Bienestar debe informar sobre programa de pensión para personas con discapacidad

March 4, 2020

 

 

 

04 de marzo de 2020

Folio de solicitud: 0002000294219

Número de expediente: RRA 00231/20

 

El caso

 

Un particular solicitó a la Secretaría de Bienestar información relacionada con el pago de la Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, correspondiente al ejercicio fiscal de 2019. Específicamente, requirió la lista o el padrón de beneficiarios, los motivos por los que no se ha beneficiado a todas las personas empadronadas y el contacto de las personas encargadas de hacer entrega de las tarjetas de pago. En respuesta la Secretaría de Bienestar entregó el padrón de beneficiarios correspondiente al bimestre mayo-junio 2019 en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Además, precisó no contar con información relacionada con tarjetas bancarias, porque no es parte de sus competencias.

 

En análisis

 

En su recurso de revisión el particular manifestó como agravio la entrega de información incompleta. En alegatos la Secretaría de Bienestar reiteró su respuesta inicial. El análisis del caso arrojó que el agravio resulta FUNDADO pues, efectivamente, la Secretaría entregó información incompleta, ya que no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes para conocer lo peticionado y no proporcionó el padrón para el periodo solicitado. No pasa desapercibido que, durante la tramitación de este recurso de revisión, la Secretaría de Bienestar puso a disposición un vínculo electrónico para poder consultar el padrón de beneficiarios requerido, aunque sin precisar al particular los pasos para acceder a los datos y hacerlo funcional hasta el 21 de febrero pasado. Nuevamente, la información provista está incompleta pues se refiere al periodo de septiembre a octubre de 2019, distinto al que interesa al particular.

 

El recurso que hoy presento se interesa por uno de los programas sociales prioritarios del gobierno federal: Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Forma parte del conjunto de programas de la política social federal a cargo de la Secretaría de Bienestar. Esta política fue modificada con el cambio de administración. El enfoque actual busca privilegiar la atención de los sectores de población en situación de vulnerabilidad y eliminar riesgos de malversación de recursos públicos mediante la transferencia directa a los beneficiarios. “Por el bien de todos, primero los pobres” reza un slogan de comunicación del gobierno federal para resumir este enfoque. Pues bien, la exposición de este recurso de revisión me permitirá agregar que “por el bien de todos, primero la información”.

 

Relevancia del caso

 

El programa Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad apoya a personas de cero a 29 años de edad con discapacidad permanente, y población indígena de cero a 64 años, que habiten en municipios de alta y muy alta marginación. El monto de apoyo es de dos mil 550 pesos entregados bimestralmente y de manera directa, sin intermediarios, mediante el uso de una tarjeta bancaria y la meta de población a atender es un millón de personas con discapacidad.[1] La semana pasada se informaron avances en la conferencia matutina del presidente. Se ha dado prioridad a las niñas y los niños, los adultos de zonas indígenas y de zonas urbanas en pobreza. A cierre del primer bimestre de este año se contabilizan 800 mil beneficiarios, es decir un 80% de avance. El 44.6% son mujeres.[2]

 

El programa ha recibido críticas. Se señala que el apoyo económico no ataca las condiciones de desigualdad estructurales que enfrentan las personas con discapacidad, ni garantiza la inclusión de esta población. Hacen falta políticas y programas de accesibilidad, transporte, intérpretes, asistencia personal, ayudas técnicas, que hasta ahora son subsidiados por las familias.[3] Además, se desconocen los criterios utilizados para definir a la población objetivo. En 2018 había casi ocho millones de personas con discapacidad en el país según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 (ENADID) del INEGI.[4] Sin embargo, aun dentro de esta población hay quienes son más vulnerables: 48 de cada 100 se encuentra en situación de pobreza y la mayor parte son mujeres principalmente adultas mayores que, evidentemente, ya no pueden ser beneficiarias del programa. [5] Otras críticas que han transmitido los medios de comunicación y la sociedad civil son la insuficiencia del presupuesto asignado,[6] la presencia de irregularidades en el desarrollo del censo para identificar a los beneficiarios, la insuficiencia de información sobre el programa y los apoyos que ofrece,[7] y carencia de reglas claras.[8] También se ha reportado testimonios sobre irregularidades en el pago de la pensión como suspensión sin previo aviso del apoyo en Durango,[9] Morelos,[10] Sinaloa[11] y Veracruz.[12]

 

Se han señalado áreas de oportunidad para el resto de los programas sociales federales prioritarios. Se requiere información pública para demostrar que su diseño está respaldado en evidencia, que los avances reportados están documentados y que los recursos se transfieren y ejercen con toda responsabilidad. En este sentido, cobra importancia la información que interesa al hoy recurrente: el padrón de beneficiarios del programa y los motivos por los que no se ha beneficiado a todas las personas empadronadas.

 

La información sobre el padrón de beneficiarios es importante porque: 1) constituye una obligación de transparencia; 2) en caso de haber sido diseñado e implementado adecuadamente, sería instrumento útil para controlar la focalización, la administración de los recursos asignados y los resultados esperados; 3) gracias a lo anterior, permitiría controlar el posible uso clientelista o electorero de los recursos asignados al programa.

 

El gobierno federal se comprometió a transparentar el padrón de beneficiarios de programas sociales operados por la Secretaría de Bienestar en abril próximo.[13] Este fue elaborado con base en el denominado Censo del Bienestar al cual se refieren otros recursos de revisión resueltos por esta ponencia y también presentados públicamente ante este pleno, como RRA 4163/19 y RRA 4952/19 contra la Secretaría de Bienestar. En ellos el INAI ordenó entregar información metodológica y de avance del Censo del Bienestar que serviría para responder a los cuestionamientos que también se han planteado respecto a su diseño y levantamiento: falta certeza sobre su fecha de inicio y conclusión, el perfil de los encuestadores, las fechas de llegada de los encuestadores a los hogares, la metodología con que fue diseñado y la protección de los datos personales recabados. [14]

 

Posicionamiento

 

La demanda de información sobre el diseño de padrones de programa sociales debe ser atendida. El CONEVAL tiene evidencia que para cumplir el enfoque de la política social actual, atender a los grupos en desventaja, es necesario tener en cuenta que un buen diseño no es suficiente si no se dispone de información para orientar la toma de decisiones para la atención oportuna y la coordinación interinstitucional efectiva. Esto implica “mejorar elementos como la recopilación e institucionalización de procesos de integración de información, así como volver públicos aquellos sistemas que aún no lo son, pues de lo contrario, existe el riesgo de no conservar el conocimiento generado en torno a la implementación de los diferentes instrumentos”. Aún más, es importante “analizar la posibilidad de centralizar los levantamientos de información en una sola estructura operativa, hasta el momento, la información socioeconómica era levantada por cada programa, dificultando la comparabilidad y agregación de la información”. [15] El CONEVAL reconoce que estos esfuerzos implican retos en cuanto a intercambio de datos entre instituciones, pero la información pública también debería dar constancia de cómo se sortean.

 

Por su parte, es relevante la información sobre las causas por las que no se ha beneficiado a algunas personas con discapacidad empadronadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, porque remite al escrutinio de los recursos públicos asignados y ejercidos al programa. En el recurso de revisión se aclaró que la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar no tiene competencia para asignar tarjetas bancarias, pero sí puede instrumentar la operación de los programas a su cargo y supervisar el ejercicio de los recursos asignados a programas sociales.[16] El cuarto trimestre de 2019 se hizo cargo de la transferencia de más de 130 mil millones de pesos para financiar varios programas sociales, entre los que está el que nos interesa. En 2020 estos recursos serán más de 140 mil millones de pesos, superando el presupuesto del sector salud en quince mil millones de pesos (son de casi 129 mil millones de pesos).[17] ¿Cómo llegaron estos recursos a cada beneficiario? ¿Qué pasó en el camino en los casos que no han recibido la pensión correspondiente?

 

Existen más ejemplos de que la población con discapacidad consciente de sus derechos ejerce su derecho de acceso a la información para seguir el ejercicio de los recursos públicos destinados para incluirlos. Un ejemplo es el esfuerzo del Colectivo #MovilidadSinLímites, al cual se unió esta ponencia en representación del INAI, que monitorea el ejercicio de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), para saber quiénes, cómo y en qué programas se invierten para garantizar el derecho a la accesibilidad universal en igualdad de condiciones. Este ejercicio les permitió identificar que existen criterios pocos claros de asignación, opacidad y ejercicio erróneo de los recursos porque persiste el enfoque clínico en lugar de la perspectiva de derechos humanos.[18]

 

Estos ejercicios son posibles gracias a la transparencia presupuestal. Si los datos se presentan con el mayor nivel de detalle posible y cumpliendo los ajustes razonables de ley, será más fácil que los y las ciudadanas interesadas sigan el gasto en programas sociales, identificar áreas de riesgos de cumplimiento de objetivos y metas, así como probables actos de corrupción e iniciar procedimientos de denuncia en caso de irregularidades. Es decir, será más fácil cumplir con uno de los compromisos del cuarto plan de acción que México comprometió a nivel internacional ante la Alianza para el gobierno abierto (AGA): “Gasto abierto y responsable en programas sociales”.[19] Es preciso señalar que este compromiso también se refiere a la transparencia de los padrones de beneficiarios para la verificación territorial de los beneficiarios. El compromiso deberá saldarse en el 2021.

 

Este recurso de revisión ofrece la oportunidad de demostrar que el gobierno abierto no es una “moda”, sino una vía para mejorar las políticas y programas públicos que buscan solucionar los problemas más sentidos de nuestro país, como las desigualdades. Con información en mano, los ciudadanos pueden convocar a las autoridades a explicarse respecto a las áreas de oportunidad de los programas sociales, así como presentarles propuestas para solventarlas. Si la voluntad política lo permite se entablaría una colaboración que potenciará el éxito de estas políticas aún más que si los gobiernos soportan la carga solos. De ahí el llamado desde esta ponencia para continuar y consolidar el gobierno abierto desde el INAI, en su calidad de miembro del Secretariado Técnico Tripartita de México ante la AGA, así como de coordinador del Sistema Nacional de Transparencia.

Recordemos que se trata de programas que buscan hacer la diferencia en la vida de las poblaciones más desaventajadas, que pueden acortar la brecha histórica de desigualdades y pobreza que arrastra México. Los padrones de beneficiarios y los presupuestos de los programas sociales prioritarios deben ser fiscalizados y revisados con especial interés, porque deberían mejorar la vida de las personas que más lo necesitan. La información pública que se genere debe permitir la contraloría social de estos programas, pero también la realización de derechos y la mejora de la vida cotidiana. Esta convicción ha guiado siempre las resoluciones de recursos de revisión propuestas por esta ponencia. La transparencia y el acceso a la información pueden ayudar a construir un México justo, sin desigualdades.

 

Propuesta

 

Por ello, esta ponencia propone MODIFICAR la respuesta de la Secretaría de Bienestar e instruir que turne la solicitud de información a las unidades administrativas competentes que pudieran conocer de la misma, para que realicen una búsqueda amplia y exhaustiva de la lista o el padrón de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el ejercicio fiscal 2019, así como los motivos por los cuales, a la fecha no han sido beneficiadas muchas personas, que fueron empadronadas para recibir el apoyo antes señalado

 

En caso de localizar lo anteriormente señalado deberá ser proporcionado; en su defecto, deberá realizarse un pronunciamiento congruente y exhaustivo, debidamente fundado y motivado, de por qué no se cuenta con dicha información.

 

 

 

Referencias

 

[1] https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-pension-para-el-bienestar-de-las-personas-con-discapacidad

 

[2] https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-viernes-28-de-febrero-de-2020?idiom=es

 

[3] https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/inclusion-no-solo-pension/

 

[4] https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf

 

[5] https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=mdemo02

 

[6] https://www.24-horas.mx/2019/09/04/se-queda-corto-el-presupuesto-para-pensiones-por-discapacidad-documento/

 

[7] https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/personas-discapacidad-sin-pension-mexico-ong/

 

[8] https://aristeguinoticias.com/0406/mexico/programas-sociales-impulsados-por-amlo-carecen-de-reglas-claras-y-mecanismos-de-focalizacion-imco/

 

[9] https://www.milenio.com/estados/laguna-suspenden-apoyo-joven-discapacidad-auditiva

 

[10] https://aristeguinoticias.com/2711/mexico/suspenden-apoyos-a-personas-con-capacidades-diferentes-en-morelos/

 

[11] https://riodoce.mx/2019/08/13/en-sinaloa-suspenden-los-programas-sociales-hasta-2020-entre-dudas-de-fraude/

 

[12] https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/personas-discapacidad-sin-pension-mexico-ong/

 

[13] https://www.inforural.com.mx/padron-unico-de-beneficiarios-de-bienestar-listo-para-diciembre/; https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-viernes-28-de-febrero-de-2020?idiom=es

 

[14] https://www.joelsalass.mx/single-post/Secretaria-de-Bienestar-debe-informar-sobre-Censo-de-Bienestar

 

[15] https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Integracion_Padrones_SI.pdf

 

[16] Esto es de acuerdo con el Art. 23 Fracc. VI del Reglamento interior de la Secretaria de Bienestar.

 

[17] https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Bases_de_datos_presupuesto/CSV/PEF_2020.csv

 

[18] https://www.movilidadsinlimite.org/#block-13300

 

[19] https://tablero.gobabiertomx.org/compromiso/corrupcion
 

 

 

 

 

Comparto material audiovisual: 

 

Comunicado emitido por el INAI.

Audio completo de la sesión del pleno.

Versión estenográfica con mi participación al respecto en la página 29.

Video completo de la sesión del pleno con mi participación al respecto a partir del minuto 1:50:05

 

 

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