Debe informar Segob-CNBP sobre formularios a familiares de personas desaparecidas

September 4, 2019

 

 

 

4 de septiembre de 2019

Folio de la solicitud: 0401600001219
Número de expediente: RRA 8935/19

 

 

El caso 

 

Un particular solicitó a la Secretaría de Gobernación – Comisión Nacional de Búsqueda de Personas los formularios en versión pública realizados a los familiares de las personas desparecidas que se mencionan en el Informe de Labores de los Primeros 100 días de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas del 20 de mayo de 2019. Ante la falta de respuesta, la particular interpuso recurso de revisión ante este Instituto.

 

En análisis

 

El análisis del caso arrojó que el agravio de la particular resulta FUNDADO. Esta ponencia confirmó que en la Plataforma Nacional de Transparencia no se registra la respuesta del sujeto obligado en el plazo señalado en la Ley de la materia.

 

Las desapariciones forzadas son una realidad dolorosa y vergonzosa en nuestro país desde hace varias décadas. El panorama se empaña aún más porque esta situación se alimenta no solo con desapariciones forzadas causadas por el crimen organizado, sino por fuerzas del Estado. En 2017, la administración en turno se negó a la petición de visita hecha por el Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU. En 2018, este Comité calificó de deplorable esa negativa y concluyó en sus “Observaciones finales sobre el informe presentado por México” que esta problemática es generalizada “en gran parte del territorio” mexicano, país en el que “imperan la impunidad y revictimización”, y en donde se mantienen “obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”. [1]

 

En ese contexto, se aprobó la Ley General sobre Desaparición Forzada en México. De acuerdo con especialistas e instancias internacionales, hubo pobre implementación de la instalación y puesta en marcha de una Comisión Nacional de Búsqueda y la creación de una plataforma electrónica para recopilar de manera clara la información de los casos de desaparición, que debió estar a cargo de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas conformado por la comisión nacional y comisiones locales de búsqueda.[2] Asimismo, ha reinado la impunidad en casi la totalidad de casos de desapariciones. De más de 40 mil casos de personas desaparecidas, hasta diciembre de 2017, la sociedad civil organizada contabilizó tan solo 12 sentencias condenatorias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada y más de 37 mil personas sin identificar en los servicios forenses del país.[3]

 

Según la titular actual de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde finales de 2006 a la fecha, se registra un total de 3 mil 24 fosas clandestinas. En ese mismo periodo, el conteo histórico que se tiene es de aproximadamente 4 mil 874 cuerpos. Aclaró que son datos dinámicos que se corroboran en coordinación con las instituciones competentes de todo los niveles de gobierno y las familias. Hasta ahora, son los familiares quienes se han hecho cargo de la búsqueda de sus deudos; se han organizado y articulado para exigir justicia incluso más allá de las fronteras, un ejemplo es el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). [4] Catalizar el dolor y la indignación en esta lucha es una lección de dignidad que las y los mexicanos podemos tener.

 

Relevancia del caso

 

El 5 de agosto de este año el Comité de la ONU emitió un dictamen histórico que declara al Estado mexicano responsable de las desapariciones forzadas que cuentan con la participación de las autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos del crimen organizado,[5] El Comité urgió a “que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado”.[6] La ONU solicitó a México que informara, dentro de los siguientes 180 días, sobre las medidas para implementar sus recomendaciones.[7] Entre ellas destacan varias que evidencian la falta de información para conocer la dimensión real del problema, para reconocer en un registro oficial cada caso de desaparición, forzada o no, y para poder iniciar investigaciones y dar acceso a la justicia y la verdad a las familias y la población en general. Por ejemplo:

 

  • Adoptar las medidas necesarias a fin de “contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante.  (…) Este registro debe: a) reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona desaparecida y lugar y fecha de desaparición; b) incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estales; c) permitir generar datos estadísticos respecto de casos de desaparición forzada aun cuando hayan sido esclarecidos; y d) ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera permanente.”

  • Tomar medidas en cuanto a la “falta de reglamentación [en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas], así como el hecho de que el registro no incluye información que permita determinar si la persona pudo haber sido sometida a desaparición forzada.”

  • Generar información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada. lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad.

  • Atender que entre los casos de desaparición de migrantes incluyen niños y habría casos de desaparición forzada. México debe garantizar la observancia de los derechos a la justicia y a la verdad.

  • Procurar: a) la búsqueda de las personas migrantes desaparecidas y, en caso de hallarse restos, su identificación y restitución; b) el relevamiento de información ante mortem y su integración a la Base de Datos Ante Mortem - Post Mortem; y c) que los allegados de las víctimas, independientemente del lugar en el que residan, tengan la posibilidad efectiva de obtener información y participar de las investigaciones y búsqueda de las personas desaparecidas.[8]

 

La administración actual reconoció el problema de las desapariciones y aceptó las recomendaciones del Comité de la ONU en marzo de 2019. El pasado 30 de agosto, en el marco del día internacional de las víctimas de desaparición forzada, el Gobierno federal dio a conocer los avances en materia de búsqueda de personas, identificación de personas con vida, hallazgos en fosas clandestinas y trabajos de identificación. Sobre las recomendaciones de la ONU, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, destacó que la administración actual está abierta a la cooperación y al escrutinio internacional y precisó que diversas dependencias trabajan en torno a siete acciones generales para hacer frente al reto de las desapariciones. Vale la pena citarlas.[9]

  1. Se refrenda el compromiso absoluto del Gobierno en relación con esta grave violación a los derechos humanos. Se reitera que el principio rector de búsqueda es con presunción de vida y que, en caso contrario, se debe trabajar para regresar a las personas sin vida a sus familias de manera digna.

  2. Aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar comunicaciones individuales, para lo cual se instruye a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a realizar dicha aceptación a partir del 30 de agosto de 2019.

  3. Invitación al Comité de la ONU para que realice una visita oficial a México en el segundo semestre de 2020.

  4. Instruir a las diferentes autoridades federales, particularmente a [la Secretaría de Gobernación] y [la Secretaría de Relaciones Exteriores], a atender las decisiones internacionales en relación con los casos de desaparición y avanzar en soluciones amistosas en la materia.

  5. Colaboración científica para el manejo de las bases de datos con [la Comisión Nacional de Búsqueda] y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

  6. Presentar a la brevedad una iniciativa normativa para que haga efectivo el Mecanismo Extraordinario Forense.

  7. Se comisiona a la Unidad de Búsqueda de la Secretaría de Protección Ciudadana (al menos 200 elementos con binomios caninos) a la Comisión Nacional de Búsqueda para coadyuvar en las tareas de búsqueda.

 

 

Posicionamiento

 

El 27 de agosto pasado tuvimos en el INAI la visita de familiares de víctimas de la masacre de San Fernando. Sus historias y demandas son un desafío para el Estado mexicano. Piden justicia y verdad, así como los miles de familiares de víctimas de desaparición. Ellos saben que nada de esto puede realizarse sin información pública y sin capacidad institucional. En la reflexión, la sociedad civil, las víctimas y el INAI enfatizaron que en la mayoría de los casos los dolientes reclaman saber qué pasó con sus familiares para iniciar lo más parecido a un proceso de duelo.[10] El primer paso es contar con una lista de las personas desaparecidas para lo que se revisó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas,[11]

 

La propia titular de la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció en el Informe de avances a los 100 días de su gestión, que se debe “tener toda la información posible para que de esta manera se puedan establecer mejores líneas de búsqueda e investigación”. Como parte de este informe, la comisionada también recalcó que es necesario contar con los recursos humanos y financieros suficientes para marchar juntos, en coordinación y colaboración, instituciones, familias y sociedad en la solución de cada caso. A esto se refiere el tema del recurso de revisión que hoy expongo.

 

El Gobierno federal actual, a diferencia del anterior, da un gran paso al admitir, “la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos” que existe en México. Es un avance que se realice un diagnóstico nacional y un programa nacional para la búsqueda de personas desaparecidas. La información es indispensable para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y la no repetición. Esto abre la oportunidad para terminar con el ciclo de la impunidad que padecen las familias de las víctimas y por supuesto la memoria de los desaparecidos, lo más importante para quienes no tienen la certeza de haber perdido a sus seres amados, quienes han enfrentado este proceso sin el apoyo del Estado mexicano y para quienes luchan por que estas violaciones graves a los derechos humanos no tengan lugar en México en el futuro.

 

En este caso, la información pública cobra importancia en dos vías: la primera, para iniciar procesos de investigación robustos y bien fundamentados para constituir causas ante los poderes judiciales del país; y la segunda, para rendir cuentas de que los compromisos descritos se cumplen efectivamente con efectiva coordinación interinstitucional, intergubernamental y con las familias de las víctimas. Garantizar el acceso a la información pública sobre desapariciones y otras violaciones graves a derechos humanos es la manera de demostrar con evidencia la renovada voluntad del Estado Mexicano contra la impunidad.

 

Propuesta

 

Con esta convicción, esta ponencia llama de forma individual y enfática a que cualquier sujeto obligado competente garantice el derecho fundamental de acceso a la información, sin pretexto de las capacidades limitadas. Es por esto que también se propone ORDENAR a la Secretaría de Gobernación - Comisión Nacional de Búsqueda de Personas dar respuesta a la solicitud de información que realizó la particular.

 

 

 

Referencias

 

[1] https://www.animalpolitico.com/2018/11/desapariciones-comite-onu-impunidad/

 

[2] https://www.animalpolitico.com/2018/11/desapariciones-comite-onu-impunidad/; http://www.onunoticias.mx/una-sociedad-donde-la-desaparicion-forzada-es-un-fenomeno-tan-generalizado-es-una-sociedad-victimizada/

 

[3] https://www.animalpolitico.com/res-publica/30-de-agosto-dia-internacional-de-las-victimas-de-desaparicion-forzada/

 

[4] Idem.

 

[5] https://news.un.org/es/story/2019/08/1460291

 

[6] Idem.

 

[7] https://www.idheas.org.mx/tag/desaparicion-de-personas/

 

[8] Acceso al documento está en: https://www.idheas.org.mx/publicaciones-idheas/materiales-consulta-idheas/observaciones-finales-sobre-el-informe-presentado-por-mexico-en-virtud-del-articulo-29-parrafo-1-de-la-convencion/ 

 

[9] http://www.alejandroencinas.mx/home/presentacion-de-los-avances-en-la-busqueda-de-personas-con-vida-y-trabajos-de-identificacion/

 

[10] https://www.youtube.com/watch?v=gmSrfjj2VfM

 

[11] https://www.gob.mx/segob/prensa/mensaje-del-comisionado-nacional-roberto-cabrera-alfaro-sobre-las-acciones-realizadas-por-la-comision-nacional-de-busqueda?idiom=es

 

 

 

 

Comparto material audiovisual: 

 

Comunicado emitido por el INAI.

Audio completo de la sesión del pleno.

Versión estenográfica con mi participación al respecto a partir de la página 28.

Fragmento de video con mi participación al respecto.

 

Video completo de la sesión del pleno con mi participación al respecto a partir del minuto 46:40.

 

 

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