SEGOB debe informar sobre medidas del Mecanismo de protección de periodistas y defensores de DD HH

November 12, 2019

 

 
12 de noviembre del 2019

Folio de la solicitud: 0000400283619

Número de expediente: RRA 11735/19

 

 

El caso

 

Un particular solicitó conocer de manera detallada, de enero a julio 2019, los procesos, procedimientos, objetivos y resultados alcanzados en el seguimiento de medidas de protección, correspondiente a la Unidad de Evaluación de Riesgos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 21, fracción III de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

 

La Secretaría de Gobernación respondió que el proceso de seguimiento e implementación de medidas de protección se describe en los artículos 93 a 95 del Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El particular se inconformó manifestando que la información recibida no corresponde a lo solicitado. En alegatos, la Secretaría reiteró su respuesta inicial.

 

En análisis

 

El análisis del caso arrojó que el agravio del particular resulta FUNDADO. El particular solicitó información específica en contenido y tiempo sobre los procesos, procedimientos, objetivos y resultados alcanzados en el seguimiento de medidas de protección, correspondiente a la Unidad de Evaluación de Riesgos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 21, fracción III de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por el contrario, los datos proporcionados se refieren al procedimiento ordinario para otorgar el beneficio de medidas de protección.

 

Este año se proyecta para ser el más violento en la historia del país.[1] Diariamente, la prensa reporta hechos y crímenes que solo suceden en países donde se violan los derechos humanos de forma sistemática: fosas clandestinas, desapariciones, balaceras en lugares públicos, feminicidios.

 

La gravedad de estos delitos es abrumante, detrás de las cifras de incidencia hay personas: niñas, niños, mujeres, hombres, familias y comunidades cuyas vidas fueron truncadas o difícilmente se recuperarán luego de haber sido víctimas. La información oficial ayuda a dimensionar la difícil situación que vive el país. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ofrece cifras sobre el número de víctimas de delitos del 2015 a septiembre de este año. El acumulado supera los 200 mil homicidios, 6 mil 893 secuestros y casi un millón de víctimas por lesiones. Para llegar a estos números se necesitan promedios superiores a 120 homicidios, 4 secuestros y casi 580 lesiones por día.[2] Ante este contexto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE) muestra que aproximadamente siete de cada diez personas en el país identifica la inseguridad como el problema más importante y que en uno de cada tres hogares, al menos un miembro fue víctima de algún delito.[3] Esto significa que la violencia en el país es un fenómeno cercano a toda la población.

 

Relevancia del caso

 

Los defensores de derechos humanos y los periodistas enfrentan riesgos mayores porque, por convicción o necesidad, deciden dejar de ser testigos y asumen un papel activo en la identificación y denuncia de la violencia, corrupción y otros problemas públicos.[4] El grueso de esta comunidad se integra por personas que sufrieron directa o indirectamente alguna violación a los derechos humanos y no necesariamente se imaginó asumir algún día liderazgo y vocería para defender causas sociales, aún a costa de su propia vida. Además, las agresiones a esta población muchas veces son dirigidas a sus familias y comunidades, por lo que son consideradas crímenes pluriofensivos que afectan a diversos bienes jurídicamente protegidos.[5]

 

En cuanto a personas defensoras de derechos humanos, entre enero de 2006 y diciembre de 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contabilizó 40 homicidios, de los cuales 15 corresponden a mujeres. Los cinco estados con mayor número de asesinatos en orden descendente son: Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. [6] A estos se agregan 15 asesinatos registrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) de enero a septiembre de este año.[7] Preocupa especialmente que ocho de ellos son indígenas y que debido al número de defensores del medio ambiente asesinados, México es considerado el sexto país más peligroso del mundo para estos activistas.[8]

 

En cuanto a periodistas, la organización Artículo 19 estima que cada 17.4 horas se perpetra una agresión contra periodistas, de las cuales el 42.16% son cometidas por funcionarios públicos, principalmente policías municipales. Hasta agosto de este año asesinaron a 131 periodistas en México por posible relación con su labor, 121 son hombres y 10 son mujeres. Además, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, junto con Filipinas, nuestro país lidera el índice de mayor impunidad en crímenes contra periodistas.[9] La misión de 17 organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión que visitó México la primera semana de este noviembre, denunció que más del 99% en los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas está sin resolver y no existen garantías para que estos casos no se repitan.

 

En 2012 se promulgó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual estableció la creación del Mecanismo de protección para garantizar la integridad física de esta comunidad. El 7 de noviembre pasado, la titular de la SEGOB informó que actualmente mil 409 personas son protegidas bajo el Mecanismo y la tendencia es creciente.[10] Esto ejerce presión sobre los recursos económicos y materiales disponibles, los cuales no mantienen aumento constante y fueron ejecutados con opacidad en administraciones pasadas, según señalamientos de la sociedad civil organizada.[11]

 

Tras su visita a México en abril de 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó preocupación por esta situación e hizo un llamado a las autoridades para que refuercen el Mecanismo de Protección. En consecuencia, el Gobierno Federal solicitó la elaboración de un diagnóstico. Este fue recibido el 26 de agosto pasado con 104 recomendaciones de mejora que el Estado mexicano se comprometió a cumplir.

 

El diagnóstico arrojó que el Mecanismo sí puede contribuir a mejorar la situación de inseguridad de los beneficiarios.[12] Sin embargo, hay diversas áreas de oportunidad: la falta de personal y presupuesto pone en riesgo su sostenibilidad porque hay tendencia creciente a atender más gente, deficiencias de gestión interna que dificultan la coordinación de acciones y medidas de protección, falta de un sistema de seguimiento y evaluación de las medidas de prevención y protección, falta de corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno, capacidad insuficiente para abordar efectivamente las causas estructurales que generan las agresiones, falta de cercanía y seguimiento de sus casos, falta de información clara en cuanto a los alcances del Mecanismo que fomenta expectativas desmesuradas sobre las posibilidades reales de su eficacia, particularmente en situaciones de elevada complejidad. [13]

 

Vale la pena mencionar los resultados para la Unidad de Evaluación de Riesgos, a la que se refiere la información de este recurso de revisión. Esta Unidad es responsable de algunas de las funciones más desafiantes del Mecanismo como: elaborar evaluaciones de riesgo, definir las medidas preventivas o de protección y dar seguimiento periódico para recomendar su continuidad, adecuación o conclusión. Sobra decir que las funciones de la Unidad de Evaluación de Riesgos son determinantes en la vida, libertad, seguridad e integridad en las personas evaluadas. La Unidad es la más grande del Mecanismo, cuenta con 21 personas, prácticamente el 60% de los recursos humanos disponibles, pero sufre sobrecarga de trabajo. De 2012 a febrero de este año realizó mil 679 evaluaciones de riesgo, cada analista elaboró entre 5 y 8 evaluaciones al mes, sin contar las que encargan otras instituciones. Lo mismo sucede con el control de calidad, solo hay una persona que se encarga de analizar la calidad de 50 evaluaciones en el lapso de tres a cuatro días. [14]

 

También es preciso destacar las recomendaciones de la ONU en materia de transparencia y rendición de cuentas. “El Mecanismo es una institución que genera un elevado grado de interés social, mismo que exige un alto nivel de transparencia proactiva, informando a las personas beneficiarias y las demás partes interesadas sobre diferentes aspectos de su operación y sus resultados. Que el Mecanismo logre adquirir una voz propia debe ser una prioridad y una herramienta de política pública, siempre respetando el principio de confidencialidad en relación con la información sensible que pudiese poner en riesgo a las personas beneficiarias.”

 

En 2017 la CNDH lanzó una campaña de sensibilización cuyo título fue “Para que un día no tengamos que ser defensor@s de derechos humanos”. Este mensaje busca dar a entender que los individuos deberían disfrutar los derechos humanos, mientras el Estado debería garantizarlos y protegerlos. De ahí lo invaluable del trabajo que realizan hoy las y los defensores, así como de los periodistas para construir un Estado democrático de derecho. Defender derechos humanos, así como manifestarse y expresarse libremente son derechos fundamentales. Ejercerlos ayuda a visibilizar las violaciones a los derechos humanos y los actos de corrupción, concientizar a la población sobre ellas, informarla para que exija cuentas claras a las autoridades y el fin de la impunidad. Esta es la contribución de quienes, a pesar del contexto ya descrito, deciden ejercer estos derechos. Gracias a ellos, hoy hablamos y debatimos estos temas sin permanecer en la indolencia.

 

Posicionamiento

 

En retribución, la población en general puede abonar a que el Estado mexicano garantice la seguridad de estas personas por medio del derecho de acceso a la información sobre los avances logrados en el cumplimiento de las 104 recomendaciones emitidas por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para fortalecer el Mecanismo de protección. Por ejemplo, el 6 de noviembre pasado funcionarios del Ejecutivo federal reiteraron públicamente este compromiso y anunciaron acciones específicas.[15] La titular de la Secretaría de Gobernación dio a conocer que se desarrolla una agenda conjunta con la instancia de la ONU, y el vocero del Gobierno federal, Jesús Ramírez, dijo que se implementará un esquema de seguridad social para periodistas que no cuentan con ella por medio del IMSS.[16] Ambas declaraciones se insertan en los compromisos realizados por el Gobierno federal, los cuales, ya son vigilados de cerca por la sociedad civil organizada nacional e internacional.

 

Ese mismo día, la misión internacional de organizaciones defensoras de la libertad de expresión mencionada anteriormente, dio a conocer que, efectivamente, se acordó establecer una mesa de trabajo para concertar la implementación de las 104 recomendaciones y que el presidente dijo en conferencia de prensa que se trabajará para garantizarlas. También informó que habrá una plataforma electrónica pública para comunicar el estatus de avance en cada una. Sin embargo, la misión enfatizó que estos compromisos no son suficientes porque no atienden las causas estructurales de la impunidad, la violencia, la precarización laboral y otros problemas que afectan a los periodistas, y que pueden ser extendidos a las personas defensoras de derechos humanos. Si bien se declaró que no se escatimarán recursos al Mecanismo de protección, la misión señala que el Gobierno federal, entre otros aspectos:[17]

 

  1. Insiste en camuflar como derecho de réplica la estigmatización y la descalificación que algunos de sus funcionarios, incluyendo el titular del Ejecutivo, hacen respecto a la prensa en general o algunos de sus miembros.

  2. No respondió a la propuesta de reducir en 2% anual el número de casos impunes de asesinatos y desapariciones de periodistas.

  3. Debe invertir más en fortalecer los perfiles de trabajo y las condiciones laborales del personal responsable de implementar los protocolos homologados de investigación de delitos contra los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos, así como de definir las medidas preventivas y de protección para ellos.

 

¿Cómo responderá el Gobierno federal a estos señalamientos? ¿Qué acciones concretas llevará a cabo para atender las 104 recomendaciones de fortalecimiento al Mecanismo de protección? ¿Qué recursos económicos y financieros se destinarán? ¿Habrá ajustes normativos e institucionales? ¿Cómo se vincularán estas acciones con otras que atiendan las causas estructurales de la violencia y la impunidad? ¿Hasta cuándo? Los activistas y periodistas siempre preguntan, ahora es turno de todas las personas. No podemos dejarlos solos.

 

Propuesta

 

Quienes formamos parte de este pleno y este Instituto tenemos el deber de garantizar que la información que puede responder a estas preguntas quede a disposición del público interesado.

 

Con esta convicción, esta ponencia propone REVOCAR la respuesta de la Secretaría de Gobernación e instruirle realizar una búsqueda de la información solicitada en todas sus unidades administrativas competentes, incluyendo a la Dirección de Prevención, Seguimiento y Análisis y la Dirección General Adjunta de Evaluación de Riesgos.

 

 

 

Referencias

 

[1] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/experto-cifra-en-38-mil-asesinatos-en-2019

 

[2] https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva?state=published

 

[3]https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf

 

[4] https://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx

 

[5] http://hchr.org.mx/images/doc_pub/190725-Diagnostico-Mecanismo-FINAL.pdf

 

[6] http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40063

 

[7]https://www.proceso.com.mx/606155/cidh-y-onu-dh-alertan-sobre-altos-numeros-de-asesinatos-de-activistas-en-el-continente-americano

 

[8]http://www.onu.org.mx/se-disparan-los-actos-de-violencia-contra-defensores-de-derechos-humanos-en-america-latina-en-2019-alertan-onu-y-cidh/; https://www.animalpolitico.com/2019/07/defensores-medio-ambiente-asesinatos-mexico/; https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Informe_defensores.pdf

 

[9]https://articulo19.org/periodistasasesinados/; https://www.dw.com/es/méxico-entre-los-pa%C3%ADses-con-mayor-impunidad-ante-asesinatos-de-periodistas/a-51038179

 

[10] https://www.youtube.com/watch?v=rrTcQXBmRJ0&feature=em-lbcastemail

 

[11] https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Informe_defensores.pdf

 

[12] http://hchr.org.mx/images/doc_pub/190725-Diagnostico-Mecanismo-FINAL.pdf

 

[13] Loc. Cit.

 

[14] Loc. Cit.

 

[15] https://twitter.com/GobiernoMX/status/1192539721311744000?s=19

 

[16] https://www.youtube.com/watch?v=rrTcQXBmRJ0&feature=em-lbcastemail; https://twitter.com/GobiernoMX/status/1192539721311744000?s=19

 

[17] https://articulo19.org/aprueban-protocolo-para-la-investigacion-de-delitos-cometidos-contra-la-libertad-de-expresion/

 

 

 

Comparto material audiovisual: 

 

Comunicado emitido por el INAI.

Audio completo de la sesión del pleno.

Versión estenográfica con mi participación al respecto a partir de la página 20.

Video de la sesión del pleno con mi participación al respecto.

 

Video completo de la sesión del pleno con mi participación al respecto a partir del minuto 2:14:40

 

 

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