podrían publicarse permanentemente pero no es así, y la poca información que publican los poderes judiciales locales no responde a principios de accesibilidad e inclusión. A pesar de que el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que los poderes judiciales “deberán poner a disposición del público y actualizar (…) las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público”, existen grandes diferencias en la interpretación de esta disposición y su cumplimiento. Por ejemplo, mientras Durango publica todas sus sentencias, el Poder Judicial de Michoacán y de Quintana Roo publican apenas un 1% de las sentencias que emiten.[14]

     

  2. Además, hay evidencia de que las sentencias pueden reproducir sesgos de discriminación por género, raza, posición socioeconómica, etcétera. Según la organización Equis Justicia para las Mujeres “se han advertido violaciones al derecho de acceso a la justicia de las mujeres motivadas porque quien juzga es quien genera, justifica y perpetúa la violencia y la discriminación hacia las mujeres”.[15] Esta misma organización ha documentado que el crimen organizado y la política de combate frontal a las drogas deben ser vistos con perspectiva de género en tanto son una de las principales causas de encarcelamiento de mujeres en Latinoamérica. Pocas forman parte de las listas de delincuentes más buscados, la mayoría son pobres, con poca educación, únicas responsables de sus hijas e hijos y se ven involucradas por necesidad.[16]

La mejora y fortalecimiento de los sistemas de procuración e impartición de justicia mexicanos también son cimiento del control efectivo de la inseguridad y la corrupción relacionada. La transparencia y el acceso a información son piedra angular para lograr esta mejora. La información pública útil, clara, accesible y homologada permitirá a las autoridades competentes tomar decisiones debidamente fundamentadas y motivadas; a la ciudadanía le permitirá verificar que se han remontado los rezagos acumulados durante años, que se implementan más y mejores controles y verificaciones sobre la información reportada a nivel federal y estatal, así como a revertir los incentivos que dan pie a anomalías y manipulación.

 

Para hacer valer su autonomía e independencia, las fiscalías y los poderes judiciales del país deben remontar la reputación de secrecía y opacidad con la que la población los identifica, impulsando lógicas de apertura gubernamental y transparencia proactiva para permitir que la ciudadanía los vigile y colabore con ellos. Especialmente, la Fiscalía General de la República ahora que ya es autónoma puede hacer de la transparencia el atributo que le permita ganar legitimidad de desempeño a través del control social a sus funciones. La información que no amerite la calidad de reservada o confidencial por motivos de seguridad o por protección de la privacidad de las personas, puede ser publicada si una prueba de interés público vence la confidencialidad. Con información pública, las fiscalías del país pueden recuperar la confianza ciudadana.

 

Propuesta

 

En este sentido, esta ponencia propone MODIFICAR la respuesta de la Fiscalía de la República e instruirle a efecto de que proporcione la información requerida sólo con respecto a las personas que cuenten con una sentencia condenatoria irrevocable por delitos de delincuencia organizada; esto es la causa penal relacionada con dicha sentencia, así como el juzgado donde radica la misma.

 

 

 

Referencias

 

[1] https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf

 

[2] http://visionofhumanity.org/indexes/mexico-peace-index/; https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf

 

[3] https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf

 

[4] Ídem.

 

[5] https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_4.pdf

 

[6] https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf

 

[7] http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40084

 

[8] https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf

 

[9] https://www.mexicoevalua.org/fallas-origen-2019-indice-confiabilidad-la-estadistica-criminal-icec/

 

[10] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobiernos-estatales-si-maquillan-cifras-Alcantara-20111013-0109.html

 

[11] https://www.reporteindigo.com/reporte/monitoreo-incidencia-delictiva-cifras-credibilidad-seguridad-manipulacion/ y https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/procuraduria-acusa-maquillaje-de-cifras-de-delitos-en-la-cdmx

 

[12] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16/05/2019

 

[13] http://scm.oas.org/pdfs/2008/RM00021T.pdf; http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/mexico/evaluaciones/InformeLabores-plataformamexico.pdf; https://www.reporteindigo.com/reporte/plataforma-mexico-en/

 

[14][14] http://equis.org.mx/justicia-abierta-genero/

 

[15] http://equis.org.mx/injusticia-abierta/

 

[16] http://equis.org.mx/encarcelamiento-y-mujeres/

 

 

 

Comparto material audiovisual: 

 

 

Comunicado emitido por el INAI.

Audio completo de la sesión del pleno.

Versión estenográfica con mi participación al respecto a partir de la página 40.

Fragmento de video de mi participación en el pleno. 

 

Video completo de la sesión del pleno con mi participación al respecto a partir del minuto 1:11:45

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Entradas destacadas

CNEGSR debe informar sobre distribución de condones femeninos.

March 25, 2020

1/10
Please reload

Entradas recientes
Please reload

Archivo