SCT debe informar sobre programas para personas con discapacidad

August 21, 2019

 

 

 

21 de agosto de 2019

Folio de la solicitud: 0000900125219
Número de expediente: RRA 6072/19

 

 

El caso

 

Un particular solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conocer los programas que ha implementado para promover el derecho a las personas con discapacidad al acceso al entorno físico. La secretaría proporcionó la respuesta de una unidad administrativa explicando que son otras las que podrían ser competentes para atender la solicitud.

 

El particular interpuso recurso de revisión manifestando como agravio que, a pesar de la explicación anterior, dichas unidades administrativas no se manifestaron al respecto. En suplencia de la queja, esta ponencia determinó que el agravio impugna que la respuesta no corresponde con lo solicitado. En alegatos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indicó que las unidades administrativas mencionadas en la respuesta inicial declararon no tener facultades para atender lo solicitado o no haber implementado ningún programa relacionado con el tema de la solicitud.

 

En análisis

 

El análisis del caso arrojó que el agravio del particular resulta FUNDADO, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue omisa en emitir un pronunciamiento específico a efecto de determinar si contaba o no con la información requerida, o si la información actualizaba algún supuesto de clasificación establecido en la Ley de la materia. Además, llevó a cabo un procedimiento de búsqueda con una interpretación errónea de la solicitud. La solicitud se refiere a la facultad de la secretaría para garantizar el acceso de las personas con discapacidad al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones en México.

 

En México viven más de 7 millones de personas con discapacidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Esto representa el 6.3% de la población.[1] El 49.9% son personas adultas mayores de 60 años o más y el 54.1% son mujeres. Existen varios tipos de discapacidad, pero la más común es la motriz con 56.1%, la discapacidad visual ocupa el segundo lugar (32.7%) y la auditiva el tercero (9.3%).[2] Estas cifras aumentarán debido al envejecimiento de la población y a las enfermedades crónico-degenerativas.[3]

 

Relevancia del caso

 

Históricamente, la población con discapacidad ha estado invisibilizada debido a paradigmas que deben ser sustituidos por una perspectiva de derechos humanos y el modelo social de la discapacidad. Esta perspectiva consiste en reconocer que las barreras surgen por la actitud y el entorno no favorables a una interacción inclusiva con la discapacidad. Además, es preciso entender que una persona puede tener una o varias limitantes y al interactuar con las barreras del entorno le generan discapacidad. [4] ¿Por qué decir que la población con discapacidad ha sido invisibilizada? Porque estas barreras son invisibles para las personas sin discapacidad hasta que experimentan un accidente, llegan a una edad avanzada o tienen una persona cercana en una condición donde lo que antes era normal ahora se convierte en un “obstáculo”.[5]

 

El Estado mexicano firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 17 de diciembre del mismo año, “adquiriendo el compromiso de respetar, reconocer y garantizar los principios y derechos en ella contenidos.[6] Esta visión valora a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad, sin desconocer las diferencias y requerimientos específicos para asegurar la igualdad de oportunidades. Por tanto, el Estado mexicano adquirió la obligación de realizar ajustes específicos para disfrutar de todos los bienes y servicios públicos y privados, por ejemplo, crecer dentro de una familia; asistir a la escuela y convivir con sus compañeros, y trabajar y participar en la vida pública y política del país.”[7]

 

El artículo 9 de la Convención establece el derecho a la accesibilidad. Dado lo anterior, se deben tomar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Esto les permitirá integrarse a otros ámbitos como educación, salud, trabajo, esparcimiento, entre otros requeridos para llevar una vida digna y autónoma.

 

Para cumplir con los compromisos de la Convención en 2009, se creó el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS). El CONADIS es un instrumento permanente de coordinación intersectorial e interinstitucional cuyo objetivo es contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia.[8] En 2011 también se aprobó la Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad.

 

Para la implementación del Plan nacional para el desarrollo de las personas con discapacidad 2014-2018, el CONADIS y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmaron un convenio de colaboración de inclusión para “impulsar todas las acciones necesarias para el ejercicio y goce de las personas con discapacidad en materia de accesibilidad”.[9] En febrero de 2018, los “Informes periódicos segundo y tercero combinados que México debía presentar” según sus obligaciones con la Convención, destacaron la mejora de los espacios públicos y la creación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS). [10] Aun no se lleva a cabo la sustentación de estos informes, por lo que no existen recomendaciones al respecto.

 

El Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) tiene como objetivo promover la integración de las personas con discapacidad y con ello garantizar su derecho a la accesibilidad. La estrategia consistió en la construcción y adecuación de espacios para garantizar el derecho a la accesibilidad, diseño universal, transporte público adaptado e infraestructura pública incluyente. Desde 2011 el fondo ha repartido en total 4 mil 450 millones de pesos contando 2019 y desde su creación cuenta cada año con un presupuesto entre los 445 y 600 millones de pesos.[11] Estas cantidades fueron transferidas a las entidades federativas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a los gobiernos estatales, porque son los encargados de ejercerlo y supervisarlo.

 

Sin embargo, el 14 de agosto pasado, las organizaciones no gubernamentales agrupadas en el colectivo Movilidad Sin Límites denunciaron que el dinero del FOTRADIS en lugar de ser invertido en infraestructura física o en transporte que fomente una vida cotidiana con normalidad, tiene un objetivo asistencial como trasladar personas a sus rehabilitaciones. El colectivo señaló la poca claridad en los criterios para distribuir el presupuesto entre las 32 entidades, pues los montos asignados no corresponden con el tamaño de la población con discapacidad por estado.[12] Además han denunciado falta de transparencia porque no hay información que corrobore su ejercicio ni resultados.[13]

 

Desde 2014, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un documento con observaciones específicas para resolver las áreas de oportunidad en la garantía del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad por parte de México, como:

 

1) acelerar el proceso de las leyes en materia de accesibilidad;

2) adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones;

3) diseñar e implementar un plan nacional de accesibilidad al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información; y

4) velar por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean objeto de sanciones en caso de incumplimiento.[14]

 

Actualmente, solo la Ciudad de México cuenta con una ley de accesibilidad y, como ya mencioné, la sociedad civil ha documentado que las autoridades competentes a nivel federal y estatal administran deficientemente los recursos públicos destinados para atender en este rubro a la población con discapacidad. [15] Por otro lado, la sociedad civil organizada denunció la ausencia de perspectiva de género en el Informe sombra sobre la Situación de Mujeres con Discapacidad en México elaborado por Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), publicado en 2018. Existe un panorama desfavorable para las mujeres con discapacidad, el 54.1% de esta población, pues las leyes y políticas públicas no atienden de manera efectiva e integral la intersección existente entre el género y la discapacidad.[16]

 

El Gobierno federal actual también impulsa iniciativas para atender las personas con discapacidad. Dos de los programas sociales prioritarios son el Programa Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y el Programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. En cuanto al primero, de acuerdo con testimonios publicados en prensa, se registra retraso en los pagos a los beneficiarios empadronados y solo se apoyará a un millón de niñas, niños y jóvenes menores de 29 años con alguna discapacidad a los que se les dará mil 274 pesos mensuales, sin que se conozcan los criterios que se utilizaron para definir la población objetivo o los detalles del programa.[17]

 

Aún más, en marzo pasado surgió una polémica por la posible desaparición del CONADIS y se acusa que se le asignó un presupuesto paupérrimo para 2019.[18] En marzo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno federal advirtiendo que desaparecer el CONADIS “generaría una afectación directa a los derechos de las personas con discapacidad” y llevaría al incumplimiento de los compromisos internacionales de México en la materia.[19]

 

Los señalamientos de la sociedad civil organizada tienen como base la información pública disponible. Sin embargo, esta información no es suficiente porque no permite monitorear y evaluar los resultados generados con la inversión de los pocos recursos públicos disponibles. Para ejemplificar los problemas que existen con respecto a la falta de información mencionaré un caso. A finales de 2018, la CNDH señaló que Aguascalientes, Durango, Jalisco y Nayarit ocultaron información sobre derechos humanos de personas con discapacidad, lo cual evidencia falta de compromiso de estas entidades con la transparencia y con las personas discapacitadas. Al presentar el “Informe especial sobre el estado de los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades federativas del país”, el ombudsman nacional, Luis González Pérez, explicó que para su elaboración solicitaron información sobre este tema desde 2016 a los 32 estados, pero los gobiernos estatales ya mencionados no respondieron a los requerimientos.[20]

 

Posicionamiento

 

Un primer paso para hacer frente a la desigualdad que enfrentan las personas con discapacidad es proveerles de información. El acceso a la información puede empoderarles permitiendo que conozcan y se apropien de sus derechos y los apoyos que deben recibir. Una vez informados, podrían también monitorear, evaluar los recursos que se designen y las políticas públicas que se implementen para atenderlos. Ellas y ellos deben participar en igualdad de condiciones en estos procesos porque históricamente han permanecido invisibles y porque, simplemente, ellos saben cuáles son sus necesidades prioritarias y nadie más debe decidir por ellos.

 

Esto cobra importancia si la atención a las personas con discapacidad es realmente prioritario para el Gobierno federal. Esto implica pasar de la lógica de demanda a la oferta de información relevante de los programas que atienden a la población con discapacidad. Es preciso construir una política robusta de transparencia proactiva al respecto. La información pública servirá a las autoridades competentes para rendir cuentas de que escuchan y trabajan para cumplir las demandas de las personas con discapacidad administrando adecuadamente los recursos públicos asignados. Además, servirá para detonar iniciativas de colaboración que aprovechen la inteligencia colectiva para identificar puntualmente las necesidades de esta población, como las de accesibilidad a las que se refiere el recurso de revisión que ahora expongo.

 

La sociedad civil organizada ha tomado la delantera al Estado mexicano. En el mismo evento que se reveló las áreas de oportunidad del FOTRADIS, el colectivo Movilidad Sin Límites lanzó una plataforma en línea para visibilizar las barreras físicas en las calles, el transporte y otros espacios públicos. Si se difunde adecuadamente, las y los interesados, por lo menos aquellos que tienen acceso a internet y radican en contextos urbanos, pueden contribuir a que la perspectiva de derechos humanos y el modelo social de la discapacidad permee entre la población en general. Incluso, las autoridades competentes de todos los niveles de gobierno pueden hacer suya esta herramienta que les ayudaría a cumplir con sus atribuciones. En el INAI sabemos de esta necesidad, entendemos que la información empodera, por eso hemos decidido apoyar contundentemente el proyecto Movilidad sin límites. Más aún, celebramos que sea la sociedad civil, una vez más, la que toma la iniciativa y nos propone cómo impulsar la transparencia proactiva, la participación ciudadana y la colaboración.

 

Para ejercer plenamente sus derechos, las personas con discapacidad necesitan estar informados de los apoyos disponibles para ellos, de los recursos destinados para financiar las políticas públicas que los atienden y sus resultados. Las dificultades que enfrenta una persona con discapacidad se reducen cuando se eliminan las barreras que encuentra en el entorno social donde desarrolla su vida cotidiana. La información puede abonar a que caigan esas barreras y el INAI debe trabajar para garantizar que esto suceda.

 

Propuesta

 

Es por estas razones que esta ponencia propone REVOCAR la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, e instruirle realizar una nueva búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas competentes para conocer de lo requerido, utilizando un criterio claro y congruente.

 

 

 

Referencias

 

[1] https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf

 

[2] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126572/Diagn_stico_sobre_la_Situaci_n_de_las_Personas_Con_Discapacidad._Mayo_2016.pdf P. 63

 

[3] https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/33-dh-princi-discapacidad.pdf

 

[4] https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/33-dh-princi-discapacidad.pdf

 

[5] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43360/9241545445_spa.pdf;jsessionid=32199559C10EBE3EBD53399EF4D1F30E?sequence=1 y https://www.um.es/discatif/METODOLOGIA/Egea-Sarabia_clasificaciones.pdf

 

[6] http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30068

 

[7] https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/33-dh-princi-discapacidad.pdf

 

[8] https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/issuu/pronaddis_2009_2012.pdf

 

[9] https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/conadis-y-la-sct-impulsando-la-accesibilidad-para-las-personas-con-discapacidad?idiom=es

 

[10] http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhskE4iNFvKWCCGr4TiTUdbhokZUaEzPwsH0KqVTv1zw9bNWXQJVdJSj80Uv4Z%2BZEgqhOLFiKqNvV0hbkZX%2FmymJavw2OGlaHIX4wqmbqNOKpB

 

[11] https://docs.google.com/document/d/0B-ZkGtpNP_gdVGZJcWR0VzU1Y3p5SkVUQ3ZKNlNHM1FtRFhR/edit

 

[12] https://www.animalpolitico.com/2019/08/personas-discapacidad-falta-inclusion-transporte-publico/

 

[13] https://www.animalpolitico.com/2019/07/discapacidad-pension-programa-gobierno-amlo/; https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/sociedad/034n1soc

 

[14] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133382/CONADISmatriz.pdf y http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30068

 

[15] https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Discapacidad/Ley-Accesibilidad-CDMX.pdf

 

[16]https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fNGO%2fMEX%2f31193&Lang=es

 

[17] https://www.animalpolitico.com/2019/07/discapacidad-pension-programa-gobierno-amlo/

 

[18] https://www.animalpolitico.com/2019/03/consejo-personas-discapacidad-conadis-cndh/; https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/sociedad/034n1soc

 

[19] https://www.cndh.org.mx/documento/alerta-la-cndh-que-la-posible-desaparicion-del-conadisgeneraria-una-afectacion-directa

 

[20] https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/12/04/cuatro-estados-ocultan-informacion-derechos-humanos-personas-discapacidad.html y https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Estudio-Personas-Discapacidad.pdf

 

 

 

 

Comparto material audiovisual: 

 

Comunicado emitido por el INAI.

Audio completo de la sesión del pleno.

Versión estenográfica con mi participación al respecto a partir de la página 25.

Fragmento de video con mi participación al respecto.

 

Video completo de la sesión del pleno con mi participación al respecto a partir del minuto 1:45:45.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Entradas destacadas

CNEGSR debe informar sobre distribución de condones femeninos.

March 25, 2020

1/10
Please reload

Entradas recientes
Please reload

Archivo