Sedena debe informar sobre delitos y personas internas en prisiones militares


25 de septiembre de 2019

Folio de la solicitud: 0000700184419 Número de expediente: RRA 9607/19

El caso

Un particular solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional conocer el número de delitos de orden militar cometidos y cuántas personas han ingresado a prisiones militares, del primero de diciembre de 2018 al 11 de junio de 2019, desglosado por: a) fecha; b) delito; c) rango de quien lo cometió; d) sanción. La SEDENA respondió que no tiene la obligación de generar documentos ad hoc. Sin embargo, proporcionó diversa información relacionada con lo peticionado.

El particular interpuso recurso de revisión manifestando que no se proporcionaron los tipos de delitos militares ni los demás puntos solicitados. En suplencia de la queja se analizó la entrega de información incompleta. En alegatos, la SEDENA reiteró su respuesta inicial manifestando que: 1) no tiene la obligación de crear información, solo de remitir documentos ya elaborados; 2) que se ofreció información considerada como obligación de transparencia según el artículo 69, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 3) que de la búsqueda realizada por las áreas competentes se determinó que no se cuenta con un documento con el detalle solicitado por lo que se declaraba su inexistencia, ya que la Secretaría no está obligada a contar con un documento en los términos pretendidos.

En análisis

El análisis del caso arrojó que el agravio del particular resulta FUNDADO. Respecto a los datos sobre el número de delitos de orden militar, no se tuvo pronunciamiento sobre la fecha del delito y la sanción; respecto al número de personas ingresadas a prisiones militares, se omitió desglosar conforme a lo que interesa al hoy recurrente. Si bien la SEDENA no está obligada a generar documentos ad hoc para atender la respectiva solicitud, debió pronunciarse para la totalidad de los datos solicitados para dar certeza de cómo implementó su búsqueda.

Esta ponencia identificó que hace falta información sobre la comisión de delitos militares y las prisiones castrenses. Los datos publicados sobre delitos del orden militar cometidos por personal militar están actualizados hasta el 15 de diciembre de 2016 y existe poca información respecto de las tres prisiones militares en la Ciudad de México, Mazatlán, Sinaloa y La Mojonera, Jalisco.[1] No están incluidas como centros penitenciarios de interés en la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) que realizó el INEGI en 2016, que no actualizada desde entonces, y pocas notas de prensa se refieren a la situación de los internos en estas prisiones.[2] Algunas mencionan que en 2017 435 de ellos eran militares de tropa, los otros 110, oficiales y superioridad. De acuerdo con expertos, existe la posibilidad que los superiores se deslinden de responsabilidades y que los cambios al sistema de justicia militar en 2016, cuando se incorporó el nuevo sistema penal acusatorio de juicios orales, no atienda este problema.[3]

También se sabe que las prisiones militares comparten falencias con las prisiones de orden civil, como documentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión de Penitenciaria 2018 que elabora la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Este informe identifica áreas de oportunidad como insuficiencia o inexistencia de programas efectivos de actividades laborales, de capacitación y educativas para la reinserción social de los internos, así como insuficiencia de personal técnico y de custodia. La prisión más poblada de las tres tiene una vinculación inadecuada de la persona privada de la libertad con la sociedad.[4]

Relevancia del caso

La información pública a la que se refiere este recurso de revisión cobra relevancia en el contexto actual porque se discuten cambios al sistema de justicia en general. Si el personal militar comete delitos de orden militar o civil, es preciso que la población conozca esta información para dar certeza de que no quedarán impunes, pero también para demostrar que se garantizan los derechos de las personas internas en las prisiones militares. Esta afirmación puede generalizarse a toda la población interna en prisiones y centros penitenciarios del país.

El tema al que se refiere este recurso de revisión da pie para llamar la atención sobre dos temas que se han ubicado en la opinión pública y tienen implicaciones en la decisión de los juzgadores de privar de la libertad a alguna persona, desde la justicia civil o militar. El primero es la iniciativa de ley de amnistía propuesta el 15 de septiembre pasado por el titular del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados.[5] En palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador la iniciativa de ley es “para mujeres, jóvenes, personas indígenas quienes han sido criminalizados por la pobreza o por la ignorancia".[6] Se trata de una iniciativa de ley esperada desde 2018.[7] Existe consenso de que la propuesta en principio es acertada, pues beneficiaría a sectores de población en desventaja.[8] Sin embargo, hay opiniones reservadas:

  1. La propuesta no corrige ningún problema estructural. Al castigar un delito también podría estarse castigando la pobreza, la ignorancia, la falta de oportunidades. Queda pendiente atender la crisis de violencia en su totalidad por las instituciones y mecanismos ordinarios de justicia, así como la necesidad de diseñar e implementar una política de justicia transicional [9]

  2. La amnistía continúa criminalizando el derecho de las mujeres a decidir por sí mismas si interrumpen o no un embarazo, porque supone “el perdón por actos delictivos” y no la despenalización de los actos castigados.

  3. La amnistía beneficiará a muy pocos. Beneficiará solo a personas que cometieron delitos federales cuya identificación por parte de las instituciones competentes se podría retrasar o no ocurrir debido a la falta de personal y recursos.[10]

  4. La aspiración de justicia de la propuesta contrasta con otras reformas como la del artículo 19 constitucional que amplía el catálogo por los que se aplica prisión preventiva oficiosa. Por un lado, se busca devolver la libertad a algunas personas; por otro, se promueven este catálogo que es vago y facilita la aprobación de este tipo de prisión sin salvaguardar los derechos al debido proceso y a la presunta inocencia. [11]

Conviene detenerse en el tema de la prisión preventiva oficiosa, el segundo tema relevante que destaca en la opinión pública. Está contemplada en la Constitución federal como una medida extraordinaria que solo se solicita cuando otras medidas no son suficientes. Anteriormente, existía un catálogo de nueve delitos para aplicar la prisión preventiva oficiosa, la que se aplica automáticamente si se cometieron ciertos delitos, pero la reforma realizada en abril de este año amplió ese número a 17. Esto facilita el uso indiscriminado de este tipo de prisión, lo cual contrasta con un sistema de justicia actual colapsado porque no hay policías, fiscales y jueces suficientes, capaz de captar la denuncia de solo 7 de cada 100 delitos y de resolver apenas el 10% de los delitos denunciados.[12] La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentaron la aprobación de esta medida.[13]

Posicionamiento

Existe evidencia de que la prisión preventiva oficiosa implica costos económicos y sociales para el gobierno y la procuración e impartición de justicia en el país.[14] Se registran 155 mil 874 reos sin sentencia, es decir, casi tres de cada cuatro reos permanecen en la cárcel sin que se determine su culpabilidad o inocencia, Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad realizada por el INEGI.[15] Esto implica el gasto de 13 millones de pesos diarios, sin contar con los gastos de los internos y sus familiares quienes llegan a tener pérdidas de mil 900 millones de pesos al año.[16] Además, no es posible comprobar que la prisión preventiva funcione para disuadir la comisión de delitos. Los resultados son mixtos a nivel estatal, en nueve de las entidades federativas la medida de prisión preventiva coincide con una disminución en las tasas de víctimas, pero se incrementó en otras 12. Destacan Guanajuato, Durango y Ciudad de México donde la prisión preventiva oficiosa aumentó en 513%, 395% y 79% con aumento en las tasas de víctimas en 11%, 20% y 7%.[17]

Organizaciones de la sociedad civil como Documenta y Equis Justicia para las mujeres trabajan observando los impactos de las políticas de persecución penal en la población privada de la libertad. Han generado evidencia sobre la importancia de contar con información pública sobre estas políticas porque permite visibilizar la evolución de la población penitenciaria consecuencia de estas, identificar cambios cíclicos y evidenciar que ciertos tipos de delitos tienen un impacto diferenciado en las entidades federativas, el género, la situación económica, el origen étnico de las personas. Vale la pena insistir: al castigar un delito también podría estarse castigando la pobreza, la ignorancia, la falta de oportunidades. La información pública puede ayudar a vigilar que esto no suceda.

La discusión sobre la iniciativa de ley de amnistía, la utilización indiscriminada de la prisión preventiva oficiosa y otras falencias del sistema de justicia nacional debe ocurrir de forma pronta, objetiva y responsable. Los tres poderes de la Unión deben estar involucrados, mientras que los actores sociales y la ciudadanía en general tienen derecho a participar mediante propuestas de mejora. Se requiere una discusión profunda, inclusiva, objetiva y responsable que sirva como punto de partida para corregir las deficiencias del sistema de justicia nacional. Hace falta pasar de las buenas intenciones a la visión para realizar cambios de fondo y esto se logrará con base en la información pública y procesos de parlamento abierto.

Con esta convicción, esta ponencia propone MODIFICAR la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional e instruirle realizar una búsqueda amplia y exhaustiva de la información en las direcciones y unidades correspondientes, proporcionando los datos faltantes en el periodo solicitado.

Referencias

[1] https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/delitos-del-orden-militar-17817

[2]http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825093600.pdf

[3] https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/11/07/carceles-militares-545-efectivos-caidos-desgracia/

[4] https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2018.pdf

[5] http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/sep/20190918-II.pdf

[6] https://www.infobae.com/america/mexico/2019/09/17/ley-de-amnistia-no-sera-para-homicidas-ni-secuestradores-aclaro-morena/

[7] https://www.animalpolitico.com/2018/07/amnistia-amlo-puntos-clave/

[8] https://www.eluniversal.com.mx/articulo/catalina-perez-correa/nacion/amnistia

[9] https://actualidad.rt.com/actualidad/327452-pros-contras-ley-amnistia-lopez-obrador-mexico; https://www.animalpolitico.com/2019/09/mujeres-carcel-narcotrafico-amnistia-reinsercion/

[10] https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/austeridad-mata-amnistia?fbclid=IwAR0XTyYLiuGffpVrrsh_dIIlWGFuInNA5EdMTjieY96C7Bl2_9qY2aoucgk

[11] https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/ley-de-amnistia-cinco-apuntes

[12] https://aristeguinoticias.com/1303/mexico/la-impunidad-en-mexico-es-de-99-3-no-hay-policias-ni-jueces-suficientes-udlap/; https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/la-cifra-negra/; https://www.animalpolitico.com/2019/08/delitos-denuncia-impunidad-mexico-justicia/

[13] https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1234:la-onu-dh-lamenta-extension-de-delitos-a-los-que-se-aplica-la-prision-preventiva-oficiosa&Itemid=265; https://cdhdf.org.mx/2019/01/la-cdhdf-considera-preocupante-la-ampliacion-del-catalogo-de-delitos-que-ameritan-prision-preventiva/

[14] http://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/archivos/396

[15] https://gatopardo.com/noticias-actuales/prision-preventiva-oficiosa/

[16] http://ijpp.mx/el-sistema-de-justicia-penal/prision-sin-condena

[17] https://seguridad.nexos.com.mx/?p=1144

Comparto material audiovisual:

Comunicado emitido por el INAI.

Audio completo de la sesión del pleno.

Versión estenográfica con mi participación al respecto a partir de la página 32.

Video de la sesión del pleno con mi participación al respecto.

Video completo de la sesión del pleno con mi participación al respecto a partir del minuto 1:18:15.

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