AGN debe entregar archivos históricos relacionados con Murillo Karam y Rojo Lugo


22 de enero de 2020

Folio de la solicitud: 0495000093919

Número de expediente: RRA 12925/19

El caso

Un particular solicitó al Archivo General de la Nación copia o versión digital y/o liga de consulta digital de los documentos elaborados por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, la Dirección Federal de Seguridad y otras instituciones sobre Jesús Murillo Karam y Jorge Rojo Lugo.

El sujeto obligado proporcionó la siguiente respuesta:

  1. La Dirección de Archivo Histórico Central del Archivo General de la Nación puso a disposición versiones públicas, las cuales fueron localizadas en el acervo documental de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS), y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), información que cubre el periodo de 1959 hasta 1985, consistente en 8 legajos con un total de mil 677 hojas aproximadamente.

  2. Respecto al grupo documental “Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación”, la información se encuentra en formato impreso consistente en 11 expedientes ficticios y 7 versiones públicas que abarcan el periodo de 1956 a 1981. Se proporcionó un vínculo electrónico y la forma de consultar los acervos documentales, y se señaló que el particular deberá realizar el pago previo por la reproducción para elaborar las versiones públicas correspondientes, en caso de localizar datos personales y sensibles, así como en caso de requerir la reproducción en copia simple. Además, para mayores detalles, se sugirió consultar especialmente el acervo documental histórico y bibliohemerográfico de los fondos documentales “México Contemporáneo” y de la biblioteca “Ignacio Cubas”.

El particular interpuso recurso de revisión con varios argumentos. En suplencia de la queja, se analizó la no correspondencia de la información recibida, cambio de modalidad de entrega y los costos de reproducción de la información. El particular no manifestó inconformidad por la puesta disposición de la información en versión pública, por lo que se tiene como acto consentido. En alegatos, el Archivo General de la Nación reiteró su respuesta inicial.

En análisis

El análisis del caso arrojó que el agravio del particular es PARCIALMENTE FUNDADO. El sujeto obligado emitió respuesta acorde a lo solicitado por el particular y ofreció modalidades de entrega consideradas entre las distintas opciones planteadas en la solicitud. Puso a disposición información en copia simple, pero omitió indicar el costo de reproducción y la opción de entregar en copia certificada. Asimismo, impuso un costo para la elaboración de versiones públicas, lo cual es contrario a lo establecido en la Ley de la materia.

La información a la que se refiere este recurso de revisión fue generada por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). La primera, desde 1942, se encargó de atender asuntos de orden político, pero durante la Segunda Guerra Mundial amplió sus funciones para fortalecer el servicio de inteligencia relacionada con extranjeros en México.[1] La segunda fue creada en 1947 para vigilar, analizar e informar de los hechos relacionados con la seguridad nacional.[2] Se tiene registro que entre ambas dependencias se vigiló a personajes de la oposición al antiguo régimen como Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier y al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador.[3] También existe información de movimientos sociales como la Liga Comunista 23 de septiembre, el Batallón Olimpia, el movimiento de 1968, así como agrupaciones políticas como el Partido Comunista Mexicano y la Unión Nacional Sinarquista.[4] Cabe recordar que varios de estos movimientos y agrupaciones fueron reprimidos por los gobiernos en turno mediante violaciones graves de derechos humanos.

Relevancia del caso

Ante estas prácticas del pasado, la administración federal actual ha buscado transparentar estos documentos para marcar distancia respecto al régimen anterior y para contribuir a la construcción de la memoria histórica. El 14 de febrero del año pasado se anunció que abrirían al público los archivos de inteligencia acumulados con el paso de los años y resguardados en el Archivo General de la Nación, los más recientes fueron generados por la Policía Federal y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).[5] En este proceso de apertura algunos medios de comunicación difundieron la información de una forma accesible a todo público, por ejemplo, por medio de sitios de internet. Entro otros, han compartido expedientes, como ya mencioné, del actual jefe del ejecutivo federal, miembros de su gabinete, expresidentes, periodistas, miembros de la iglesia católica, figuras públicas incluso del espectáculo, entre otros.[6] ¿Por qué se espiaba a estas personas? ¿Por qué razones? ¿Cuál era el objetivo? Los investigadores que indagan estos archivos quizá nos arrojarán luz sobre estas interrogantes.

Sin embargo, el 10 de enero de este año, usuarios del AGN llamaron la atención de la opinión pública sobre el anuncio sin previo aviso de que el fondo documental “Investigaciones Políticas y Sociales” quedaría fuera de consulta por encontrarse en proceso de revisión. Este fondo contiene información como la ya descrita, es decir, fue generada por agencias de inteligencia extintas en 1985 y da cuenta de las estrategias utilizadas para controlar a la oposición política en México. Algunos expertos advirtieron que esto puede interpretarse como un intento de censura, pero el Archivo General de la Nación aclaró que se trató de un error.[7] En este contexto, el 16 de enero pasado, el Comité de Información del Archivo General de la Nación envió al INAI un oficio solicitando considerar el dar acceso integral a fondos documentales que concentran información como la que se refiere este recurso de revisión. El INAI establecerá una mesa conjunta con el Archivo General de la Nación para analizar el tema y establecer una postura pública cuidadosamente fundada y motivada.

Posicionamiento

No podemos escatimar la importancia de los archivos. Por un lado, conservan la historia de las naciones y las acciones de los gobiernos. Por otra parte, los archivos son un punto de partida para construir nuestra democracia con base en una memoria común y la búsqueda de la verdad. En concreto, los archivos a los que refiere este recurso de revisión pueden ser evidencia de la estructura represiva de gobiernos autoritarios pasados, por lo que su análisis permite entender los funcionamientos de esas estructuras que permitieron violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, así como sus consecuencias al presente. Pero también son un horizonte para el futuro pues pueden colaborar al acceso a la justicia.[8]

Otro aspecto por considerar es que la Ley general de archivos confiere autonomía técnica y de gestión, así como mayores responsabilidades al Archivo General de la Nación y sus homólogos estatales. Existen señalamientos de que no se asignaron los recursos presupuestales suficientes para acometer este reto. Desde que en esta administración se instruyó la apertura de archivos relacionados con movimientos sociales y hechos de corrupción, el Archivo General de la Nación está rebasado en capacidades ante la falta de personal y presupuesto necesarios. Asimismo, está retrasado en la conformación de su Consejo Técnico Asesor que debería orientar ante dudas de atribuciones como la que trata el oficio enviado al INAI ya descrito.[9]

El caso que nos ocupa en este momento se refiere a archivos resguardados por el Archivo General de la Nación, la máxima autoridad en la materia en el país. Si este enfrenta limitantes en materia de recursos y capacidades, ¿qué podemos esperar de los archivos resguardados por otros poderes y niveles de gobierno? La prensa atribuye que una de las dificultades que ha tenido el país para consolidar sus archivos es la carencia de los recursos necesarios para atenderlos al nivel que exige la normatividad aprobada hace poco.

El Registro Nacional de Archivos Históricos contabiliza 2 mil 694 archivos a lo largo y ancho del país.[10] Las entidades federativas que más tienen son Michoacán con 223, Jalisco con 219 y el Estado de México con 198. Mil dos archivos son municipales, esto significa que mil 455 municipios no cuentan con su propio archivo histórico. En otras palabras, más de la mitad del país no cuenta con un acervo documental en el nivel de gobierno más cercano a las personas, esta ausencia vulnera la rendición de cuentas, la preservación de la memoria histórica y el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información.[11]

Todos los archivos importan y los archivos históricos merecen tratamiento especial, porque conocer el pasado abona a prevenir posibles excesos en el presente y a garantizar los derechos a la verdad, a la memoria histórica y al acceso a la justicia. La información de este recurso de revisión fue generada por las extintas Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y Dirección Federal de Seguridad, las cuales formaron parte de gobiernos que sí utilizaron la represión. Sin embargo, tampoco se debe olvidar que podrían contener información sensible que incluye datos personales que también debe proteger este Instituto.

Propuesta

Por estos motivos, esta ponencia propone MODIFICAR la respuesta del Archivo General de la Nación e instruirle poner a disposición del particular las versiones públicas en copia simple o certificada de los documentos sobre Jesús Murillo Karam y Jorge Rojo Lugo, indicando los costos de reproducción y envío. En caso de que la información a disposición contenga datos personales sensibles, el Archivo General de la Nación deberá notificar al particular la resolución correspondiente debidamente fundada y motivada del Comité de Transparencia, en la que se establezcan las partes o secciones clasificadas.

Referencias

[1] https://www.nacion321.com/seguridad/adios-cisen-esta-es-la-historia-de-los-organismos-de-inteligencia-nacional

[2] Loc. Cit.

[3] https://datos.gob.mx/busca/dataset/lista-de-versiones-publicas

[4] Loc. Cit.

[5] https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-14-de-febrero-de-2019?idiom=es

[6] https://interactivo.eluniversal.com.mx/2019/archivo-amlo/menu.html

[7] https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/cierran-en-agn-archivo-con-informacion-de-bartlett

[8] https://www.forbes.com.mx/ley-general-de-archivos-el-derecho-a-la-verdad/

[9] https://www.efinf.com/clipviewer/files/950221c8b59326c3cdd3341a146a9914.pdf

[10] https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-nacional-de-archivos-historicos

[11] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/entra-en-vigor-ley-de-archivos-con-recursos-limitados; https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/08/23/archivo-general-de-la-nacion-rebasado-por-sus-nuevas-responsabilidades/

Comparto material audiovisual:

Comunicado emitido por el INAI.

Audio completo de la sesión del pleno.

Versión estenográfica con mi participación al respecto en la página 11.

Video de la sesión del pleno con mi participación al respecto.

Video completo de la sesión del pleno con mi participación al respecto a partir del minuto 2:19:10

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