CJF debe informar sobre procedimiento disciplinario contra magistrados de Campeche


2 de octubre de 2019

Folio de la solicitud: 0320000094519 Número de expediente: RRA 8781/19

El caso

Un particular solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) conocer la resolución referente al procedimiento disciplinario número 32/2017 en contra de los Magistrados del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en el Estado de Campeche. El Consejo respondió, a través del Comité de Transparencia, que se clasificó la información solicitada como reservada por dos años por afectación a los derechos del debido proceso. Asimismo, clasificó el nombre de los magistrados sancionados por ser considerada información confidencial porque, al haber sido impugnada, afectaría su honor e imagen pública.

El particular recurrió esta respuesta a lo cual manifestó como agravio la clasificación declarada y consintiendo la confidencialidad de los nombres de los magistrados. En alegatos, el Consejo reiteró y sostuvo la clasificación en sus términos.

En análisis

El análisis del caso arrojó que el agravio del particular resulta fundado. La clasificación declarada es improcedente debido a que la información solicitada está relacionada con actos de corrupción y el procedimiento disciplinario que presume ser afectado, concluyó con la resolución mediante la cual se impuso la sanción a los magistrados.

El pasado lunes 23 de septiembre se publicaron los resultados del Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, el cual registra la opinión y la experiencia de la corrupción de los ciudadanos. Para México hay buenas noticias, destaca que tres de cada cinco ciudadanos piensan que el gobierno actúa bien contra la corrupción, dato que contrasta con el de 2017 cuando solo uno de cada cinco pensaba de esa forma.[1] Sin embargo, el Barómetro también mostró aumento en la percepción de corrupción en las instituciones públicas.

En cuanto a los jueces y magistrados, el 50% de los encuestados consideraba en 2017 que la mayoría o todos son corruptos, esa cifra aumentó 8% este año. Además, el porcentaje de personas que pagaron un soborno a este tipo de funcionarios aumentó cinco veces su valor en dos años: en 2017, 7% de las personas reconoció haber dado un soborno, contra el 35% de este año. México fue el único país en la región con tal nivel de crecimiento en sobornos al poder judicial.

Otros indicadores corresponden con los resultados anteriores. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE) muestra que la corrupción se mantiene entre los problemas que más preocupan a la población, pero esta percepción se redujo ligeramente, 2.4% respecto al año pasado. La encuesta también muestra que la confianza y la percepción de corrupción en las autoridades judiciales no cambió. Uno de cada dos ciudadanos confía en jueces y magistrados y dos de cada tres los perciben como corruptos. Sin embargo, también es necesario tomar en cuenta las limitaciones que enfrentan los juzgadores para desempeñarse y que podrían incentivar posibles prácticas de corrupción, errores en la impartición de justicia y opacidad. México tiene en promedio cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo, el promedio global es de 16 juzgadores por cada 100 mil habitantes. El país se encuentra en esta situación por el déficit de estas instituciones tanto en los estados como en el ámbito federal.[2]

Relevancia del caso

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han hecho declaraciones públicas reconociendo la necesidad de reivindicar el papel del poder judicial en la democracia mexicana y de recuperar la confianza ciudadana, por lo menos a nivel federal, por medio del combate a la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia. Menciono algunos ejemplos. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, ha mencionado en reiteradas ocasiones que la reforma al Poder Judicial tiene como uno de sus múltiples ejes el combate a la corrupción y el nepotismo.[3] El ministro Juan Luis González Alcántara ha dicho que el momento político exige una justicia cercana, integral y transparente.[4] El ministro Luis María Aguilar también ha mencionado que la confianza ciudadana en las autoridades deriva de una administración pulcra y transparente de los recursos.[5]

La prensa reporta que entre 2013 y 2019 el Consejo de la Judicatura Federal realizó 211 investigaciones contra juzgadores, 7 de cada 10 concluyeron en sanción. 77 jueces y 71 magistrados de circuito fueron sancionados por presuntos actos de corrupción, acoso sexual, vínculos con la delincuencia organizada y abuso de poder, entre otros. En lo que va del año se ha castigado a dos jueces y seis magistrados. De estos, a tres se les destituyó por presuntos actos de corrupción. Uno es el caso de un juez de Veracruz y los otros dos son los referidos en el recurso de revisión que hoy presento.[6] Según información del propio sujeto obligado, a ambos magistrados se les atribuyó: la dilación en más de 200 amparos directos, falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales 2013, 2014 y 2015, así como beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Consejo de la Judicatura Federal les otorgó.[7]

Las acciones anteriores se enfilan al fincamiento de responsabilidades y la aplicación de sanciones; sin embargo, este no es el único componente de las políticas anticorrupción. La transparencia y el acceso a la información empoderan a la ciudadanía porque son vía para monitorear y supervisar a todos los servidores públicos, esto incluye a quienes imparten justicia. Por lo tanto, también deben acompañar las acciones que desarrolle el poder judicial federal en contra de la corrupción si desea recuperar la confianza ciudadana.

Existe voluntad política en el poder judicial para recuperar la confianza ciudadana y mejorar la impartición de justicia de modo que el acceso a ella sea para todos, esto es evidente en ejemplos como la eliminación del “pase automático” para la ratificación de jueces y magistrados[8] y el lanzamiento del servicio telefónico de defensa gratuito DEFENSATEL.[9] Otros poderes como el legislativo también trabajan al respecto. Recientemente, en comisiones del Congreso se aprobó la obligación de poner a disposición todas las sentencias, no solo de aquellas de interés público como establecía previamente la Ley general de transparencia y acceso a la información.[10] Esta fue una iniciativa impulsada por la sociedad civil organizada, el Colectivo #LoJustoEsQueSepas fue quien la propuso.

Posicionamiento

Esto es muestra de que garantizar el acceso a la justicia no es solo responsabilidad del poder judicial. Los poderes de gobierno, los organismos autónomos garantes de derechos fundamentales, así como la sociedad civil son corresponsables de alcanzar este objetivo. Aún existen pendientes que están en manos del legislativo y el ejecutivo federales. Por ejemplo, aún no hay Código Único en materia procesal civil y familiar para que permita la oralidad, eso es competencia del Congreso de la Unión.

Por su parte, organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INAI pueden colaborar con el poder judicial en la definición de criterios para garantizar la protección y promoción efectivas de los derechos fundamentales. La complementariedad entre ellos enriquece el objetivo de prevenir que se cometan violaciones a los derechos, haya justicia para las víctimas, se les restituyan sus derechos y la correspondiente reparación del daño. En específico, el INAI y el poder judicial federal pueden colaborar en el fortalecimiento de la garantía de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, así como en la implementación de mecanismos de transparencia proactiva y otras iniciativas que enfilen hacia una justicia abierta.

El objetivo debe ser alcanzar un poder judicial cercano a la población, cuya información pública sea aprovechada para detonar procesos de rendición de cuentas en sus tareas administrativas y sustantivas, así como procesos de retroalimentación donde la ciudadanía interesada pueda proponer mejoras y tener la garantía de que son tomadas en cuenta.

A la imposición de sanciones administrativas y penales a los servidores públicos del poder judicial, los cuales van más allá de los jueces y magistrados, debe agregarse el compromiso de satisfacer las necesidades de información de los ciudadanos para detonar su participación. La información pública es la vía para que el poder judicial federal dé a conocer su trabajo a la población y demuestre que está dispuesto a someterse a que la población evalúe si ejerce efectivamente su función en el sistema de contrapesos democráticos. ¿De qué sirve que haya información si no es utilizada para incidir en el trabajo del poder judicial y en los impactos que éste genera en la sociedad?

Propuesta

Por su parte, el INAI debe garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos interesados en conocer y evaluar al poder judicial federal. Es por esta razón que esta ponencia propone MODIFICAR la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal e instruirle entregar al particular, la resolución referente al procedimiento disciplinario número 32/2017, en contra de los Magistrados del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en el Estado de Campeche.

Referencias

[1] https://drive.google.com/file/d/1-VUdDDlmgMWmQFR_WzSg6IFgGe3-RmMR/view

[2] https://www.udlap.mx/igimex/resumenejecutivo.aspx

[3] https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/el-momento-de-la-reforma-judicial; https://www.jornada.com.mx/2019/09/07/politica/011n1pol; https://arturozaldivar.com/node/278

[4] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Juan-Luis-Gonzalez-Alcantara-promete-transparencia-en-imparticipacion-de-justicia-como-nuevo-ministro-de-la-SCJN-20190102-0026.html

[5] https://www.nssoaxaca.com/2018/02/22/urge-ministro-luis-maria-aguilar-morales-a-perfeccionar-la-rendicion-de-cuentas/

[6] https://www.informador.mx/Por-corrupcion-acoso-y-delincuencia-sancionan-a-148-jueces-y-magistrados-l201909050001.html

[7] https://twitter.com/cjf_mx/status/1095786663463215104

[8]https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2019/comunicado26.pdf

[9]https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2019/comunicado11.pdf

[10] http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/46128-avalan-en-comision-iniciativa-en-materia-de-transparencia-judicial.html

Comparto material audiovisual:

Comunicado emitido por el INAI.

Audio completo de la sesión del pleno.

Versión estenográfica con mi participación al respecto a partir de la página 23.

Video de la sesión del pleno con mi participación al respecto.

Video completo de la sesión del pleno con mi participación al respecto a partir del minuto 38:45

#judicaturafederal #CJF

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